Amplían las atribuciones de la oficina de escuchas
La reconvertida Dajudeco realiza análisis financieros, cruces de datos y rastreo en redes sociales
La oficina de escuchas telefónicas ya no es solo una hilera de locutorios oculta, donde se pinchan teléfonos de forma confidencial. Hoy, esa dependencia tiene muchas más atribuciones y mucho más poder.
La reconvertida Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen organizado (Dajudeco), hoy dependiente de la Corte Suprema, ahora se dedica también a realizar análisis financieros, mapas de relaciones, perfiles económicos y rastreos en redes sociales, entre otras facultades para investigar el crimen organizado y la corrupción pública y privada.
Recientes informes de gestión a los que accedió la nacion muestran que la Dajudeco (antes conocida como “ojota”) desarrolló tecnología, sumó personal y creció en sus facultades. Entre otras competencias, busca detectar patrones comunes en bandas criminales, cruzar datos de personas físicas y jurídicas y hacer estudios sobre la administración pública.
Eso se tradujo, durante 2017, en la elaboración de más de 29.000 informes especiales con “datos registrales” e “información asociada”, confeccionados por la oficina a pedido de jueces y fiscales.
La oficina, además, incrementó notablemente la cantidad de teléfonos interceptados. Según reveló el diario El Cronista esta semana, la dependencia intervino a 1941 abonados en 2017, mientras que el año anterior habían sido solo 898. Entre los objetivos que se plantea el organismo figuran proyectos para “mejorar e incorporar software para agilizar las interceptaciones y el análisis de las captaciones”.
Nuevas misiones
Desde que recibió la ex-ojota, el máximo tribunal decidió sumar nuevas competencias a esa oficina. Entre otras, “realizar estudios técnico-jurídicos” y “acceder a tecnologías que faciliten el acceso a nuevos modos de comunicación”, para estar a raya con los nuevos tiempos.
Según los análisis de gestión, la ex ojota creó un “Departamento de Análisis Patrimonial y Financiero” y otro de “Análisis Normativo”. Por requerimiento de un magistrado, la oficina ahora puede efectuar análisis de Nosis y de Veraz de personas bajo la lupa de la Justicia.
“Se llevó a cabo la sistematización de más de 200 cheques y la información patrimonial de 158 personas físicas y una persona jurídica”, ejemplifica el informe correspondiente al segundo semestre de 2017. Además, dice el escrito, “se remitieron oficios a diversos organismos solicitando información respecto de 158 personas físicas y una jurídica”.
Entre los objetivos que asentó por escrito la ex-ojota, en tanto, figura el “desarrollo de software para el análisis de redes sociales”.
Los delitos del Gobierno también son inspeccionados por la oficina de escuchas. A fines del año pasado, se anexó a esa dependencia el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción, que elabora dictámenes y pericias. Está conformado por ocho profesionales: cuatro contadores, tres ingenieros civiles y un abogado. Se espera que ese cuerpo sume más infraestructura y recursos humanos.
Convenios fallidos
A mediados del año pasado la ex-ojota firmó convenios con la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la AFIP para acceder a información clasificada. También hizo un acuerdo con el Ministerio de Justicia para acceder a datos de distintos organismos, como la IGJ, el Registro de Propiedad Inmueble, el Automotor y las bases de datos personales.
Sin embargo, según señalaron fuentes judiciales a este medio, la Dajudeco hasta ahora no obtuvo las claves de acceso para ingresar a esas valiosas bases de datos que atesora el Poder Ejecutivo.
Al tiempo que amplía su radio de influencia, la oficina de escuchas también crece en exposición, sobre todo, tras la filtración de los audios de Cristina Kirchner y Parrilli.
Esta semana, luego de que el Gobierno y el Poder Judicial cruzaran pedidos de explicaciones por el traspié con las escuchas de la expresidenta, uno de los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, cuestionó que la ex-ojota siga bajo la tutela de la Corte Suprema.
El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sin embargo, había dicho al inicio del año judicial que busca consolidar “una oficina de investigación criminal sofisticada”.
Entre los proyectos de la Dajudeco, incluso, está la intención de crecer a nivel territorial y firmar convenios con distintas provincias para implementar un sistema federal de locutorios.