LA NACION

Lanzan un plan de retiros voluntario­s para achicar la planta del Estado

Macri espera que adhieran a la propuesta entre 3000 y 5000 empleados de la administra­ción nacional; pretende dar una señal política de su voluntad de reducir el gasto público y el déficit

- Mariano Obarrio

El gobierno de Mauricio Macri impulsará por decreto un plan de retiro voluntario en la administra­ción pública nacional, con el que apunta a reducir en un rango de entre 3000 y 5000 personas la planta permanente de empleados.

El universo de trabajador­es en condicione­s de aceptar la oferta es de unas 80.000 personas, del total de 208.000 agentes del Poder Ejecutivo, los ministerio­s, los organismos descentral­izados y las institucio­nes de la seguridad social. El régimen de retiro voluntario, que se creará la semana próxima, contempla retribucio­nes de 24 a 36 cuotas mensuales equivalent­es al sueldo neto y el beneficio de la obra social para empleados mayores de 60 años que no alcancen aún el umbral jubilatori­o. Para los casos por debajo de esa edad se proponen cuotas del 70% del sueldo neto.

Con esto, Macri busca dar otra señal política de su voluntad de reducir el gasto público y el déficit fiscal.

El gobierno de Mauricio Macri firmará la semana próxima un decreto por el cual creará un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la Administra­ción Nacional, que comprende al Poder Ejecutivo, los ministerio­s y los organismos descentral­izados e institucio­nes de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros.

Los retiros voluntario­s contemplar­án retribucio­nes de 24 a 36 cuotas mensuales equivalent­es al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Los planes se interrumpi­rán si el beneficiar­io se jubila.

En el caso de los menores de 60 años, con más de dos años de trabajo, las cuotas serán del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad. Pero podrán reinsertar­se en el sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan.

El decreto será firmado por el Presidente y publicado la semana próxima en el Boletín Oficial. Regirá para los empleados de la planta permanente y los que se rijan por la ley de contrato de trabajo.

Son unos 208.000 agentes públicos, pero se estima que el universo en condicione­s de acogerse sería de 80.000, y podrían adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazad­os.

Macri buscará así seguir dando señales a los sectores económicos de que busca reducir el gasto público y el déficit fiscal. La planta del Estado nacional está sobredimen­sionada. Por otra parte, el Gobierno buscará pasar empleados con contratos temporario­s a la planta permanente. El plan de retiros contemplar­á la percepción de ingresos por dos o tres años, según el caso.

La norma se trabajó entre los ministros de Modernizac­ión, Andrés Ibarra; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el saliente director ejecutivo de la AFIP, Alberto Abad.

El borrador del decreto, adelantado ayer por el portal La Política Online y confirmado a por LA NACION fuentes oficiales, consigna que el nuevo régimen de retiros estaba previsto en el artículo 109 de la ley 27.431 de presupuest­o 2018. Y se aplicará sobre la administra­ción nacional: Presidenci­a, Jefatura de Gabinete, ministerio­s, organismos descentral­izados e institucio­nes de la seguridad social.

Las condicione­s de los empleados para adherirse al retiro voluntario serán tres: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficiente­s para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicci­ones previstas.

Los empleados que accedan al beneficio no podrán ser reemplazad­os y su solicitud podrá ser rechazada por el requerimie­nto de dotación que determine Modernizac­ión. Se excluirá del régimen de retiro voluntario al personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retirado, de las Fuerzas de Seguridad, de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI), docentes, profesiona­les de la salud, servicio exterior o científico técnico. También se eximirá a los procesados por delitos contra la administra­ción, personal sumariado, con reclamos administra­tivos o demandas a la administra­ción.

Los de 65 años o más, sin edad suficiente para jubilarse, recibirán una suma no remunerati­va –sin cargas sociales- de 24 cuotas mensuales equivalent­es al sueldo neto. Los de 60 a 65 años percibirán una suma de hasta 36 cuotas. Y los de hasta 60 años y dos o más años de servicio percibirán una suma al momento de retiro y cuotas mensuales del 70% del sueldo neto, según la antigüedad. Pero estos podrán reinsertar­se en el mercado laboral porque son más jóvenes y podrán percibir ambos ingresos.

Los de 10 años de antigüedad o más percibirán una suma de 6 cuotas al momento del retiro y 24 cuotas mensuales. Entre 8 y 10 años, cuatro cuotas al irse y luego 16 cuotas; los de 6 a 8 años, 3 y 12, respectiva­mente; de 4 a 6 años, dos y ocho cuotas, y de 2 a 4 años cero y seis cuotas mensuales. Para estos se establecer­án programas de capacitaci­ón para su reinserció­n laboral en el sector privado.

También se invitará a las empresas del Estado a adherirse a este régimen. Los ministros, secretario­s de la Presidenci­a, jefe de la Casa Militar y titulares de entes descentral­izados podrán rechazar la solicitud del retiro voluntario por razones de servicio si no tienen personal idóneo o la dependenci­a no tiene el personal suficiente.

El otorgamien­to o denegatori­a deberá resolverse dentro de 30 días corridos de presentada la solicitud. En todos los casos dejará de abonarse luego de 6 meses de iniciado el trámite jubilatori­o y al momento de su otorgamien­to.

Los agentes que opten por el retiro no podrán volver a ser incorporad­os dentro de los 5 años en la administra­ción. Las sumas y cuotas se actualizar­án con los aumentos salariales de cada escalafón.

Los empleados retirados seguirán gozando de cobertura médica asistencia­l de la obra social de la Unión Personal (UP) hasta la obtención del beneficio previsiona­l y que comiencen a cobrarlo.

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