Expensas que asfixian
Corresponde destacar las iniciativas para bajar los costos de los consorcios, pero se requieren otras soluciones de fondo para resolver su preocupante situación
El pago de las expensas se ha convertido en una pesadilla para la mayoría de los porteños. Y los datos oficiales lo corroboran: durante 2017, en promedio, aumentaron el 34,7%, diez puntos por encima de la inflación del período, y han pasado a costar el triple que cinco años atrás. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha un plan tendiente a bajar algunos costos que tienen los copropietarios de edificios, algo que si bien es bienvenido, resulta claramente insuficiente.
Las autoridades locales han propuesto una serie de medidas con la intención de reducir el costo de las expensas hasta un 20%. Entre las disposiciones contempladas, se encuentran la eliminación del certificado “Edificio seguro”, que representaba unos 12.000 pesos por año; la modificación del régimen de inspección de los tanques de agua y de la frecuencia de la desinfección y el control de plagas, que pasaría de ser mensual a anual. Además, se derogó la obligación de los administradores de consorcios de llevar un libro de datos periódicos, que demandaba 1000 pesos por año.
Asimismo, se esperan para más adelante otras medidas, tales como la eliminación de construir edificios con vivienda para encargados en consorcios con más de 15 unidades, cambios en la frecuencia de las inspecciones de ascensores, calderas y matafuegos, y la gratuidad de la cuenta corriente bancaria para los consorcios de propiedad horizontal en el Banco Ciudad, que generaría un ahorro de unos 7200 pesos por año.
Algunas de estas medidas resultan más que razonables y otras, como los controles en ascensores y calderas, deberían ser evaluadas con cuidado. Pero lo que es claro es que la principal fuente de incremento de las expensas en la ciudad de Buenos Aires guarda relación con otras cuestiones que, lamentablemente, no están siendo debidamente tratadas.
Una cuestión que, en los últimos tiempos, ha incidido fuertemente en el incremento de las expensas fue el aumento en las tarifas de agua, energía eléctrica y gas. Estas subas pueden resultar en la mayoría de los casos lógicas, a la luz del atraso tarifario que arrastraron durante muchos años. Pero tal vez el Estado podría bajar el elevado componente impositivo que tienen esas tarifas en los edificios de viviendas familiares.
Sin duda, el mayor componente de las expensas está representado por los salarios de los encargados de los edificios, una cuestión que se ve agravada por la falta de representación genuina de los consorcistas en las negociaciones paritarias.
En efecto, el sueldo de los encargados, que incluye el enorme impacto de los aportes sociales y de beneficios extras muchas veces decididos entre gallos y medianoche por el gremio y las asociaciones que dicen representar a los consorcistas, llega a representar en algunos casos hasta el 80% del gasto total de un consorcio.
En más de una ocasión hemos criticado desde esta columna editorial que los incrementos salariales sean definidos por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que dirige el cuestionado dirigente Víctor Santa María, junto a asociaciones inmobiliarias y de administradores que distan de representar debidamente a los consorcistas, que son los verdaderos empleadores.
En 2016, los salarios de los trabajadores de edificios aumentaron alrededor de un 40%, muy por encima del resto de los trabajadores de otras actividades. El año último, los incrementos en sus haberes equipararon al costo de vida gracias a una cláusula de ajuste. Y días atrás se acordó una suba anual del 12%. Curiosamente, esta vez parecería haber prevalecido la moderación; sin embargo, esa cifra estará sujeta a una revisión en septiembre y fue blanco de no pocas críticas porque el primer aumento tendrá vigencia desde abril, cuando la paritaria vencía en mayo, según fuentes de la Cámara de la Propiedad Horizontal.
El porcentaje de deudores de expensas no deja de crecer y esto debe obligar a reflexionar a las autoridades y a los propios dirigentes sindicales que dicen defender las fuentes de trabajo de sus representados. Es cada vez más frecuente también que ciertos consorcios de pocos copropietarios de edificios prescindan de los encargados, contratando servicios externos de limpieza con costos marcadamente menores o haciéndose cargo los propios consorcistas de tareas que habitualmente realizan los porteros, al tiempo que alquilan la vivienda que usaba el encargado para financiar gastos.
Debe entenderse que un consorcio de copropietarios de viviendas familiares no es una empresa ni genera ganancias. Corresponde saludar las iniciativas para bajar las expensas que muchos ya no pueden afrontar, pero es necesario tener presente que se requieren otras soluciones de fondo para resolver esta preocupante cuestión.