Diálogo, reclamos y propuestas,

Rápida de reflejos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocó a la Mesa de Enlace bonaerense en Bragado para escuchar a los ruralistas y dar precisiones sobre una serie de medidas que ya había adelantado.

El malestar que provocó el incremento del 50% promedio del impuesto inmobiliario rural entre productores, sumado al efecto nocivo de la sequía, auguraba una tensa relación entre el ruralismo y la mandataria. Con la estrategia de dar la cara y abrir el diálogo, Vidal desarmó cualquier intento de llevar esa sensación de malestar a una protesta concreta.

El gobierno bonaerense anunció que aquellos productores que tuvieron declaración de emergencia estarán exentos del pago del inmobiliario rural en un 50%, y los que contaron con la declaración de desastre, el 100%.

Reiteró un anuncio que ya había sido hecho con la reforma fiscal para 2018. No habrá impuesto a los ingresos brutos a productores con ingresos menores a tres millones de pesos. Además, a aquellos productores con ingresos anuales mayores a $78 millones, se les reduce en 0,25 puntos porcentuales la alícuota de ingresos brutos que pasa de 1,75% a 1,50 por ciento.

Otra decisión que la gobernación anunció a los ruralistas es que la emergencia podrá ser declarada por circunscripción o cuarteles. Según se informó, “aquellas circunscripciones que estén afectadas en un 50% se les postergará el pago del impuesto Inmobiliario rural y las perjudicadas en un 80% o más, serán eximidas directamente del pago”. Esta metodología se implementará en conjunto con el gobierno nacional, Córdoba y Santa Fe.

El otro eje de los anuncios de Vidal es el programa de mejora de los caminos rurales de la provincia. Si bien esta es una jurisdicción municipal, el gobierno bonaerense destinará una inversión de $933 millones en 4000 kilómetros. Alcanzará a 17 municipios del centro y del oeste bonaerense así como de las áreas rurales cercanas al conurbano. Se pondrá énfasis en las cuencas lecheras que padecieron las inundaciones en 2016 y 2017 y que se vieron impedidas de sacar la producción por el anegamiento de los caminos. Esta decisión corrige una creencia que había en algunos funcionarios de Vidal que decían que la cuestión de los caminos rurales debía ser resuelta solo por los municipios.

En materia de créditos, se dijo que se mantiene la línea de crédito con tasa fija del 12% a cuatro años “con dos de gracia para los productores que lo necesiten” y, además, se están gestionando los primeros créditos de una línea que tiene una tasa de 12% anual para “productores afectados por la sequía”.

Los ruralistas, a su vez, le piderion a Vidal que se revea el sistema de declaración de emergencia por las condiciones de la sequía y por las dificultades que presenta el régimen actual. Al mismo tiempo, según informó Carbap, se le pidió “morigerar la presión impositiva provincial que además estaba siendo replicada por muchos municipios a nivel de tasas municipales impagables”. Este último reclamo fue aceptado por la gobernadora.

En el gobierno provincial, adelantaron que están trabajando entre los ministerios de Agroindustria y Economía y ARBA en una nueva ley de emergencia e intentando avanzar en alguna propuesta para los seguros agrícolas, en sintonía con lo que está haciendo Nación. “Para fines de abril vamos a tener un borrador y lo vamos a compartir con las entidades para que ellos realicen las propuestas que quieran y para mayo tener algo consensuado”, explicó el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís. “El tema está en los eventos agroclimatológicos que vinieron para quedarse, por lo cual hay que tener otro tratamiento de las cosas”, añadió.

A nivel nacional también hubo reclamos. Esta vez fueron de Federación Agraria Argentina (FAA), y de la Sociedad Rural de Rosario. Ambas entidades, por carriles separados, coincidieron en pedir la suspensión de las retenciones por el severo daño económico que provocará la sequía.

Los federados se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña y con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, entre otros funcionarios, a quienes les reclamaron medidas para pequeños productores. “Sin medidas extraordinarias no van a poder sostenerse”, dijo el presidente de la FAA, Omar Príncipe. Entre otras cosas, solicitaron financiamiento con tasas de interés blandas o cero y facilidades para refinanciar deudas. En el encuentro estuvo presente el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien se comprometió a dar respuesta al movimiento cooperativo de la FAA. Propuestas y diálogo, un primer paso para encontrar soluciones.

En el gobierno provincial adelantaron que están trabajando en una nueva ley de emergencia agropecuaria