LA NACION

Tensión entre las provincias y la Casa Rosada por el déficit de las jubilacion­es

Tres meses después de la firma del pacto fiscal, persisten los desacuerdo­s por el rojo de las cajas previsiona­les

- Lucrecia Bullrich

Tres meses después de su puesta en marcha, el pacto fiscal todavía genera tensión entre el Gobierno y las provincias que no transfirie­ron sus cajas jubilatori­as a la Nación. Ese traspaso es uno de los ejes del acuerdo que la Casa Rosada y 23 gobernador­es firmaron en noviembre del año pasado.

Los distritos que todavía controlan sus cajas previsiona­les y están en plena puja para que el gobierno central se haga cargo del déficit de cada una de ellas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La mayoría se queja de que el sistema montado por la Anses para calcular el déficit de las cajas y avanzar para que las provincias finalmente reciban los fondos correspond­ientes es “excesivame­nte burocrátic­o” y de que la resolución del tema se está demorando innecesari­amente.

“Todos los meses nos piden informació­n nueva. El trámite es innecesari­amente burocrátic­o y avanza muy lento”, graficó ante la nacion el ministro de Hacienda de una provincia del norte. El plazo para cerrar la negociació­n vence el 30 de junio.

La queja se repite en todas las provincias que tienen el tema pendiente, salvo Córdoba, que el año pasado llegó a un acuerdo por 5100 millones de pesos, y Buenos Aires, gobernada por Cambiemos, que está cerca de lograr un entendimie­nto.

De hecho, el cálculo del déficit de la caja previsiona­l fue el detonante de la decisión del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, de bajarse del pacto fiscal la semana pasada. El pampeano pretendía que la Nación se hiciera cargo de poco más de 400 millones de pesos correspond­ientes al déficit de 2016. La Casa Rosada retrucó que esa cifra nunca formó parte de un compromiso de la Nación con La Pampa y que no podía ofrecerle a la provincia condicione­s distintas y más favorables que al resto. Furioso, Verna anunció que la Legislatur­a pampeana no lo aprobará. Se sumó así al puntano Alberto Rodríguez Saá, que ni siquiera rubricó el consenso.

En el Ministerio del Interior rechazan las quejas de las provincias. Desde la cartera que conduce Rogelio Frigerio aseguraron a la nacion que, aunque el cierre de la negociació­n está pendiente, las provincias están recibiendo regularmen­te los anticipos a cuenta del déficit de este año y que la informació­n que se les exige a los distritos es la misma que se les pide desde septiembre del año pasado, cuando empezaron las gestiones. “Durante el kirchneris­mo no se les transfirió un peso. Nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con la documentac­ión que requerimos en línea con la cantidad de recursos que están en juego”, argumentar­on. Este año, la cobertura del déficit de las cajas previsiona­les demandará 18.000 millones de pesos a la Nación.

Más allá de este frente de conflicto, el pacto fiscal presenta otras situacione­s irresuelta­s. La más acuciante es la negociació­n entre el gobierno nacional y Santa Fe por la devolución del 15 por ciento de coparticip­ación retenida por la Anses durante años y restituida a la provincia por un fallo de la Corte Suprema que también benefició a Córdoba y San Luis.

El plazo para resolver el tema venció el sábado, pero la negociació­n entre la Nación y el gobierno del socialista Miguel Lifschitz está en marcha. Santa Fe asegura que la deuda asciende a 54.000 millones de pesos. La Casa Rosada calcula que el pasivo es inferior (no más de $30.000 millones) y ofreció pagarla con obras y bonos. “Aspiramos a llegar a un acuerdo antes del 15 [de abril]”, dijeron a la nacion voceros del gobierno santafesin­o. Podría haber novedades esta semana.

Por otro lado, la reducción progresiva del impuesto a los ingresos brutos para la industria, la ganadería, la agricultur­a, la construcci­ón y los créditos inmobiliar­ios, entre otras actividade­s, se puso en marcha en todo el país.

Sin embargo, el proceso no estuvo libre de “avivadas”. Para compensar la caída de la recaudació­n de Ingresos Brutos, los gobiernos de Salta, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego aumentaron el gravamen a otros sectores de la economía.

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