Por decreto, limitan el poder de los gremios para aplicar descuentos
La norma también pone un techo a las tasas de los préstamos que pagan los empleados públicos
María Eugenia Vidal modificó el sistema a través del cual los gremios y mutuales aplican descuentos sobre los haberes de los empleados estatales bonaerenses. Por medio de un decreto, la gobernadora creó el Régimen Único de Códigos de Descuento, al que deberán adecuarse las entidades que pretendan realizar esos descuentos directos para cobrar cuotas sindicales, seguros, servicios, préstamos y créditos.
En sus considerandos, el decreto 243/18 resalta que la creación del nuevo régimen apunta a ordenar el sistema actual de descuentos, pero también a proteger el salario de los trabajadores, facilitarles el acceso al crédito y evitar abusos en el costo financiero de los préstamos. Esto se debe a que, con el nuevo sistema, la gobernación fijará el techo para los intereses a pagar.
Más allá de la necesidad de ordenar el sistema, la medida no puede abstraerse de la puja actual entre Vidal y los sindicatos bonaerenses, que ayer tuvo una nueva escalada con la instalación de una carpa docente frente a la gobernación y la confirmación del paro de los maestros para el 5 de abril.
Sucede que el decreto no solo les da 90 días a los gremios y mutuales de los sindicatos para adaptarse al nuevo sistema: también facilita los trámites y reduce la documentación necesaria para que los empleados públicos se desafilien de gremios y mutuales y dejen de estar afectados por los descuentos.
La norma establece que el Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza, será la autoridad de aplicación del nuevo régimen y que, junto al Ministerio de Trabajo, que encabeza Marcelo Villegas, definirán cuáles son las entidades autorizadas para realizar los descuentos.
“Con esta nueva herramienta podremos verificar que las instituciones que acceden a un código de descuento lo hacen para acompañar a los empleados de la provincia y no para comprometer sus sueldos”, indicaron fuentes oficiales a la nacion.
Pero no solo eso: el Ministerio de Economía definirá mensualmente “una tasa de interés y/o un costo financiero total de referencia que no podrán ser superados en las operaciones ofrecidas a los agentes públicos”, dice el artículo 5° del decreto. De este modo, la provincia establecerá un techo para los intereses que actualmente pagan los empleados provinciales por préstamos personales y créditos.
Desde La Plata señalaron que el objetivo de este punto fue evitar abusos y tasas usurarias que se detectaron de parte de entidades financieras y mutuales gremiales, en las que se establecían costos financieros de hasta el 90% anual por préstamos personales.
El caso testigo es el del gremio del Soeme, que conducía Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay. La intervención judicial descubrió que entidades financieras privadas otorgaban préstamos a los afiliados del Soeme y recaudaban las cuotas directamente de los salarios a través del código de descuento que “le prestaba” el gremio. Estas financieras aplicaban tasas del 78% más IVA. Los afiliados, por ser trabajadores no inscriptos, no podían recuperar el IVA, con lo cual la tasa real llegaba casi al 100%.
“La medida protege a los trabajadores de la administración provincial de pagar tasas abusivas o de sufrir importantes descuentos en su salario intempestivamente”, señalaron desde La Plata.
Planes de auxilio
Para auxiliar a los estatales que hoy sufren fuertes descuentos por esos préstamos, la gobernación apelará a dos mecanismos. Por un lado, el decreto establece que “el monto total de los descuentos no podrá exceder el 30% del haber mensual neto del agente”.
Por el otro, se decidió que el Banco Provincia brinde créditos exclusivamente para cancelar estas deudas, de hasta $200.000 y a seis años de plazo, con tasas más convenientes.
Por último, el decreto establece las sanciones para las entidades que no se adecuen al nuevo sistema, que van desde el apercibimiento hasta la eliminación del registro por el plazo de tres años.
Marcelo Veneranda LA NACIoN