Terminar con la impunidad de los malos jueces
P ocos días antes del fin del año pasado, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un valioso proyecto de ley que propone reducir a la mitad la jubilación especial que cobra un juez cuando este opte por jubilarse mientras aún se encuentre pendiente un juicio político en su contra.
El proyecto, presentado por la senadora Nidia Moirano (Cambiemos), se encuentra en la Cámara de Diputados del distrito.
Es de esperar que esta iniciativa se convierta en ley a la brevedad y que pronto un proyecto similar siga el mismo curso en el Congreso de la Nación, para someter a los magistrados al mismo régimen y poner freno a la lamentable práctica de los jueces que, viéndose acorralados por las pruebas acumuladas en su contra por mal desempeño ante un jurado de enjuiciamiento, optan por renunciar antes de ser desplazados del cargo al cabo del proceso.
La renuncia, que pone fin al juicio político, es una forma de no perder la jubilación, que es lo que ocurre si son desplazados. En el fuero Federal, el cuestionado juez Norberto Oyarbide no dudó en presentar su renuncia, que lamentablemente le fue aceptada. Algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde es el gobernador quien debe aceptar las dimisiones de los magistrados.
El proyecto de la senadora Moirano modifica los regímenes jubilatorios de los funcionarios y magistrados bonaerenses de primera y segunda instancia, de la Suprema Corte de Justicia, del procurador general y del subprocurador general, para evitar la práctica generalizada mediante la cual estos burlan el procedimiento del jury al presentar su dimisión. “Buscamos un sistema judicial cercano, justo, transparente, idóneo y eficiente”, sostuvo la legisladora, y agregó: “Queremos terminar con estos atajos legales que afectan al conjunto de la sociedad, por tratarse de un ejemplo de impunidad y de descrédito de la Justicia”.
No cabe más que aplaudir esta iniciativa, que debería generalizarse para comenzar a eliminar absurdos privilegios que, en los hechos, otorgan impunidad a quienes han bastardeado el excelso ejercicio de la magistratura.