Macri, del martirio de Caputo a prender velas por Brasil
En la Casa Rosada se asegura que el martirio al que fue sometido Luis Caputo por su vinculación con sociedades offshore ha llegado a su fin tras su accidentado paso por el Congreso. Mauricio Macri siempre estuvo convencido de que su ministro de Finanzas tenía todos sus papeles en orden e hizo lo que debía hacer. La mayor preocupación del Presidente reside en otra cuestión: que uno de sus funcionarios más relevantes haya debido concentrarse durante más de dos semanas en responder a embates de la oposición que juzga infundados y se haya distraído de su vital tarea, asociada con el financiamiento local e internacional para paliar el desequilibrio de las cuentas públicas. Detrás de los ataques a Caputo, la Casa de Gobierno vio un intento de la oposición kirchnerista de ensuciar a quien pilotea las relaciones con los mercados internacionales y entorpecer el acceso del país al crédito externo.
No es un delito ni tampoco una actitud inmoral haber tenido o poseer bienes o dinero en el exterior. Tampoco es ilegal o reñido con la moral conservarlos en alguno de los llamados paraísos fiscales o integrar sociedades offshore, mientras los fondos se hallen debidamente declarados ante el fisco argentino. Y Caputo aseguró que no tiene ninguna relación comercial con la sociedad Noctua ni con empresas relacionadas con ella desde el 4 de diciembre de 2015, poco antes de su ingreso a la función pública. Si bien la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha informado que figura como accionista nominal de la empresa Princess, sociedad de las islas Caimán que controlaría indirectamente a Noctua, el ministro indicó que nunca fue propietario de esa compañía, que solo fue un “tenedor fiduciario”, una figura legal tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, y que la empresa está debidamente declarada ante la AFIP por su dueño, alguien cercano a Caputo.
Sería erróneo considerar que el caso Caputo está cerrado, por cuanto prosigue una investigación judicial y la Oficina Anticorrupción ha remitido un exhorto a la SEC para confrontar la documentación existente con la palabra del ministro. Pero, más allá del absoluto apoyo que el Presidente le dio a su ministro, el Gobierno confía en que se trata de una discusión muy técnica como para convertirse en un tema de la agenda pública, y que los voceros de la oposición que llevaron las riendas del ataque carecen de legitimidad como para influir en la ciudadanía independiente. Terminó por banalizar el debate la insólita sobreactuación de la diputada Gabriela Cerruti, quien procuró transformar en un caso de violencia de género un no menos insólito papelito con una carita feliz, donde Caputo le pedía que tuviera piedad de sus hijas, a raíz de una infundada acusación lanzada por la legisladora.
Sí puede impactar el hecho de que la oposición use el caso Caputo para machacar con la idea de que el de Macri es un gobierno de millonarios que reclaman inversiones, pero no se animan a repatriar sus ahorros del exterior. El mito de que se gobierna para los ricos es una vieja llaga para la administración macrista. Una herida a la que con frecuencia la oposición peronista intenta echarle sal y que, mal que le pese a Macri, también es avivada en ocasiones por Elisa Carrió, como cuando sugirió que el Presidente, desde chico, siempre viajó en helicóptero.
La actitud frente a la mochila del gobierno de millonarios divide a veces a los propios funcionarios macristas. La más enfática defensa de los funcionarios provino del jefe de Gabinete, Marcos Peña: en referencia a Caputo, sostiene que “es una de las 15 personas más reconocidas en el mundo de las finanzas internacionales, que jugaba en la Champions League y vino a colaborar con la Argentina”, al tiempo que elogia a no pocos ministros que dejaron actividades privadas en las que podrían estar ganando mucho más que en el Estado. “Ningún inversor potencial nos pregunta dónde tienen depositados sus ahorros los funcionarios. Se preocupan por saber sobre su integridad”, subraya Peña.
No hay funcionarios de Macri que no sepan que serán seguidos con lupa y que la vara ética con la cual se mide cada uno de sus actos es más elevada que la empleada para evaluar a anteriores administraciones. Los índices de percepción de corrupción en el gobierno nacional, sin embargo, no se han movido en el último año, pese a los affaires que han acosado a varios miembros del gabinete. Alrededor del 35% de la ciudadanía percibe corrupción en la administración macrista, un porcentaje que contrasta con más del 80% que considera que en el gobierno de Cristina Kirchner hubo corrupción, según encuestas recibidas en despachos oficiales.
Pese a que el Poder Judicial fue objeto de renovados cuestionamientos en las últimas semanas, la desconfianza de la opinión pública en los jueces tampoco varió. La imagen de la Justicia es pésima desde hace mucho tiempo. No mejoró cuando se detuvo a Julio De Vido o a otras figuras emblemáticas de los escándalos de corrupción del kirchnerismo, ni empeoró cuando algunos de estos personajes salieron en libertad.
Existen razones mucho más profundas que explican la desconfianza en la Justicia. Tienen que ver con la ancestral lentitud de los procesos judiciales y con los problemas de cualquier ciudadano de a pie para acceder a la Justicia o de las empresas que deben cerrar sus puertas por los elevadísimos costos de una demanda judicial.
Sirve a título ilustrativo la reciente queja de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, que tras perder una demanda contra el Estado nacional para que se declarara la invalidez e inconstitucionalidad de un artículo de la ley de impuesto de bomberos sobre las primas de seguros, se encontró con que debía abonar honorarios de abogados del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y del Estado por la friolera de 128 millones de pesos, a los que debían sumarse otros 17 millones de pesos que se le regularon al perito contador, de acuerdo con un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari. La decisión fue apelada ante la cámara correspondiente.
Para el próximo jueves 12, a través de distintas redes sociales y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se ha convocado a una marcha hacia el Palacio de Tribunales con la consigna “Sin Justicia no hay República”, en procura de un Poder Judicial democrático, transparente, veloz y sin privilegios, y de medidas concretas como la duplicación de los juzgados federales penales. El Gobierno no se ha pronunciado sobre esta convocatoria, aunque podría capitalizar la movilización para impulsar una oxigenación de aquellos juzgados federales.
Mientras tanto, la Casa Rosada sigue con particular inquietud la situación de Lula. Hay quienes en el gobierno argentino ven con agrado la confirmación de que la popularidad o la intención de voto de un político no puede ser obstáculo para detenerlo por delitos en la función pública. Especialmente, cuando la persecución política es empuñada como argumento de exfuncionarios kirchneristas para enfrentar tantas causas penales.
Pero la mayor preocupación del gobierno argentino es que la incertidumbre política no dificulte el proceso de recuperación económica de Brasil. La Argentina tiene mucho para perder, en el actual contexto internacional, si la economía de su principal socio comercial comienza a desandar lo andado, a tan poco tiempo de haber despegado.
La mayor preocupación del gobierno argentino es que la incertidumbre política no dificulte el proceso de recuperación económica de Brasil