Una demanda colectiva por las tarifas espera una definición en la Corte
El máximo tribunal debe resolver una cuestión de competencia entre un juzgado de Junín y uno de la Capital Federal
La Corte Suprema, una vez más, tendrá en sus manos la llave para definir un aspecto legal clave en materia de tarifas. Un nuevo amparo colectivo, que cuestiona la razonabilidad de los aumentos en los servicios públicos, escaló hasta el máximo tribunal, que deberá resolver sobre la competencia del caso.
El municipio de Leandro N. Alem, a través de su Oficina de Defensa del Consumidor, presentó una acción que cuestionó la suba del gas para los usuarios residenciales. La demanda quedó radicada en el juzgado federal de Junín, a cargo del juez Héctor Pedro Plou. Los demandados son el Ministerio de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) y Camuzzi Gas Pampeana SA.
Con su presentación, esa municipalidad tomó la “capitanía” de una nueva demanda colectiva: el juez de Junín inscribió el proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y otras entidades se sumaron a la acción, que adquirió, así, un carácter nacional.
En alerta por este nuevo foco judicial, el Gobierno intercedió para torcer el devenir de la demanda. Los abogados del Ministerio de Energía se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital Federal para pedir que sea esa jurisdicción la que intervenga y no el juzgado de Junín.
El juez Plou rechazó el pedido del Gobierno y mantuvo la competencia en la causa, al tiempo que elevó las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata, para que resuelva la contienda entre jueces de distinta circunscripción territorial.
Pero los camaristas de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, Julio Reboredo, Carlos Román Compaired y Roberto Agustín Lemos Arias, decidieron cuatro semanas atrás que sea la Corte Suprema la que defina la cuestión de competencia. Es decir, si la nueva demanda colectiva por las tarifas queda en manos de un juez de la Capital Federal (como pretende el Gobierno) o en el juzgado de Junín, un tribunal alejado del epicentro del poder político y económico.
Fuentes de la Corte señalaron que aún el expediente no tuvo trámite en el máximo tribunal. Según la documentación de la causa, el 5 de abril se le corrió vista a la Procuración General de la Nación, que debe actuar como fiscal.
Aumentos 2018
Los aumentos en las tarifas que el Gobierno dispuso para 2018 también fueron judicializados. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una ONG de La Plata que mostró afinidad con el kirchnerismo, presentó una acción de incidencia colectiva en nombre de “los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional” solicitando la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por redes a partir del 1° de abril cuando –según los demandantes– la alícuota debería aplicarse recién el 1° de mayo.
“Se encuentran reunidos los requisitos necesarios de viabilidad para una acción de índole colectiva”, falló ayer el juzgado federal N° 2 de La Plata a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, al resolver sobre el nuevo amparo. Agregó que el colectivo se encuentra compuesto por “la totalidad de los usuarios residenciales del servicio público de gas de todo el territorio nacional, al que se le pretenda establecer el nuevo cuadro tarifario a partir del 1° de abril de 2018”.
La Cámara ordenó que las autoridades públicas demandadas –Enargas y el Ministerio de Energía–, en un plazo de tres días produzcan un informe en el que se expidan acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la cautelar.
En agosto de 2016, la Corte puso un freno al primer calendario de aumentos en las tarifas que había impulsado la gestión de Mauricio Macri: obligó a retrotraer los incrementos a los usuarios residenciales y ordenó realizar una audiencia pública previa a la fijación de las tarifas.
La demanda había sido planteada por el Cepis y luego se acumularon planteos similares de la organización Consumidores Argentinos, de particulares y de cámaras empresarias.
Si bien aquella resolución de la Corte zanjó la cuestión de las audiencias públicas, para varias entidades de defensa al consumidor quedó pendiente la razonabilidad de los aumentos. Hoy hay nuevas demandas que apuntan al corazón de esta medida del Gobierno.