Piden citar a Cristina por el alquiler de sus hoteles
es por los contratos con aerolíneas para sus tripulaciones
La expresidenta Cristina Kirchner quedó ayer bajo la mira de la Justicia por una nueva causa: el alquiler de sus hoteles a Aerolíneas Argentinas.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que sea citada a indagatoria por hacer contratar irregularmente 26.000 noches en el Hotel Alto Calafate para tripulaciones de la empresa aeronáutica por un valor de 16 millones de pesos. El juez a cargo, Julián Ercolini, analiza el planteo y podría convocarla. También se pidió que sean citados los exfuncionarios Julio Alak, Mariano Recalde y Axel Kicillof, y el empresario Lázaro Báez, quien también contrató habitaciones de los hoteles de los Kirchner.
La Justicia analiza citar a Cristina Kirchner como sospechosa de un nuevo acto de corrupción. A pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez federal Julián Ercolini analiza indagarla porque Aerolíneas Argentinas, controlada por el Estado durante sus presidencias, contrató 26.000 noches en el Hotel Alto Calafate, de su propiedad, por 16 millones de pesos para que descansaran las tripulaciones.
Los fiscales pidieron indagar además a Julio Alak y a Mariano Recalde, que fueron gerentes generales de Aerolíneas Argentinas en el momento de las contrataciones, pero el juzgado analiza si hay evidencias de su participación como para interrogarlos como sospechosos.
Pollicita y Mahiques pidieron a Ercolini que además indague, por el delito de negociaciones incompatibles, a Axel Kicillof, exsubgerente de la empresa, y a otras 21 personas, incluidos Lázaro Báez y ejecutivos de Aerolíneas que intervinieron en las contrataciones.
También solicitaron la inhibición de bienes de Hotesur, Valle Mitre e Ideas, las empresas que se beneficiaron con esta maniobra.
Aerolíneas, controlada por el Estado, contrató 26.000 noches en el Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner, por 16 millones de pesos, para que descansaran las tripulaciones. Lo hizo sin seguir los mecanismos de compra previstos por la ley.
El pedido de indagatoria de los fiscales es un compendio de todo lo que se hizo mal para favorecer la contratación de habitaciones en el hotel de la expresidenta.
Estos contratos se realizaron en 9 oportunidades, durante 7 años, entre 2009 y 2015, cuando la empresa retornó al control estatal. Los fiscales dijeron que los funcionarios de Aerolíneas Argentinas “siguieron el plan diseñado y estructurado por Cristina Kirchner mediante la manipulación abusiva” del mecanismo de contratación directa o la simulación de concursos privados de precios.
Para la acusación, no solo se buscó favorecer las arcas del matrimonio presidencial eligiendo su hotel para que descansaran las tripulaciones de la empresa estatal, sino que además se buscó “la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero”. Eso favorecía maniobras de lavado de dinero, “ya que los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición con los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados”.
Esta mención hace referencia a una causa paralela por lavado de dinero, que se denomina Hotesur, donde se investigan los contratos de ocupación supuestamente simulada de habitaciones que pagó el grupo de Lázaro Báez en el hotel aun cuando los empleados que debían ocuparlas trabajaban a cientos de kilómetros del lugar.
Los fiscales Pollicita y Mahiques explicaron que las contrataciones de Aerolíneas Argentinas con el Hotel Alto Calafate se realizaron mediante las firmas interpuestas Hotesur, Valle Mitre e Idea SA.
La primera pertenecía a Néstor y Cristina Kirchner. Tras la muerte del expresidente quedó en manos de Máximo Kirchner y de su madre. Idea pertenecía a Osvaldo Sanfelice, de máxima confianza del matrimonio presidencial. El hotel era administrado por Báez, preso por lavado, y por Sanfelice.
Para la acusación, no solo se buscó favorecer las arcas del matrimonio presidencial eligiendo su hotel para que descansaran las tripulaciones de la empresa estatal, sino que además se buscó “la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero”. Para los fiscales, la expresidenta y los gerentes de Aerolíneas Argentinas “se interesaron” en contratar con el hotel de la familia Kirchner. Y el modo de “poner distancia” entre ellos y Aerolíneas, y al mismo tiempo “disimular”, era la inclusión de las empresas intermediarias.
El contratante era el Estado y el contratado era el hotel, que pertenecía una empresa de la familia Kirchner administrada por sus allegados, dijeron los fiscales.
Los fiscales analizaron las nuevas contrataciones realizadas con el Hotel Alto Calafate y advirtieron que siete veces fueron “de facto”. Las tripulaciones ocupaban el hotel con el contrato vencido y se armaba uno nuevo para formalizar la situación irregular. Era una contratación directa por renovación de un contrato anterior, con el objetivo de contratar sin concurso, escribieron los fiscales.
Con el paso de las horas, según lo informado por la empresa, los manifestantes ingresaron a la vivienda, “rompieron todo a su paso, inundaron la casa mediante una manguera que pasaron por la chimenea escurriendo cientos de litros de agua por varias horas, destruyendo pisos y paredes, robando efectos personales, muebles y hasta juguetes de los niños”, detalló el informe oficial.
Zeidán acusó a la gobernadora Alicia Kirchner de incumplir el acuerdo firmado entre las fuerzas provinciales y nacionales para velar por la paz en la cuenca carbonífera y dejar una “zona liberada” para los desmanes ocurridos el fin de semana. El gobierno provincial desmintió las acusaciones y dijo que “en todo momento garantizó la custodia del lugar”.
En el interior de la vivienda se encontraban el coordinador general Sergio Lumachi, el subgerente Miguel López, el subgerente de Servicios Mineros y el comandante principal de Gendarmería del Escuadrón Río Turbio, el jefe del Escuadrón 43 José Luis Argüello.
“Hago responsable a la gobernadora Alicia Kirchner por la seguridad de las personas que están privadas de su libertad, de los bienes del yacimiento y de la seguridad física de quienes estamos al frente de esta intervención y nuestras familias”, señaló Zeidán. Acusó a Alicia Kirchner de “incumplir el acta-acuerdo firmado el 7 de marzo” entre el gobierno nacional, la Gendarmería y la policía provincial. “Han liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca”, cuestionó Zeidán. Desde la dirigencia provincial de Cambiemos reiteraron el llamado a las autoridades provinciales para que garanticen la seguridad de todos en Río Turbio y la cuenca carbonífera, y abandonen las posturas pasivas que están teniendo en las últimas jornadas.
Mientras tanto, fuentes de la empresa confirmaron que ya se han registrado más de 400 operarios que se acogieron al retiro voluntario, y que el período para el mismo quedó cerrado el pasado 31 de marzo. En las próximas horas debería entrar en vigor la “nueva YCRT”, que incluye una nueva escala salarial, que reduce los cargos y los salarios más altos de la empresa, en tanto que la planta jerárquica prevé una reducción del plantel de jefes de 293 a 61.