Priorizar la protección de la mujer
Por un error de edición, este texto no se incluyó en la sección Opinión de ayer junto con las notas de otros diputados sobre el debate por el aborto
Se reabre nuevamente en nuestro país el debate sobre el aborto, pero en esta oportunidad el Congreso de la Nación convoca a una deliberación reflexiva de todos los legisladores.
De la mano de este retraso institucional en el abordaje del tema, según las estimaciones de un trabajo elaborado en 2009 por las demógrafas Silvia Mario y Edith Pantélides a instancias del Ministerio de Salud de la Nación, se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Muchos de ellos, en condiciones de absoluta precariedad y en manos de personas que no tienen los conocimientos mínimos necesarios. Como consecuencia, según un dato de 2013, 49.000 mujeres por año terminan internadas en los hospitales públicos por complicaciones relacionadas con una mala praxis y 47 de ellas mueren.
Esto último lo conozco más allá de la frialdad de la estadística. Soy médico de hospital público y varias veces me tocó asistir a estos casos. Recuerdo particularmente el de una chica que terminó en diálisis por las complicaciones y recuerdo a su familia con el inconfundible olor a humo de quienes viven en un hogar precario calefaccionado a leña.
Están muriendo mujeres y las que más están muriendo o sufriendo graves secuelas son las de condición social vulnerable. Por eso tenemos que afrontar este debate y decidir sobre un asunto que alrededor de 60 países del mundo –los más avanzados, como la mayoría de los europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia, o incluso nuestro vecino Uruguay– vienen resolviendo desde 1960, priorizando la protección de las mujeres.
Desde esa perspectiva de legislador y de médico, en lo personal estoy a favor de la despenalización y la legalización. A eso apuntan mis dos proyectos de ley.
Despenalizar es dejar de castigar una conducta y para eso propongo modificar el Código Penal, que en 1921 –en una época en la que las mujeres no tenían derechos políticos, y los económicos y familiares estaban mucho más limitados que hoy– previó determinados motivos de no punibilidad, que hoy buscamos ampliar desde una perspectiva más amplia en cuanto a circunstancias y plazos.
Legalizar, en cambio, es poner una práctica en el marco de una ley y prever regulaciones. Mi segundo proyecto, en consecuencia, establece los requisitos mínimos de un protocolo de interrupción del embarazo.
A partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso F. A. L.) muchas provincias ya tienen este tipo de protocolos, mientras que otras se encuentran demoradas en su elaboración. Por eso es necesario que una ley garantice que las intervenciones sean realizadas por profesionales, en establecimientos autorizados, con consejería multidisciplinaria previa y posterior para la mujer que toma esta decisión y que se respeten las objeciones de conciencia de mis colegas que no deseen llevar a cabo estas prácticas.
Como médico sé muy bien que nadie está a favor del aborto y que es una decisión durísima desde lo humano, que la mujer toma desde un profundo desamparo. Por eso creo que esta discusión tiene que darse desde una perspectiva muy amplia de política sanitaria, que empieza por la educación para una sexualidad responsable y el acceso garantizado a métodos anticonceptivos, y que recién termina en la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo estrictos protocolos de atención médica, psicológica y social de la mujer.
Sin dudas no será una discusión simple, como tampoco lo fueron otras que se dieron en el Congreso desde el regreso de la democracia. En 35 años, los argentinos igualamos los derechos de los hijos extramatrimoniales, obtuvimos la patria potestad compartida, la ley de divorcio, el cupo femenino y luego la paridad, creamos programas de salud y de educación sexual. Discutimos, sí. Pero también fuimos capaces de encontrar el consenso.
Ahora es el turno de la despenalización y la legalización del aborto. Espero que podamos conocer todas las posiciones en un tema que toca variadas dimensiones, y que podamos hacerlo con madurez, altura y respeto por las diferencias. Pero lo que más espero es que podamos darnos una legislación de avanzada que priorice la protección de las mujeres.