Pierde terreno el pedido de Lula a la Justicia para salir en libertad
La Corte debe decidir si acepta revisar la jurisprudencia vigente
RÍO DE JANEIRO.– Las posibilidades de que una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) permita la pronta liberación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se debilitaron ayer, mientras que la Justicia negó al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) privilegios en su régimen de visitas.
La expectativa del PT era que el STF analizara hoy rever la jurisprudencia vigente que prevé el cumplimiento de las penas de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como es el caso de Lula. El pedido a la Corte había sido hecho hace ya dos años por el Partido Ecológico Nacional (PEN), pero ayer los dirigentes de esa pequeña fuerza intentaban evitar que el tema fuera llevado al plenario del STF.
“Lo hicimos porque el pueblo lo está pidiendo. No podemos favorecer a Lula; nuestro partido es de derecha. Como no tengo el don de la futurología, no sabía que esa acción declaratoria constitucional serviría para beneficiar al PT”, explicó Adilson Barroso, presidente del PEN, que recientemente fue rebautizado como Patriotas.
Como primer paso, el PEN/Patriotas echó al abogado que había colocado para defender ante el STF el pedido de revisión de la jurisprudencia, Antonio Carlos de Almeida Castro, más conocido por su apodo, Kakay, un excéntrico letrado que ha defendido a muchos acusados de corrupción por la operación Lava Jato, además de contar entre sus clientes a varias celebridades. En su lugar fue designado el abogado Paulo Fernando Mello.
“No consideramos que ese asunto sea urgente. El STF ya decidió más de una vez sobre el tema y nadie estaba preocupado por eso. Solo ahora, delante de la condena a prisión de un poderoso, es que se volvió importante el asunto”, señaló Mello.
Sin embargo, Kakay, el abogado original, entró con un pedido de medida cautelar contra las prisiones en segunda instancia en nom- bre del Instituto de Garantías Penales. Ahora dependerá de la Corte si acepta estos cambios de último momento y debate el tema hoy.
En julio pasado, en el marco de la Lava Jato, el juez Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lo halló culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex como soborno en especie a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno. La defensa de Lula apeló, pero el fallo de Moro fue ratificado por el Tribunal Regional Federal, en Porto Alegre, que además extendió la pena a 12 años de prisión.
Los recursos de habeas corpus preventivos presentados desde entonces por los abogados de Lula para evitar la detención del expresidente no tuvieron éxito ni en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ni en el propio STF, y el jueves pasado Moro firmó la orden de arresto del exmandatario, favorito para las elecciones de octubre.
Detenido desde el sábado en una sala celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, Lula cuenta con un solo día de visitas (los miércoles), además de las reuniones con sus abogados. Pero el PT, que pretende mantener a Lula como candidato, había solicitado que se flexibilizara esa medida y ayer mismo intentó que sea visitado por nueve gobernadores petistas y aliados. La Justicia le negó cualquier régimen especial en ese sentido.
“Ningún privilegio será concedido. No se pueden dar privilegios diferentes al resto de los condenados también en virtud de la organización de la repartición pública donde se aloja”, aclaró Moro.
Ante la posibilidad de que la prisión se prolongue, el PT tiene pensado mudar su comando a Curitiba, y se evalúa agregar a la presidenta del partido, la senadora y abogada Gleisi Hoffmann, como parte del equipo legal y así tener más oportunidades de visitarlo.