Logran garantías del BID que facilitarán créditos por US$2500 millones
Firmaron un programa de avales por US$500 millones con ese organismo; servirán de respaldo para otros préstamos
MENDOZA.– Después de mucho esperar, finalmente parece que 2018 va a ser el año del despegue de las inversiones en infraestructura con el método de participación públicoprivada (más conocido como PPP).
Y no hubo mejor lugar para el Gobierno para atraer estos capitales que la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Luis Caputo, ministro de Finanzas, y Luis Alberto Moreno, presidente del organismo multilateral, firmaron una facilidad de garantías de inversión por US$500 millones, que servirá para apalancar otros US$2500 millones del sector privado, según la estimación oficial.
Caputo llegó ayer a la carpa del hotel Intercontinental, donde se llevó a cabo el foro empresarial “Integración inteligente con el mundo: promoviendo las economías locales y la inversión en infraestructura”, minutos antes de las nueve y, como anfitrión, estuvo a cargo del discurso inaugural, después de las palabras de bienvenida de Moreno, donde marcó el objetivo del evento: “Hay recursos disponibles en el mundo que pueden ser canalizados para inversiones a largo plazo”.
“No puede ser que cueste lo mismo trasladar productos desde el norte de la Argentina a Buenos Aires que hacerlo a China. Tenemos una necesidad enorme de inversión en un marco de restricción presupuestaria y limitación financiera. Hay que tener un poco de creatividad para apalancar de la mejor manera los escasos recursos que tenemos”, agregó.
Esa creatividad el Gobierno la encontró en la alianza público-privada, que el Congreso convirtió en ley a fines de noviembre de 2016. Y con la ayuda de los bancos de soporte financiero –como el BID, el Banco Mundial y la CAF–, el país consigue tener un crédito de respaldo (de calificación AAA) que le permite emitir garantías parciales de riesgo a favor de financiadores en proyectos PPP que cumplan con los requisitos del programa, mitigando los riesgos asociados a la gestión pública.
“Las garantías del BID darán tranquilidad a los inversionistas y permitirán al país movilizar más recursos privados para invertir en infraestructura productiva. El programa demuestra nuestra confianza en los esfuerzos del país para lograr la estabilidad económica”, dijo José Luis Lupo, representante del organismo en la Argentina.
El préstamo de US$500 millones tiene un plazo de 5 años de ejecución; repago con un período de gracia de 5,5 años y amortización de 25 años.
Otro ejemplo que presentó Caputo fue el fondo RenovAr para el desarrollo de energías renovables, que tiene una garantía de US$730 millones ante incumplimiento del contrato del Estado y permite recibir inversiones por US$7400 millones.
El ministro indicó, además, que la inversión en infraestructura este año va a representar un 3,5% del PBI, un punto más que en 2017.
Un atajo para lograr obras
Lo que hace atractivo la alianza público-privada es que, ante un escenario de restricción presupuestaria, los proyectos financiados de este modo permiten diluir en el tiempo el impacto presupuestario. Sin embargo, al tener el Estado más margen de crédito para licitar proyectos, se teme que la selección no sea óptima.
“Desde lo teórico es muy importante que haya una dependencia dentro del sector público que coordine todos los proyectos PPP. Es importante este embudo no solo para decidir qué proyectos son más prioritarios que otros o más necesarios, sino en términos de analizar qué proyectos se amoldan mejor a este sistema crediticio”, indicó Gastón Rossi, director del Banco Ciudad por el partido Evolución, que se encontraba también participando del foro.
Además señaló que “por más que con los PPP se diluye a lo largo del tiempo el impacto presupuestario –lo que permite tener a corto plazo mayor margen de maniobra–, genera obligación a mediano/largo”.
Su excompañero en el Banco Provincia Martín Lousteau también se encontraba presente. Al igual que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Obras Públicas y vivienda, Rogelio Frigerio; y Francisco Cabrera, titular de la cartera de Producción, que tuvo tiempo para una reunión espontánea con Miguel Acevedo, presidente de la UIA, y otros dirigentes industriales de Mendoza y San Juan, que, se supo, lo felicitaron por “el éxito del Gobierno en la gestión con Estados Unidos por el impuesto al aluminio y el acero”.