El caso Ciccone se frenó tras el relato del arrepentido
Vandenbroele mencionó al banquero Brito, a Echegaray y al gobernador Insfrán; Lijo espera que lo confirmen para seguir
“Roma no paga traidores. ¿Está seguro de lo que va a hacer?”. Así recibió el fiscal federal Jorge Di Lello a Alejandro Vandenbroele, mientras le abría las puertas de su despacho. Y ya decidido –o acaso jugado– el presunto testaferro de Amado Boudou respondió que sí. Se convirtió, el 13 de noviembre pasado, en el primer arrepentido del caso Ciccone. Cuatro meses después, la confesión de Vandenbroele apenas si tuvo consecuencias. El expediente está aletargado hasta que la Cámara Federal defina si confirma a Ariel Lijo como juez del caso o acepta la recusación que plantearon Boudou y su socio José María Núñez Carmona.
En tanto, en el juicio oral contra ambos sobrevoló el nombre de Jorge Brito, uno de los señalados por Vandenbroele como quien puso la plata para que Ciccone pudiera operar. El contador de Ciccone, José Melo, dijo que cuando Máximo Lanusse gerenció la empresa con los nuevos dueños ordenó que le enviaran los papeles contables al estudio Della Rocca-Piazza-Almarza, que atiende al Banco Macro. No hizo falta más.
Vandenbroele se inició como arrepentido cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py el lunes 13 de noviembre. Boudou llevaba diez días detenido, al igual que Núñez Carmona. Vandenbroele temía ser el siguiente y apareció en el despacho del fiscal Di Lello.
Llevaba una gorrita con visera vuelta hacia atrás. Oficializó su decisión de acogerse al régimen del arrepentido e ingresar al sistema de protección de testigos, aunque su primer tanteo para dar ese paso había ocurrido semanas antes, a través de su abogada y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Vandenbroele relató cómo fue la maniobra que llevó al desembarco de The Old Fund en la imprenta Ciccone Calcográfica, y cuál fue su rol y los de Boudou, Núñez Carmona y el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Contó cómo fue un negociado que Boudou tejió con el gobierno formoseño de Gildo Insfrán y quiénes financiaron toda la operatoria. Señaló a Raúl Moneta y a Brito, a quien le adjudicó un rol adicional: dijo que le pagó una mensualidad, a través del abogado Francisco Sguera, tras el estallido del escándalo. Por su silencio.
Tras escucharlo dos días –el lunes 13 y el miércoles 15–, Di Lello propuso medidas para comprobar sus dichos y le planteó a Lijo la opción de detener a Brito y a Sguera.
Tras remarcar que Vandenbroele declaró que “recibía una remuneración económica para no presentarse a declarar en los términos que lo hiciera en el acuerdo” –como arrepentido–, Di Lello argumentó que Brito y Sguera podían “obstaculizar la presente investigación”. Por eso pidió “adoptar las medidas que estime pertinentes”. En otras palabras, detenerlos.
Pero eso no ocurrió. “Téngase presente”, despachó Lijo, quien citó a indagatoria a Brito y a Insfrán, y buscó documentación en el estudio Della Rocca-Piazza-Almarza, que fue señalado por Vandenbroele.
En los días que siguieron, mientras caían la acciones del Banco Macro, Brito pidió licencia como presidente de la entidad y presentó un escrito, en el que negó que fuera el financista detrás de The Old Fund para adquirir la ex-Ciccone.
Desde entonces, el expediente apenas se movió, a la espera de la decisión de la Cámara Federal. Si lo confirman como juez instructor, Lijo deberá resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Brito –no tiene prohibido salir del país–, Echegaray e Insfrán.
El juez le respondió a otro exejecutivo del Macro acusado en el expediente: Máximo Lanusse, quien reclamó que Vandenbroele no podía “declarar en cuotas”, como si jugara al póquer, sino que debía hacerlo de una sola vez. Di Lello compartió, en parte, ese criterio. Sostuvo que la colaboración del arrepentido no es “un acuerdo abierto”. Eso permite otorgarle beneficios, pero solo si al cabo de un año se corroboran sus dichos.
Pero en esta causa se demora ese proceso de verificación. Lleva cuatro meses sin definiciones. Acaso por eso, la semana pasada, Di Lello redobló la apuesta. Reiteró su pedido para indagar a dos de las hijas de Nicolás Ciccone, Silvia y Olga, esta última conocida como Bettina.
Lijo se sabe bajo la lupa. Tanto de la mirada de la Casa Rosada como del Consejo de la Magistratura –lo investiga a través de su hermano, el operador judicial Alfredo Lijo– y de sus propios pares, que saben de su relación personal con Brito, uno de los invitados a la fiesta por su segundo casamiento.
Quienes defienden a Lijo, sin embargo, no apuntan a su relación personal con Brito por la quietud del expediente. “El temor a una caída del Macro movilizó a todo el mundillo político”, indicó a la nacion un interlocutor judicial con conocimiento pleno de lo que ocurre en ese expediente. “Y cuando digo ‘todo el mundillo’ es ‘todo’”, sentenció.