La imprescindible reforma de la Justicia bonaerense

La gobernadora impulsa diez proyectos de ley para lograr un sistema judicial más rápido e independiente y que contemple las necesidad de las víctimas

El gobierno de María Eugenia Vidal elabora una necesaria y valiente reforma integral del sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires, con diez proyectos de ley. Apuntan, en conjunto, a lograr una Justicia despolitizada, más ágil, con más participación de las víctimas de los delitos en los procesos y nuevos códigos procesales en lo penal, contravencional y civil y comercial.

Es de lamentar que los dos proyectos de ley ya presentados, que constituyen piezas fundamentales de la reforma pues se refieren a un proceso de enjuiciamiento de magistrados mucho más ágil y a la creación de un mapa judicial, no hayan podido ser aprobados en la Legislatura bonaerense debido a las críticas que suscitaron y pese a que el oficialismo tiene allí mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Si bien el gobierno procuró que ambos proyectos se aprobaran en las comisiones sin debate, ante la resistencia debió retirarlos y aceptará que se debatan en las comisiones.

El resistido mapa judicial consiste en poner en marcha un sistema que por primera vez permitirá contar con datos ciertos sobre el volumen de trabajo de cada juzgado y su productividad. Parte de la resistencia que encontró seguramente obedece a sectores interesados en que esa información permanezca oculta, cuando debería ser pública.

Con toda razón, la gobernación bonaerense considera que los actuales códigos ponen el acento en el delincuente y condenan al olvido a las víctimas y sus familiares. Por eso se procura invertir el centro de gravedad y otorgarles presencia a las víctimas.

En ese sentido, el nuevo Código Procesal Penal que se ha proyectado prevé que las víctimas de delitos puedan participar en las decisiones de los jueces antes de que estos resuelvan, por ejemplo, las salidas transitorias y la libertad condicional de un condenado. Según informó el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en el caso de que los jueces no permitan participar a la víctima cuando corresponda, los actos serán nulos.

En lo civil, se buscan juicios más rápidos apelando a la oralidad, y en lo contravencional se crearán nuevas figuras y sanciones, además de la reparación del daño que compense a la víctima de la falta. En lo laboral también se procurarán juicios más veloces, pues cada causa estará a cargo de un juez y no de tres, como en la actualidad.

Se han subrayado los dos ejes de la reforma que la gobernadora quiere dejar en pleno funcionamiento antes de terminar su período, el año próximo. Uno es el normativo y se refiere a los nuevos códigos, y el otro tiene que ver con los actores del sistema. El ministro Ferrari y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, consideran ineludible una marcada mejora tanto en la selección como en la remoción de los magistrados.

Existe en la provincia una fuerte politización de su Poder Judicial. Con el sistema actual se concursa para un determinado distrito y los intendentes tienen sus preferencias. En el futuro, los concursos se realizarán por especialidad y no por la ubicación del juzgado.

En cuanto a la formación, los candidatos a magistrado tendrán que aprobar un curso en la Escuela Judicial de por lo menos un año y medio de duración. En el proceso de selección se filmarán los exámenes orales, y los escritos ya no se ocuparán de la teoría, sino de la resolución de casos prácticos.

Solo el 17% de los argentinos confía en la Justicia. Se trata de un índice que viene menguando cada vez más y que requiere medidas que deben adoptarse con suma urgencia. En el plano nacional se han introducido mejoras, aunque aún resta mucho por hacer. En el bonaerense, los diez proyectos que impulsa la gobernadora estarán sujetos a discusión y a eventuales mejoras, pero es indispensable que, tratándose de un plan amplio, ambicioso y sumamente necesario, las inevitables negociaciones políticas no lo desnaturalicen.

Luego de décadas de gobiernos que sumieron a la principal provincia del país en una mayor pobreza, con más corrupción, narcotráfico y otras formas del crimen organizado, el saneamiento y la reconstrucción que se ha propuesto la gobernadora no podrán llevarse a cabo con éxito sin una Justicia transparente y eficaz.