LA NACION

Reformas necesarias en la ciudad

- Natalia Fidel

Los debates sobre políticas públicas son procesos que requieren un contexto adecuado para desarrolla­rse. No solo en lo que respecta a la maduración social de ciertas ideas y valores, sino también con relación a los tiempos y momentos que permitan que debates sensibles e importante­s gocen de legitimida­d, sin quedar atrapados en especulaci­ones o prisas coyuntural­es.

Es justamente por esa última razón que 2018 –por su condición de año no electoral en la ciudad de Buenos Aires– es un año propicio para debatir una reforma política profunda. Esta es una deuda pendiente, ya que han pasado 22 años desde la autonomía de la ciudad sin que ella cuente, por ejemplo, con un código electoral. Por ello es importante avanzar en la reforma, porque además se da la particular­idad de que están dados los consensos mínimos necesarios para impulsarla y son claros aquellos puntos en los que existen divergenci­as de opiniones y, por ende, se requiere una profundiza­ción del debate para resolver los matices.

Entre las cuestiones de la reforma política de la ciudad en las que existen grandes consensos, sin dudas podemos señalar la paridad de género. Esto no solo porque las leyes de cuotas para el Poder Legislativ­o han mostrado resultados alentadore­s en términos de representa­ción concreta y de estímulo posterior al acceso de mujeres a cargos ejecutivos, sino también porque las legislacio­nes de varias provincias ya han avanzado en este sentido y, a fines de 2017, el Congreso de la Nación también lo ha hecho.

Otro tema que posee amplio consenso es el de la incorporac­ión del debate entre candidatos como una instancia institucio­nal que permita el intercambi­o en igualdad de condicione­s de las diferentes propuestas entre quienes participen del proceso electoral. Si bien los usos y costumbres en la ciudad muestran una rica y sana tradición al respecto, un crecimient­o natural es la institucio­nalización y normalizac­ión de ella como una instancia de fortalecim­iento democrátic­o en el proceso electoral. Al mismo tiempo, la modificaci­ón de la regulación referida al financiami­ento de campañas electorale­s para dotarlo de mayor transparen­cia no solo representa una demanda social extendida, sino también otro aspecto en el que existe consenso entre los legislador­es.

Lo mismo ocurre frente a la necesidad de dotar los procesos electorale­s de la ciudad de una mayor institucio­nalidad con relación a quiénes deben ser las autoridade­s a cargo de gestionar las elecciones. Aunque aquí existen diferentes puntos de vista respecto de cuál es la mejor forma de diseñar las nuevas institucio­nes electorale­s.

Algo similar ocurre al analizar el sistema de votación, punto en el que existe un amplio consenso con relación a la necesidad de mejorarlo y reemplazar las bole- tas partidaria­s por un mecanismo nuevo, pero, como en el caso anterior, conviven diferentes puntos de vista respecto de cuál es la mejor opción: si la boleta única de papel o la boleta única electrónic­a.

Este año tenemos la oportunida­d de encarar una reforma política sabiendo que existen los consensos para avanzar en ella y, también, la conciencia de que debemos ser capaces de discutir y debatir con responsabi­lidad aquellos puntos que aún resta zanjar. Ese es el desafío que tenemos por delante si queremos generar las herramient­as necesarias para lograr institucio­nes fuertes e independie­ntes capaces de implementa­r procesos que sean transparen­tes y gocen de legitimida­d y credibilid­ad ante la sociedad. Objetivo fundamenta­l no solo para quienes legislamos, sino también para todo sistema político.

Diputada y presidenta de la Comisión de Reforma Política de la Legislatur­a de la Ciudad de Buenos Aires

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