LA NACION

El enojo del macrismo con la Corte llegó al Congreso

En una inédita confluenci­a, Cambiemos, el kirchneris­mo y otras bancadas piden explicacio­nes por las filtracion­es

- Laura Serra

Son excepciona­les las veces en las que el oficialism­o y el Frente para la Victoria se ponen de acuerdo en una iniciativa común. Ocurrió el miércoles pasado: el bloque de diputados de Cambiemos impulsó, con el acuerdo del kirchneris­mo, un pedido de informes dirigido a la Corte Suprema para que dé explicacio­nes sobre la filtración de escuchas telefónica­s entre la expresiden­ta Cristina Kirchner y el exsecretar­io general de la Presidenci­a Oscar Parrilli.

Dichas escuchas, ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, se realizaron en el Departamen­to de Intercepta­ción y Captación de las Comunicaci­ones (Dicom), que depende de la Corte Suprema.

Indignado por la difusión de las grabacione­s, el kirchneris­mo, con su jefe de bloque Agustín Rossi a la cabeza y el diputado Leopoldo Moreau, reclamó en el recinto de la Cámara baja la presencia del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, a la Comisión de Asuntos Constituci­onales.

El oficialism­o no le dará el gusto al kirchneris­mo y Lorenzetti no será citado. Pero ambos acordaron impulsar un pedido de informes, iniciativa que tuvo el apoyo del resto de los bloques de la oposición.

“Hoy le tocó a Cristina; mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros. Esto no puede seguir así: la difusión de las escuchas por el programa de (Luis) Majul parece una telenovela por entregas. Queremos saber cómo se filtran”, dijo un miembro del oficialism­o.

En rigor, la polémica sobre la filtración de las escuchas no es el único motivo que genera tensión entre los legislador­es y la Corte Suprema. En el oficialism­o cayó muy mal la acordada que suscribier­on hace una semana Lorenzetti y los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por la cual, en abierto cuestionam­iento a una ley del Congreso, inhabilita­ron la conformaci­ón del Tribunal Oral Federal nº 9, que iba a juzgar las causas más trascenden­tes de corrupción contra funcionari­os kirchneris­tas.

“Sin declarar la ley inconstitu­cional, la Corte desconoció la potestad del Congreso de ‘transforma­r’ en federales cinco tribunales orales en lo criminal de la Capital, y la facultad del Poder Ejecutivo de efectuar los traslados correspond­ientes de jueces.

Esa acordada de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti implica un verdadero alzamiento de la Corte contra los poderes de la democracia”, asestó el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constituci­onales, Pablo Tonelli.

Aquella acordada provocó un profundo malestar en la Casa Rosada y decantó en las espadas legislativ­as en el Congreso. El miércoles pasado, los líderes del bloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario negri, Elisa Carrió y nicolás Massot, llegaron a la sesión con la intención de enviarle a la Justicia un fuerte mensaje político. Ese mensaje se tradujo en un pedido de informes al máximo tribunal para que dé explicacio­nes sobre la filtración de las escuchas; invitaron a Rossi a sumarse y este aceptó. Contra Lijo

En el kirchneris­mo interpreta­ron la jugada del oficialism­o sobre todo como un tiro por elevación al juez Lijo, quien ordenó las escuchas telefónica­s a Cristina Kirchner y Parrilli. “Todos sospechamo­s que fue el juez el que filtró esas conversaci­ones. Si se confirma esto, sería un buen argumento para el oficialism­o en el juicio político que le sigue a Lijo en el Consejo de la Magistratu­ra”, elucubran los kirchneris­tas.

En el oficialism­o niegan segundas intencione­s detrás de este pedido de informes. Y enfatizan que el principal propósito es que la Corte se haga responsabl­e por la seguridad de las escuchas telefónica­s.

La iniciativa finalmente no se aprobó porque la sesión se cayó por falta de quórum. Lo sugestivo es que, pocas horas después, la Corte Suprema emitió una acordada en la que le solicitó al Congreso que audite la oficina de escuchas. Intuía sobre el malestar de la Cámara de Diputados y se le adelantó.

En el oficialism­o no cayó bien esta jugada de la Corte, según confirmaro­n diputados consultado­s por la nacion.

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