El desafío de la corrupción
Continuando con la mejora evidenciada el año pasado, la Argentina escaló diez lugares y se ubicó en el puesto 85 sobre un total de 180 países auditados según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional (TI). Como se recordará, el IPC surge de una encuesta a empresarios, académicos y expertos de cada país sobre la percepción que se tiene del manejo del gobierno y sus funcionarios en lo relacionado con los fondos públicos.
En el ranking correspondiente a 2017 el país obtuvo 39 puntos sobre 100 posibles y comparte el puesto con países como Benin, Kosovo, Islas Salomón, Kuwait y Swazilandia. La puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas del país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
A nivel regional, la Argentina se ubica en el puesto 16 sobre 31 países de toda América. Canadá es el percibido como menos corrupto y Venezuela, ubicado en el puesto 169 en el orden global, como el más corrupto de la región. Por su parte, Uruguay (23° a nivel mundial) y Chile (26°) se destacan como los países más transparentes en el Cono Sur. Entre los mejores calificados, tras Nueva Zelanda, con 89 puntos, y Dinamarca, con 88, ubicados al tope del ranking, se sitúan Finlandia, Noruega y Suiza, con 85 puntos; Singapur y Suecia, con 84, y Canadá, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido, con 82. Este año, el índice concluyó que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, siendo la media de 43 puntos.
De acuerdo con TI, a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de las naciones están avanzando con demasiada lentitud. Aunque detener este flagelo lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. Un análisis más detenido de los resultados del índice arroja un dato aún más alarmante: los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG), en general, presentan también los peores índices de corrupción.
La corrupción es atribuida mayormente a los políticos, afirmación que, sin ser necesariamente falsa, resulta incompleta. Los cómplices más importantes, aquellos que se benefician y que contribuyen a la proliferación de las conductas corruptas, se encuentran también en el sector privado. En este sentido, la mejora de la Argentina en el IPC se debe a los avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que han ocurrido en los últimos dos años, mediante la ley de acceso a la información pública; la ley de colaborador eficaz, que extiende esa figura para las causas de corrupción, y la ley que determinó el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública y por Cohecho Internacional.
Faltan muchos aspectos aún por mejorar. Entre muchos otros, legislar adecuadamente sobre la financiación de las campañas políticas de modo de transparentar los aportes y terminar con el favoritismo y el clientelismo; abreviar los excesivos plazos para resolver causas judiciales vinculadas a la corrupción, muchas de las cuales prescriben sin responsables ni condenas; aplicar de manera excluyente los concursos de oposición y antecedentes para ocupar cargos en la administración pública, para que sean los antecedentes y méritos y no los lazos familiares de los candidatos los que determinen su designación, y reformar la ley de ética pública.
La corrupción es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento sustentable de la economía, la creación de empleos y el combate de la desigualdad y la pobreza. Asimismo, aleja la inversión, encarece los productos finales, hace ineficiente al gobierno y deja impune la violación de la ley. El desafío para combatir un problema tan grave y complejo requiere de la voluntad y decisión de todos los actores y estamentos de la vida nacional, sin exclusiones.