Las tasas municipales, el otro lado del debate tributario
En los últimos años avanzaron las cargas locales; su baja se condiciona a que lleguen más fondos de las provincias
CÓRDOBA.– Después del pacto fiscal que generó un nuevo esquema de reparto de fondos entre la Nación y las provincias y condicionó envíos al cumplimiento de las reglas, se abrió otro debate: el vinculado con las transferencias de los gobernadores a las autoridades de los municipios que plantean que, sin más recursos, no podrán bajar o eliminar tasas que afectan a los contribuyentes.
Hay consenso entre los economistas, al decir que la presión tributaria municipal –salvo en el caso de los inmuebles y los automotores– es indirecta y distorsiva e impacta igual que la de los otros niveles estatales en las decisiones de inversión. En el país hay un “festival” de tasas de municipios y la provincia de Córdoba es la jurisdicción que está a la cabeza. Un trabajo del Iaraf sobre 100 comunas, por caso, detectó 120 gravámenes.
En esta provincia hace tiempo que los intendentes radicales –liderados por el capitalino Ramón Mestre, anotado en la carrera a la gobernación de 2019– critican al gobernador Juan Schiaretti (de muy buen vínculo con el presidente Mauricio Macri) por el reparto de fondos. Y condicionan la baja de la presión tributaria local a más coparticipación de recursos.
“Estamos reclamando que en 15 días nos paguen y ya hicimos reserva de caso federal. Si no nos pagan, vamos a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso extraordinario”, advirtió Mestre.
La clave de la nueva discusión entre gobernadores e intendentes en todo el país pasa por dos puntos. Por un lado, entran en juego los $15.000 millones que, según estima el Iaraf, las provincias recibirán en compensación por las pérdidas que les generan los cambios del esquema de impuestos, y por el otro, el dinero que –mientras existía el fondo del conurbano bonaerense– se repartían 22 provincias (sin dividir con los municipios) y que ahora se volvió a sumar a la masa coparticipable bruta e incluye a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires y al tesoro nacional.
“Si ese dinero se comparte con los intendentes, las provincias terminarán disponiendo de menos recursos que antes del pacto fiscal”, explica Ariel Barraud, del Iaraf. Esa es la pelea de fondo.
Fuentes del Ministerio del Interior (la dependencia que, junto con Hacienda, monitorea el cumplimiento del consenso fiscal) dijeron a la nacion que no solo es “necesario” sino “fundamental” que los municipios reduzcan cargas, pero dejan en manos de los gobernadores “promover” esos cambios. Con ironía, deslizan que “si ya es trabajo coordinar con 24 distritos, hacerlo con todos los intendentes es imposible”.
José Arnoletto, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), comparó el esquema de coparticipación con un “caño con agujeros y derivadores”, que se deben eliminar.
“Hay que tapar las fugas, las acPara ciones no autorizadas. Los recursos se deben coparticipar, habrá que resolver sujetándose al cumplimiento de las normas, pero la solución no es no girar dinero”, apuntó. Advirtió que tampoco es el camino que “la Nación y los gobiernos provinciales paguen obras a los municipios y que los intendentes recauden para gastos corrientes; hay que establecer reglas claras”.
El año pasado Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) calificó a las tasas municipales de “delincuentes”. Dijo: “La imaginación no tiene límites, pero el descaro tampoco. Las municipalidades tienen que sobrevivir, pero ¿a costa de nuestra sangre?”. Catarata de tasas Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), su presidente Rafael Flores insistió en que en los últimos 15 años hubo un incremento del gasto en todos los niveles: “Hay un Estado más pero los bienes y servicios no son el doble de mejores; ese es el problema de fondo”.
Consideró que, especialmente en provincias y municipios, el mayor gasto es por más empleados y, por esa razón, es un gasto rígido. Se buscan “mecanismos para financiarlo, más tasas, más impuestos”, según sostuvo. Y agregó que hay que “frenar” este “esquema perverso” y pensar un mecanismo fiscal que impida que la situación siga y se repita porque “se paga por décadas”.
En Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) determinó que los municipios deberán facturar aparte las tasas que cobran junto con las boletas de luz y agua y pidió a la Nación que vaya en el mismo sentido en el gas. Los intendentes afirman que se caería la recaudación porque la ventaja de cobrar en la misma boleta es que el servicio puede interrumpirse y, entonces, los vecinos pagan.
el director académico del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), Alfredo Schclarek Curutchet, el pacto fiscal dejó en claro que el objetivo es avanzar hacia la baja de la presión fiscal y que eso “incluye a los municipios”.
“Se avanza en la transparencia y en la equidad fiscal, por lo que también necesitamos más federalismo a nivel provincial –agregó–. No solo la Nación avanzó sobre las provincias; por ejemplo, también pasó en Córdoba. Los municipios deben resolver distintas cuestiones fiscales y hay más espacio si reciben ayuda”.
Aunque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia declarando la ilegalidad de algunas tasas, el fenómeno no se frenó. Para Arnoletto es clave que “el ciclo para demostrar esa ilegalidad llega cuando el intendente que la creó ya se fue y eso impacta en otra intendencia. Cobraron, gastaron y otro tiene que pagar”.