Por estar presas. Les negaban la entrada al banco

“Cuando una persona es condenada y va presa, el único derecho que tiene que tener limitado es el de la libertad ambulatoria”, afirma César Bisutti, abogado de cuatro mujeres presas de la Unidad Penitenciaria Nº 4, en la ciudad de Santa Fe, a las que se les negó la renovación de las tarjetas de débito con las que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Ayuda Social Única (ASU).

A mediados de 2017, las internas llegaron al banco en el que debían recibir sus nuevas tarjetas de débito, pero les negaron la entrada al local. Luego de la gestión de un integrante del servicio penitenciario, dos de ellas finalmente lograron entrar, pero recibieron un trato sumamente humillante por parte del personal de atención al público. Además, si bien la plata estaba depositada por la Anses, ninguna de ellas pudo cobrar el dinero ese día.

Un problema estructural

Bisutti explica que esta vulneración de derechos es parte de un problema estructural mucho más amplio: “No todas las mujeres implicadas en este hecho tienen condena, sino que por el momento están procesadas, y esto agravaba aún más la cuestión de la discriminación”.

El abogado agrega que cuando tienen que acceder a un servicio fuera de la cárcel, los actos discriminatorios son más evidentes. Por ejemplo, cuando deben ir a un servicio médico fuera del penal. Cansadas de este tipo de situaciones, las internas presentaron la denuncia ante el Inadi. Pero cuando el banco recibió la notificación, negó rotundamente los hechos.

Meses después, el organismo dispuso una audiencia conciliatoria con las autoridades del banco, y si bien los acontecimientos no fueron reconocidos, cambiaron el protocolo de atención a personas privadas de su libertad, reconociendo los estándares internacionales, y desplazaron del sector de atención al público a la mujer que había atendido a las internas. Como parte de esta intervención, también se logró que finalmente accedieran a sus tarjetas.

“Más allá de que hayamos resuelto el problema, a través del acto conciliatorio, quisimos hacer la denuncia para visibilizar los obstáculos que sufren las personas privadas de su libertad, en especial las mujeres”, afirma Bisutti.