Alberto García Lema. “La reforma de la Justicia es un problema político”
Convencido de que hay que modificar las estructuras judiciales con vistas al largo plazo, el jurista cuestiona la politización del Ministerio Público Fiscal y reclama un control sobre las “ovejas negras” del sistema
Alberto García Lema invoca la Constitución a la hora de describir la escena judicial de la Argentina, y lo hace para recordar los modos en que se la incumple. Constituyente por el justicialismo en la reforma de 1994, García Lema fue procurador del Tesoro de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem y conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
“Vengo de una familia antiperonista. Me convertí en justicialista cuando el justicialismo estaba en la oposición, proscripto y perseguido, y no tenía ninguna de las ventajas mal habidas que puede implicar el ejercicio de la política. En los años de gobierno del 73 al 76 fui un secretario letrado de la Procuración de la Nación, un cargo equivalente a juez”, relata quien hasta hace poco, antes de que el presidente Mauricio Macri postulara a Inés Weinberg de Roca, sonaba como candidato del justicialismo –en especial de Miguel Pichetto, el jefe del bloque mayoritario del Senado– a ocupar el cargo de Alejandra Gils Carbó. “Hubiera sido un enorme sacrificio personal volver a la función pública a mi edad pero lo hubiera hecho, hubiera aceptado”.
La politización del Ministerio Público Fiscal en tiempos de Alejandra Gils Carbó, sostiene, produjo un enorme daño. “Es inadmisible que dentro de la organización de un poder que debe tener una alta dosis de independencia y de profesionalidad en el ejercicio de los cargos, sus integrantes estén consumidos por luchas políticas internas”.
En tiempos en los que se debate la reforma del Poder Judicial, el jurista deja en claro que esto requiere acuerdos, consensos y una aceitada coordinación de todos los poderes del Estado y las fuerzas políticas. “Así como la reforma de la Constitución en 1994 fue un problema político, la reforma de la Justicia también lo es”.
¿Por qué cree que la Justicia es la institución con peor imagen pública y la más desacreditada de la Argentina?
La cuestión de tener una buena administración de Justicia está emparentada con el hecho de cumplir con la Constitución. Una de las primeras cuestiones que encontramos es que hay deficiencias en el cumplimiento del sistema constitucional y por eso hay que hablar del Consejo de la Magistratura, que fue creado en la reforma del 94 como garantía de la eficiencia de la administración de Justicia y de la independencia de los jueces y tiene a su cargo el control interno del Poder Judicial.
¿Cuáles son las principales deficiencias?
Una deficiencia importante de las leyes de organización del Consejo de la Magistratura es que no deberían integrarlo los legisladores en ejercicio. Es decir, así como los legisladores tienen que pedir licencia en sus cargos como legisladores para ocupar funciones en el Poder Ejecutivo, deberían pedir licencia de sus cargos si quieren ser miembros del Consejo. La conformación del Consejo de la Magistratura tiene que estar integrada por representantes de los poderes políticos del Estado, por representantes de los Colegios Profesionales y también representantes académicos y científicos. Esa cuestión no se está cumpliendo bien.
Usted fue constituyente en 1994 y una de las cuestiones que esta- bleció esa reforma fue la creación del Consejo de la Magistratura. A la luz de los manejos políticos, los errores y las negociaciones, ¿hubiera vuelto a sugerir un órgano de este tipo?
Sin ninguna duda. El sistema anterior se prestaba a la máxima discrecionalidad política. A los jueces los designaba el Presidente con acuerdo del Senado, sin ningún otro requerimiento y sin ninguna prueba de idoneidad. Era un sistema absolutamente político. La remoción era totalmente política y era casi imposible hacerla porque intervenían las dos cámaras del Congreso con mayorías de dos tercios; los jueces eran prácticamente inamovibles. Es decir, hubo muy pocos casos de remoción de jueces en el sistema anterior. Ahora hay un jury de enjuiciamiento. La creación del Consejo de la Magistratura fue un avance importante; lo que es un retroceso es que haya sufrido tantas modificaciones legislativas y se trate de tener un Consejo de la Magistratura más acorde al gobierno de turno. Tratar de controlar la independencia judicial es una pretensión que no debería tener el poder político.
Ese es el mundo ideal, pero aquí siempre parece haber un abismo entre la teoría y la práctica.
Siempre hay una distancia entre el diseño constitucional y el diseño legal. Lo ideal hubiera sido, a lo mejor, conformar la integración del Consejo de la Magistratura en la propia Constitución, pero no había acuerdos ni mayorías suficientes en ese sentido. El otro cargo que tiene que ver con los derechos de la gente y que, depende del modo en que sea ejercido puede resolver muchas inquietudes, es el del Defensor del Pueblo, un cargo que requiere de prestigio. Ahí la Constitución establece condiciones muy duras para la designación, y requiere dos tercios de los miembros presentes de cada cámara para la elección. Además, establece una duración limitada por cinco años, algo que me parece correcto. Que esté acéfalo hace tanto tiempo habla de que nuestras instituciones no están funcionando bien.
¿Cómo debería llevarse adelante una reforma judicial para que sea profunda y efectiva?
La reforma judicial es fundamentalmente un problema político, como la reforma de la Constitución fue un problema político. Entonces, la reforma judicial requiere un acuerdo del Poder Ejecutivo con el Congreso, en primer término, y un acuerdo entre las fuerzas políticas. Al mismo tiempo, requiere un proceso de colaboración del Poder Judicial para que colabore y ayude a encuadrar esa reforma constitucionalmente. Porque si aparecen reformas judiciales sancionadas por los poderes políticos del Estado (el Congreso y el Ejecutivo), son los jueces los que tienen que decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa situación.
Usted dice que no es un tema que deba encarar solo el poder judicial, sino que requiere de consensos y acuerdos de todos los poderes del Estado.
Sí, cualquier proceso de reforma de la Justicia que esté acorde con la Constitución debe realizarse en un marco de acuerdos políticos de importancia: habría que hacer el mayor esfuerzo tanto en el plano del Poder Ejecutivo como en el Congreso, con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la actividad del Consejo de la Magistratura, para que todo esto confluya en una reforma judicial acorde con nuestra época.
¿Es posible esta reforma política en un contexto de desconfianzas mutuas entre el Gobierno y la Corte Suprema?
Lo que me parece es que, en primer lugar, no están suficientemente aceitados los canales de encuentro político entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El encuadre legislativo, que es la base de toda reforma judicial, no está planteado como una cuestión de política de Estado. Me parece que es importante subrayar el término “política de Estado” porque esto implica acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso que trascienden la esfera partidaria y las coyunturas concretas. Nosotros no tenemos que modificar las estructuras judiciales pensando en el próximo semestre, en el próximo año, sino con una perspectiva de muchos años. Y esto requiere una política de Estado.
El Presidente acaba de nominar a Inés Weinberg de Roca como Procuradora. ¿Le hubiera gustado ocupar ese lugar?
Sí, estaba dispuesto a hacerlo aunque hubiera sido un importante sacrificio personal. Tengo una edad en la que me siento cumplido por la etapa que le dediqué a la función pública. Volver a la función pública después de dos décadas hubiera sido un sacrificio, pero lo hubiera hecho porque creo que el país tiene una batalla principal, que es perfeccionar el mejor andamiaje posible en la lucha contra la droga. Lo cual implica profundizar un diseño del Ministerio Público para que tenga un amplia inserción territorial, especialmente en los barrios o en las villas miserias, en los espacios de asistencia a los sectores más humildes. Para garantizar el acceso a la Justicia y la prevención respecto del uso de las drogas, y para ayudar a la lucha contra los traficantes en esos lugares.
¿Qué otro eje le hubiera gustado impulsar desde la Procuración?
Que no exista política interna dentro de la Procuración. Creo que el gran error de la etapa de Gils Carbó fue generar un proceso interno de división de la Procuración. Es decir, Justicia Legítima actuó como un elemento de apoyo a un gobierno determinado. Es inadmisible que dentro de la organización de un poder que debe tener una alta dosis de independencia y de profesionalidad en el ejercicio de los cargos, sus integrantes estén consumidos por luchas políticas internas.
Cuestiona que se haya partidizado.
Se partidizó y se politizó. Muchas veces se olvida que, de acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público también tiene la función de defender los intereses generales de la sociedad y debe organizar la defensa de los sectores que lo necesitan. Desde ese punto de vista, creo que es una responsabilidad de las cabezas del Ministerio Público atender a los intereses generales de la sociedad en cada momento. Por eso yo compartía la idea de que las cabezas de la institución duren un plazo determinado, cuatro o cinco años. La permanencia indefinida en el cargo, que es válida para el resto de los fiscales porque precisamente tienen que tener una actividad más profesional y técnica que política (creo que no deberían tener actividad política en general o tenerla con muchas limitaciones) es poco aconsejable para las cabezas.
¿Cree que la etapa Gils Carbó dejó marcas que hay que reparar en la institución?
Creo que la principal cuestión que hay que reparar es evitar la división interna del Ministerio Público entre personas que se autodefinan por defender a un gobierno u otro. No sería aceptable ni la defensa orgánica del gobierno anterior ni la del actual. Se debe defender los intereses generales de la Nación y eso debe hacerse en coordinación con los poderes políticos del Estado, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales.
En ese contexto que describe, ¿le parece adecuada la nominación de Weinberg de Roca? Le pregunto porque se la suele describir como una outsider.
No tengo ningún tipo de cuestión negativa respecto a la nominación que ha hecho el Presidente. Me parece una persona con muy buenos antecedentes judiciales y doctrinarios. Con respecto a esta idea de outsider, esto es relativo porque en realidad cualquiera que haya atravesado el ejercicio profesional en forma activa durante tantos años no es un outsider, es una persona que ha vivido activamente los problemas de la profesión judicial y los problemas judiciales. Lo que me parece importante es que los postulados a los cargos tengan una comprensión adecuada de cuáles son las prioridades a atender y a discutir con los poderes políticos del Estado.
Volvemos al inicio de la charla y reformulo: ¿es merecida la mala imagen que tiene la Justicia?
No creo que sea merecida. Creo que la mala imagen de la Justicia Penal y, en especial, de la Justicia Federal, tiñe la imagen de la Justicia en general, que incluye muchos fueros y que funcionan razonablemente bien, aunque hay muchísimo por mejorar. Hace pocos días falleció José María Irigaray, Secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, recordado esta semana por el juez Horacio Rosatti. Es una enorme pérdida. Era una persona dedicada al trabajo, de gran capacidad y trato personal, de absoluta honestidad, todas virtudes que tienen muchísimos jueces. Porque en realidad los que se hacen notar en los medios normalmente son los malos jueces, que son pocos, o los malos fiscales, que también son pocos. En términos generales, muchos cumplen con las virtudes necesarias para actuar. También se necesitan aparatos de control lo más eficientes posibles para combatir a las ovejas negras. Que, como se sabe, las hay en todos lados.