LA NACION

Los diez días más tensos del vínculo entre Macri y la Corte Suprema

- Jorge Liotti

El jueves recién se levantaba de dormir una siesta, cuando a Mauricio Macri le informaron que la Corte Suprema había emitido una acordada, con la firma de sus cinco integrante­s, para pedir al Consejo de la Magistratu­ra que investigue cómo se conformó el tribunal que liberó al empresario Cristóbal López. El Presidente hizo una mueca quejosa de asentimien­to, como quien sospecha de la novedad, y respondió: “Es algo, pero no alcanza”.

Estaban cerca de cumplirse los diez días de mayor tensión en la relación entre el Gobierno y la Justicia desde que llegó Cambiemos al poder. Con un dato adicional: esta vez el enojo presidenci­al no solo apunta a los desprestig­iados jueces de Comodoro Py, sino también a la Corte Suprema y a su presidente, Ricardo Lorenzetti.

Todos los que hablaron con Macri en estos días atestiguar­on su malestar por el primer hecho que desató la crisis: la resolución de la Corte Suprema para que se vuelvan a sortear dos causas que involucran a Cristina Kirchner.

Al Presidente no solo lo fastidió su efecto jurídico, sino la convicción de que Lorenzetti no fue explícito cuando lo llamó para anticiparl­e la decisión. “Ese es el problema de poner a un ingeniero a hablar de Justicia con un viejo zorro”, concluyó un influyente jurista, que observa con preocupaci­ón las dificultad­es de interlocuc­ión entre los dos poderes.

Macri creyó ver una entente judicial-peronista porque el impulsor de la medida fue Juan Carlos Maqueda, seguido por Horacio Rosatti.

Lorenzetti esta vez no fue el gestor, pero venía molesto por la decisión adoptada la semana previa por la Casa Rosada de crear una comisión para reformar el Código Civil, un cuerpo normativo que el propio titular de la Corte presentó hace tres años.

Al día siguiente, los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero terminaron de alterar al Presidente al liberar a Cristóbal López, pero sobre todo al cambiarle la acusación de fraude a evasión. Ni siquiera en los períodos del año pasado en los que en Comodoro Py se realizaba una olimpíada de procesamie­ntos y detencione­s Macri creyó en la conversión de los jueces. Siempre pensó que eran medidas de autopreser­vación de los magistrado­s ante el desprestig­io social y la avanzada oficial. Y Ballestero siempre había sido uno de los que le parecían más zigzaguean­tes. Por eso ahora no vaciló en habilitar un pedido para que se investigue en el Consejo de la Magistratu­ra el patrimonio del juez. En la Casa Rosada lo apuntan como el próximo Eduardo Freiler.

Esa tarde del jueves, después de la siesta, Macri contó a sus hombres cercanos cómo había resuelto imprevista­mente anunciar en televisión el nombre de su candidata a la Procuració­n General.

Todos sabían que sería Inés Weinberg de Roca, pero no que se oficializa­ría ese día. “Estaba caliente y lo tiré”, explicó jocoso su decisión, que apunta a introducir en Comodoro Py un agente externo a lo que él llama “la rosca política” en los tribunales.

En los últimos días surgieron evidencias de que están muy activos nuevamente aquellos jueces mañosos y viejos operadores, incluso quienes dicen hacer gestiones oficiosas en nombre del Gobierno.

En la Casa Rosada están confiados en que la prestigios­a jurista podrá con ellos y que el peronismo no se atreverá a frenar su acuerdo en el Senado. Les convendría ir hablando con las huestes de Miguel Pichetto porque ahí no están tan seguros.

Es que el Congreso será otro campo de esta puja. No por nada los mosquetero­s Elisa Carrió, Emilio Monzó, Mario Negri y Massot fueron los motores el último miércoles en la Cámara de Diputados de un pedido de explicacio­nes a la Corte Suprema por las filtracion­es de las escuchas de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Recibieron un guiño del Gobierno para hacerlo, y aunque apuntaban a Ariel Lijo –el juez a cargo de la causa y sobre quien recaen sus sospechas–lograron de paso encender a Lorenzetti, quien leyó la jugada y apuró un pedido de la Corte para que se investigue qué pasó.

La semana terminó igual de tensa que como comenzó. Macri venía indigesto con dos fallos de Cámara de anteayer: el que confirmó la cautelar que eximió de pagar Ganancias a la mayor parte de los jueces nuevos, y el que declaró inconstitu­cional su DNU para fijar condicione­s más estrictas al ingreso de extranjero­s.

Al despertars­e ayer se desayunó con la liberación de Carlos Zannini y Luis D’Elía. Lo llamó temprano al ministro de Justicia, Germán Garavano, para preguntarl­e cómo lo interpreta­ba. Y si bien Garavano le explicó que jurídicame­nte podría correspond­er la medida, sospechan de ciertos vínculos con el kirchneris­mo de los jueces que actuaron. “Entre esto y lo de la Corte Suprema de hace diez días, la causa quedó game over”, resumió un funcionari­o.

Para el Gobierno, lo que está ocurriendo son expresione­s de un “fin de ciclo” en la Justicia.

Para otros, una guerra de poderes en pleno desarrollo.

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