Piden que el Congreso audite la oficina de escuchas
La Corte ordenó que el Poder Legislativo investigue la filtración de audios de Cristina Kirchner y Parrilli
En otro gesto para mostrar control interno, la Corte Suprema le solicitó ayer al Congreso que realice una auditoría sobre la oficina de escuchas –que depende del Máximo Tribunal– para deslindar responsabilidades por la filtración de los audios de la expresidenta Cristina Kirchner y de su histórico colaborador, Oscar Parrilli.
En una acordada firmada por los cinco miembros del Máximo Tribunal, la Corte le pidió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que audite a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), históricamente conocida como Ojota. El objetivo es que sea otro poder del Estado el que determine si las filtraciones de los audios de Cristina tuvieron origen en esa dependencia que intercepta comunicaciones.
Además, la Corte le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral (que instruye una causa que investiga la difusión de los audios de la expresidenta) “que informe el estado en el que se encuentran las investigaciones y si se detectó cualquier circunstancia que permita atribuir algún tipo de responsabilidad a los agentes de la Dajudeco”. También le pidieron que señale “si existió alguna observación respecto a la forma en la que se desarrollan las tareas” de la Dajudeco “que pueda afectar la transparencia y confidencialidad”.
La Corte Suprema ya había hecho un pedido de explicaciones interno a mediados del año pasado. La exOjota le remitió al Máximo Tribunal un informe donde dio detalles de la cadena de custodia que se siguió con los más de 90 CD con el material de la operadora telefónica sobre las llamadas de Parrilli.
La difusión por parte del periodista Luis Majul de los audios de Parrilli enardeció al kirchnerismo, que tradujo su enojo en pedidos de explicaciones en el Congreso. El FPV presentó un proyecto de resolución para citar a la Cámara de Diputados a Ricardo Lorenzetti, al camarista Martín Irurzun (director de la Dajudeco), al juez federal Ariel Lijo (el magistrado que requirió las escuchas) y al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Desde que se difundieron las escuchas se desataron denuncias cruzadas. Los CD pasaron por los empleados de la ex-Ojota, por los espías de la AFI, por el juzgado de Lijo e incluso, por Parrilli.