El PAMI amenaza con ir a la Justicia

Es por el rechazo de los laboratorios a los precios máximos

El PAMI abrió un nuevo plazo para que los laboratorios nacionales respondan si aceptan un acuerdo que fije precios máximos a los medicamentos. Si el rechazo de las empresas se mantiene, el PAMI podría recurrir a la Justicia, a través de un recurso de amparo, y presentarse ante la Comisión de Defensa de la Competencia.

Ayer volvieron a reunirse las autoridades de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y Sergio Cassinotti, el titular de la obra social de los jubilados. La intransigencia se mantuvo. La reunión terminó sin acuerdo.

El nudo de las diferencias gira en torno de la intención de fijar precios máximos, que la industria resiste duramente.

Según fuentes de la reunión, el PAMI le dará ahora a los laboratorios un nuevo plazo y, si no hay cambios, la resolución será judicial.

Ayer, para llevar tranquilidad a los afiliados, el PAMI aseguró que “la provisión, cobertura y descuentos en medicamentos a todos sus afiliados está garantizada”, más allá de las negociaciones.

“El objetivo de las autoridades de PAMI es lograr que todos sus afiliados puedan acceder a sus medicamentos a un precio justo”, subrayó la obra social a través de un comunicado. El PAMI compra medicamentos para sus casi 5 millones de afiliados y representa el 40% del mercado en la Argentina. El jueves, la obra social de los jubilados llegó a un acuerdo con los laboratorios extranjeros agrupados en Caeme. Es el mismo convenio que rechazan las compañías nacionales.

A principio de mes, la obra social anunció su decisión de cambiar el modelo de compra de medicamentos: las empresas debían bajar un 5% el valor de los remedios; no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individualmente con los laboratorios; se fijará un techo de precio y se sostendrá el valor de los insumos hasta que la inflación supere el 15 por ciento.

Según datos oficiales, el cambio representa un 20% de ahorro por año para el PAMI, unos 6500 millones de pesos. Y además los afiliados ahorrarán unos 2600 millones de pesos. El acuerdo actualmente vigente con los laboratorios vence el 31 de este mes.

Para las firmas nacionales, “la pretensión de incluir cláusulas con precios máximos se encuentra reñida con el régimen constitucional”, según dijeron a través de un comunicado.