Accidentes de tránsito. Más muertes y miles de familias destruidas
En la Argentina hay un promedio de 100 víctimas mortales por semana y los heridos graves duplican esa cifra; en 2017 se registró uno de los mayores picos de la última década; buscan endurecer las penas
Gonzalo Ruiz tenía 15 años cuando murió al ser embestido por un conductor alcoholizado, mientras estaba dentro de un auto estacionado esperando a su padre. “Los primeros días no sabíamos qué hacer ni adónde ir. No queríamos estar en casa porque lo veíamos en todos lados. El dolor es muy grande, nunca pensamos que nos podía pasar algo así”, recuerda Alejandra, su madre. A un año de ocurrido el hecho, el acusado tiene prisión domiciliaria y en unas semanas será juzgado (ver aparte).
En 2017, el índice de siniestralidad vial en la Argentina aumentó 21,5% respecto de 2016, lo que dejó un 9,2% más de muertos en accidentes y subió en 16,6% los heridos graves. El 40,9% de las víctimas mortales fueron jóvenes de 16 a 30 años, según el Observatorio del Instituto de Educación y Seguridad Vial (ISEV).
Según datos de la asociación Luchemos por la Vida, en la última década, el promedio anual de víctimas mortales rondó las 7000, con variaciones en torno del 10%, cuando se dieron los picos más altos. Esto significa unos 20 decesos por día y más de 100 por semana. Las estadísticas oficiales, en cambio, hablan de 5000 al año. Estas cifras no son solo números, sino que, detrás de ellas, hay miles de familias destrozadas por el dolor que causan estas tragedias en sus vidas.
¿Por qué es tan difícil adoptar medidas concretas? La organización civil Madres del Dolor hizo varias presentaciones en el Congreso para que la ley de tránsito vial sea más dura con los conductores que ocasionen la muerte o lesiones graves a una persona. Sus propuestas, como las de otras asociaciones civiles que tienen el mismo objetivo, fueron escuchadas en el Congreso, luego de años de perseverancia (ver aparte).
Gracias a ello, a fines de 2016, consiguieron importantes cambios en la ley de tránsito vial: el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y estupefacientes fueron considerados agravantes; se aumentaron las penas por homicidio culposo y lesiones graves al conducir, y se cambió la figura de “abandono de persona” por la de “fuga del lugar del hecho”, lo que significa que el responsable será juzgado penalmente si huye, aunque la víctima esté acompañada.
“Aún falta mucho, porque las condenas dependen de la interpretación de cada juez y cuando sentencian a tres años de prisión, puede quedar en suspenso y no hacerse efectiva”, explica Viviam Perrone, cofundadora de Madres del Dolor. Además señala que hay muy poca conciencia entre los conductores de la responsabilidad que tienen.
Hacia un cambio cultural
En los años 90, España tenía 9000 víctimas mortales y desde entonces, lograron reducirlas en un 81%. Las medidas implementadas, básicamente, fueron de control y sanción: licencias de conducir con sistemas de puntos que varían según la conducta vial de la persona, mejor señalización en las rutas, más controles de seguridad y fuertes campañas educativas con testimonios reales de quienes fueron responsables o víctimas de accidentes de tránsito.
El ejemplo español inspiró a la Argentina a crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un organismo que desde su origen, en 2008, diseñó e implementó un programa de políticas públicas a nivel nacional con el propósito de reducir estos siniestros. Pusieron en funcionamiento tres acciones simultáneas: centralizar la información, concentrarse en la prevención mediante campañas educativas y ejercer métodos de control y sanción más efectivos.
Los resultados se hicieron ver muy pronto: entre 2010 y 2013, las tasas de siniestros descendieron abruptamente. Sin embargo, en 2014, la tendencia se revirtió y la curva hizo un camino inverso: hoy estamos con una de las tasas más altas de la última década, según destaca el ISEV.
Eduardo Bertotti, director de ese instituto, es muy crítico con la actuación de la Agencia Nacional en este último tiempo. “Luego de esos años de gran trabajo, todo se relajó y hoy faltan políticas activas para prevenir el problema en vez de asistir sus consecuencias. La transformación definitiva de esa cultura ‘fatal’ por una cultura preventiva solo se conseguirá si hay garantía de continuidad como una verdadera política de Estado. Hoy en día es casi nula”, explica.
Las víctimas
Además de ocasionar muchas muertes, los accidentes viales son una de las principales causas de discapacidad. El grado de morbilidad (lesiones graves) es el doble del de mortalidad, y solo en la Asociación Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI), según sus registros del último año, la cifra de pacientes para rehabilitación por siniestros viales duplicó la del año anterior. Carlos Alberto García fue uno más de ellos. Después de estrellarse con su auto contra un árbol, quedó inmovilizado durante 18 meses; hoy aprende a caminar nuevamente con ayuda de un andador (ver aparte).
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacan la reciente creación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, un espacio de asesoramiento telefónico gratuito. “El daño que sufren estas familias es indescriptible. Y mu- chas veces deben dar la mayoría de las batallas solas. Entendimos que el Estado no puede ser ajeno a esto. Por eso creamos esta iniciativa”, destaca Carlos Alberto Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional, y agrega: “Estar junto a la persona, acompañarla desde lo emocional, lo legal o solucionando las necesidades que tenga en esos momentos tan angustiantes, es solo un pequeño aporte. Nada podrá solucionar ese daño, pero al menos podremos acompañarlos en la contención, en la búsqueda de tranquilidad y justicia”. A su vez, el funcionario remarca la importancia “de continuar redoblando los esfuerzos para que cada vez haya menos incidentes viales donde mueren personas que deberían seguir vivas”.
Ema Cibotti también tiene una postura optimista. Fundadora de la Asociación Civil Trabajar Contra la Inseguridad y la Violencia Vial (Activvas) promueve el debate en torno de este tipo de conductas y cree que el cambio es lento, pero que se está trabajando por alcanzarlo.
“Construir una base de datos es muy difícil porque hay que centralizar la información en un país federal, con provincias y municipios que hacen las cosas según sus legislaciones. Hay que firmar acuerdos para unificar criterios y estos se van gestando lentamente”, sostiene esta madre cuyo hijo falleció tras ser atropellado, y para quien es necesario un cambio cultural.
“Todos tienen que aprender a hacer las cosas de nuevo. No sé cuánto tiempo llevará para que los diputados se convenzan de que un siniestro vial puede ser un delito penal cuando hay muertes y lesiones graves. Algunos de ellos se han reído en nuestra cara cuando decimos que conducir un auto es como manejar un arma”, concluye Cibotti.
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