El rompecabezas que influyó en la polémica Sala I

Echaron a un juez, trasladaron a otro y pretenden designar a un tercer magistrado en la Cámara

“Estaba contaminada”. Así definieron en el Gobierno la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal más expuesto a las pujas de poder en Comodoro Py desde que Mauricio Macri desembarcó en la Casa Rosada.

Un juez echado, un traslado polémico y un desempate (en la causa de Cristóbal López) que todavía genera suspicacias. Fueron seis meses de furia. Pero el proceso de “saneamiento” –como lo bautizaron en el oficialismo– despertó críticas y dejó algunos heridos.

Primero, por el atajo que eligió el oficialismo para aprobar al borde del reglamento el juicio político que terminaría con la destitución de Freiler en el Consejo de la Magistratura. Fue el golpe de efecto sobre la apodada “sala kirchnerista”.

Cambiemos había logrado romper una mayoría que le había dado muchísimos alivios a Cristina Kirchner. Las firmas de Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Eduardo Farah no volverían a estamparse, juntas, en ningún expediente.

La expulsión de Freiler reacomodó las piezas de un rompecabezas que todavía no está completo. Ya había sido trasladado Leopoldo Bruglia, un juez del Tribunal Oral Federal N° 4 que fue movido para devolver a Farah –otro integrante de la vieja composición– a su lugar original en la Sala II de la Cámara Federal. Y Ballestero aprovechó los cambios políticos para construir mayorías junto a Bruglia, como ocurrió cuando avalaron los procesamientos de la megacausa por los desvíos millonarios en la obra pública y en el caso Los Sauces. Dos reveses para el kirchnerismo.

Hubo más polémicas. Horas antes del fallo que benefició a López, el oficialismo festejó como un triunfo el traslado definitivo de Bruglia a la Sala I. No hubo concurso. Casi como una declaración de guerra, el juez ocuparía el lugar que había dejado vacante Freiler.

Para completar las vacantes de la Sala I, el Gobierno ya había acelerado un concurso para que Mariano Llorens fuera designado como el último juez del tribunal. Su pliego entrará al Senado en las próximas semanas. “Con Llorens y Bruglia vamos a tener una sala independiente”, justificaron desde el Gobierno.

Pero cuando el proceso de “saneamiento” parecía encaminado, la Sala I volvió a sorprender. Lejos de aminorar la marcha, el Gobierno parece ahora dispuesto a presionar a Ballestero y Farah, dos jueces que ahora quedaron bajo la lupa.