La revolución educativa está en marcha
Edgardo Zablotsky
ace unos días, dos iniciativas del gobierno del presidente Mauricio Macri, aparentemente inconexas, y por cierto inesperadas y previsiblemente resistidas por las más diversas voces, dieron los primeros pasos de la revolución educativa que requiere nuestro país.
Veamos el devenir de los hechos. A fines de febrero, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció el rediseño de varios programas sociales, los cuales serán reemplazados por un programa que contará con dos ejes centrales: Educación Formal obligatoria, mediante la cual los beneficiarios de los planes deberán finalizar sus estudios secundarios, y Formación Integral, que los capacitará a través de cursos y prácticas profesionales con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral.
La iniciativa no puede ser más auspiciosa. ¿Por qué no requerir que todo beneficiario de un plan social deba concurrir a escuelas de adultos como condición para cobrar la asignación? Al fin y al cabo es un requerimiento similar al exigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que deben demostrar asistencia a las escuelas para recibir el respectivo subsidio.
Un recordado presidente norteamericano afirmó alguna vez que “el propósito de toda política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política”. La anunciada por el Gobierno satisface en un todo esta definición, pero además genera un importante valor agregado. Es bien sabido que el nivel educativo de la madre presenta una correlación positiva con el rendimiento escolar de sus hijos. Educar a los beneficiarios de los planes sociales no solo les facilitará el valerse por sí mismos, sino que también permitirá romper el círculo vicioso de la pobreza, al contribuir a la educación de sus hijos. El primer paso en pos de una verdadera revolución educativa se ha dado.
El segundo paso no tardó en llegar. En la apertura del Congreso, Macri solicitó el apoyo a una iniciativa que habrá de marcar un antes y un después en la educación argentina: “Para poder involucrarnos (los padres), tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela adonde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”.
Nada facilitaría más la tarea de quien es el más importante ministro del gabinete que el apoyo de los padres a reformas que son imprescindibles y que solo se podrán realizar si son ellos quienes las exigen. Nada le otorgaría más poder que su sana indignación al conocer los resultados de las escuelas a las que concurren sus hijos, para enfren- tar a los principales defensores del statu quo: los sindicatos docentes, que año tras año toman a los niños de virtuales rehenes. ¿Cómo no recordar los 17 días de clases perdidos a comienzos del ciclo pasado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no avergonzarse de los más de 100 días de paro en Santa Cruz? Año tras año la historia se repite, demás está decir que los días perdidos jamás se recuperan y los niños son las víctimas inocentes de semejante despropósito.
Modificar el artículo 97 de la ley de educación nacional era imprescindible, el Gobierno así lo ha entendido y tiene el coraje político de planteárselo a la sociedad. Es probable que una verdadera revolución educativa esté en marcha; de ser así, la Argentina por venir será muy distinta de este triste presente.
Miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de la Universidad del CEMA