MENOS JUICIOS CONTRA EL ESTADO
Las empresas distribuidoras, entre otras concesionarias, habían iniciado demandas ante el Ciadi por la violación de contratos; en la renegociación con el Gobierno se comprometieron a desactivarlas
Los periódicos aumentos en los servicios públicos que aplicó desde su llegada al poder el presidente Mauricio Macri, quizás una de sus decisiones más antipáticas para la población, arrojarán en los próximos tres meses algunas buenas noticias para la Casa Rosada.
Sucede que en el marco de la renegociación tarifaria integral (RTI) que llevó adelante la administración nacional con las empresas para normalizar el sector tras años de congelamiento en sus ingresos, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su equipo introdujeron un ítem de especial importancia desde la mirada oficial: a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de varios juicios que hace años radicaron contra el país en el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en otros tribunales internacionales.
Tal desestimiento se producirá en los próximos 90 días, en línea con los compromisos que firmó el sector privado con el Gobierno. Según las cuentas de Energía, los litigios que tachará la Argentina en las próximas semanas suman unos 3400 millones de dólares.
La historia que culminará en poco tiempo más es una de las estelas que aún quedan de la crisis de 2001/2002. Tras la devaluación y el congelamiento y la pesificación de las tarifas de servicios públicos, las compañías acudieron en tropel al Ciadi para litigar contra la Argentina.
Su reclamo se basó no solo en la ruptura de las“reglas de juego ”, un término cuyo empleo creció de manera exponencial en aquellos años, igual que el reclamo por mayor “seguridad jurídica”, sino también en que en la década del 90, el país había firmado acuerdos de protección recíproca de inversiones con otras naciones.
Esa fue la fórmula que promocionaron el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, para atraer inversores. Pero también abrió la puerta para que empresas radicadas en Estados Unidos, España e Italia, solo para poner ejemplos conocidos, tuvieran por contrato la posibilidad de reclamar fuera del país ante un conflicto.
Tras la crisis de 2001, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre los países más demandados ante ese tribunal, solo después de Venezuela.
Aunque pasaron 17 años, aún hay 13 juicios pendientes de resolución en el Ciadi. Entre los demandantes están la española Abertis (concesionaria de autopistas), la italiana Impregilo (obras públicas), una subsidiaria de la norteamericana Exxon, Suez (la operadora francesa del servicio de aguas, exdueña de Aguas Argentinas), Camuzzi (distribuidora de gas italiana) y la generadora de energía AES, de origen norteamericano.
La Casa Rosada sigue el tema de cerca por varios motivos. En un contexto de déficit fiscal, cualquier erogación por encima de lo previsto –como el pago de juicios perdidos– tiene como destino final ensanchar el rojo del Estado.
El propio presidente se hizo eco de esa situación en julio pasado, cuando se conoció un fallo contra el país por la estatización de Aerolíneas Argentinas. “Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas, el país fue condenado a pagar US$320 millones más intereses”, señaló el Presidente, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Sensiblemente molesto, agregó: “Nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados”.
La cancelación de juicios contra el país es otro paso más para atraer a los inversores internacionales, uno de los objetivos sobresalientes del Gobierno para fortalecer la marcha de la economía. Sucede que las empresas internacionales miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi al momento de definir sus inversiones.
La disminución de los perjuicios contingentes (así se define entre los abogados del Estado el riesgo de perder un juicio y estar obligado a pagarlo) es uno de los objetivos que se fijó el Gobierno en los últimos meses. Según una investigación que hizo la nacion, hasta diciembre pasado el Estado enfrentaba 2.240.000 juicios en tribunales federales y en instancias internacionales, que sumaban posibles daños por más de US$37.000 millones.
El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representaba un 60% más que el déficit fiscal de 2017. Y era casi cuatro veces más que los US$9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.