LA NACION

Hipermerca­dos, una crisis con sello argentino.

El principal problema de las cadenas, como Carrefour, ha sido la competenci­a desleal de comercios que compran en negro, evaden y venden sin factura

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El principal problema de las cadenas ha sido la competenci­a desleal de comercios que compran en negro.

Cuando se menciona el “costo argentino”, suele hacerse referencia a las economías regionales, expuestas a los rigores del mercado internacio­nal con sus peras y manzanas, el vino y la miel, la yerba y el maní. Se trata de productos que llevan en su mochila la manifestac­ión fiscal del gasto público, la insaciable avidez de intendente­s y gobernador­es, los escamoteos sindicales, las gravosas obras sociales y otras gabelas extravagan­tes impuestas o bendecidas por el Estado.

Existen otras actividade­s ajenas a las aduanas que sufren el peso del costo argentino cuando compiten con la informalid­ad dentro de nuestras fronteras. La Argentina es pródiga en “zonitas francas” que operan sin pagar impuestos ni declarar su personal. El comercio es uno de los principale­s afectados por estas offshore de tierra adentro, por su ubicuidad, mínimas inversione­s y un público muchas veces complacien­te. Desde “manteros” hasta “saladas” y “saladitas”, locales en la penumbra y galpones sin identifica­ción.

Hace unas semanas, la cadena de supermerca­dos Carrefour abrió un proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. La firma francesa llegó a la Argentina en 1982 y tiene en el país 19.000 empleados, en más de 400 locales. La caída de ventas en todo el sector durante los últimos años la afectó gravemente pues opera con altos costos fijos y bajos márgenes. Luego de arduas negociacio­nes, el Ministerio de Trabajo aceptó reducir cargas sociales y se evitaron despidos, pero salieron a la luz las dificultad­es de sobrelleva­r el costo argentino.

No es un tema menor, porque las cinco principale­s cadenas (Carrefour, Cencosud –con sus marcas Jumbo, Disco y Vea–, Walmart, Coto y La Anónima) emplean a más de 100.000 personas.

En todo el mundo, los hipermerca­dos están en declive por múltiples causas.

En sus comienzos, Walmart y Carrefour lanzaron mundialmen­te sus hipermerca­dos de grandes superficie­s, facilitand­o las compras de familias tradiciona­les. Ahora los jóvenes viven solos, con sus padres o en pareja, dilatan sus matrimonio­s, tienen pocos hijos y compran menos cosas, por Internet o en comercios de proximidad, privilegia­ndo el precio y su comodidad. En Estados Unidos, Amazon ya cubre todas las necesidade­s del hogar a través de su sitio web, desde electrodom­ésticos hasta productos frescos con entrega gratuita, con la ayuda de Alexa, su asistente de voz. El gigante Walmart, en una estrategia de superviven­cia, se ha aliado a Google, desarrolla­ndo el Google Assistant, para competir con Alexa.

Durante el kirchneris­mo, con la inflación rampante, se eligió como principal culpable del aumento de precios a los supermerca­dos, que fueron objeto de viles agresiones, controles y clausuras. En la actualidad, superada la época de las persecucio­nes y con una dramática caída de ventas, los problemas son otros.

Desde 2015 ha tenido lugar una fuerte alteración de precios relativos, con ajuste de tarifas y reducción de subsidios. Antes de ese año, las familias no ahorraban y consumían rápidament­e el sueldo devorado por la inflación y engordado por el bajo costo de la electricid­ad y el gas. Ahora, los consumidor­es son más cuidadosos, se informan de las promocione­s desde sus diarios y sus celulares y eligen en función de los precios. También prefieren comprar bienes durables, como celulares, laptops, automóvile­s y motociclet­as antes que primeras marcas de alimentos y bebidas. E incluso optan por adquirir viviendas con crédito, aunque implique mayor esfuerzo hacia adelante. Lo positivo es que, a pesar de las dificultad­es coyuntural­es, hay proyectos de futuro y pulsión de vida.

En ese contexto, han prosperado los supermerca­dos mayoristas, que ofrecen a sus clientes individual­es (o grupales) productos de marcas propias o segundas marcas a precios más accesibles que los hipermerca­dos, por operar con costos más bajos, en localizaci­ones suburbanas (menores alquileres, menos personal, menor consumo eléctrico, menor rotación).

Pero el principal problema de las cadenas, como Carrefour, ha sido la competenci­a de comercios evasores, muchos de los cuales compran mercadería “en negro”, no tienen personal registrado y venden sin factura. Son las offshore de cabotaje que operan a la vuelta de la esquina, pero con acceso en colectivo. Es cierto que, en muchos casos, son familias modelo de esfuerzo y trabajo, pero eso no las legaliza: quien saca el hombro al país, fuerza a otros a ponerlo.

Adviértase que el llamado “canal tradiciona­l” (autoservic­ios, almacenes, fiambrería­s y tiendas) está compuesto por alrededor de 125.000 comercios, estimándos­e que el 30% de sus ventas son sin ticket.

La dimensión de la presión tributaria, la magnitud de las cargas sociales y los aportes adicionale­s homologado­s por el Ministerio de Trabajo constituye­n un incentivo irresistib­le para la evasión fiscal. Los comercios deben tributar tasas exorbitant­es de ingresos brutos, el impuesto al cheque y al valor agregado. Entre aportes y contribuci­ones a la seguridad social, obras sociales y ART, el costo laboral es el mayor de toda América Latina. A pesar de ello, debe aportarse un 3,5% a la Compañía de Seguros La Estrella para un retiro complement­ario. Y el incomprens­ible 0,5% al Instituto de Capacitaci­ón para el Comercio (Inacap). Para no incluir también el costo logístico (sindicato de Camioneros) y la industria del juicio, montada sobre un sistema judicial parcial, que desnatural­iza el derecho laboral y desalienta a los grandes empleadore­s.

Como ejemplo, si un hipermerca­do y un evasor adquieren mercadería al mismo precio, el segundo podrá venderla un 30% más barata, sin necesidad de invertir dinero en promocione­s, ni publicidad, pues en Argentina la ideología “garantista” también permea el ámbito comercial: si quien evade es un negocio pequeño, no sufrirá clausura, sino una actitud compasiva para reeducar y no sancionar. Entretanto, circulan miles en efectivo por las cajas registrado­ras y por los bolsillos de algunos inspectore­s.

Lamentable­mente, provincias y municipios solo piensan en aumentar la presión fiscal para no reducir sus gastos excesivos y su clientelis­mo crónico. Emplean a tres millones de argentinos, triplicand­o la cantidad que trabaja a nivel nacional. El Gobierno acordó con las provincias la reducción gradual del impuesto a los ingresos brutos, principal tributo en casi todas las provincias. En ese acuerdo, se puso un techo del 5% a las alícuotas para comercio y servicios, que estaba muy por encima de las vigentes. Con una picardía rayana en la deshonesti­dad, muchas provincias vieron el resquicio legal y en lugar de reducir el impuesto, lo aumentaron hasta ese techo. Salta pasó del 3,6% al 5%; Misiones del 3,5% al 4,5%; Tucumán del 3,5% al 5%; Río Negro del 3% al 5% y Tierra del Fuego del 3% al 3,5%. Neuquén realizó un incremento escandalos­o, al 6,5%.

Los municipios también desvalijan al comercio con tasas que son impuestos, como seguridad e higiene. En muchas jurisdicci­ones se aplica como porcentaje de la facturació­n de las empresas, en lugar de suma fija, vinculada al costo de la prestación. A ella se suman tasas de registro y contralor, de abasto y de publicidad y propaganda. Además de tasas sobre las tarifas de energía, sumando llovido al mojado.

Por más vueltas que le demos, el costo argentino es la causa última de la evasión y de las dificultad­es de quienes deben competir cumpliendo con las leyes. Lo saben bien los industrial­es cuando combaten el contraband­o, se quejan por el dumping, reclaman por el atraso cambiario y

Si un hipermerca­do y un comercio evasor adquieren mercadería al mismo precio, el segundo podrá venderla un 30% más barata y sin necesidad de invertir dinero en promocione­s ni en publicidad

aborrecen los tours de compras a Chile. Buena parte de los argentinos aplaude el gradualism­o, los planes sociales, las obras sociales sindicales, la inflexibil­idad laboral, los jubilados sin aportes y la preservaci­ón del empleo público, pero nadie quiere pagarlos a través de precios más caros. Cuando existe la oportunida­d, compran “en negro”, “bagayean” del exterior o usan el resquicio que fuere para pagar menos.

Entretanto, los hipermerca­dos, que eran campeones del empleo, ahora buscan reproducir el formato de sus competidor­es, adoptando modelos de negocios que impliquen menos personal, menos cargas sociales, menos juicios laborales y menos problemas sindicales. Como si dar trabajo fuese la “mancha venenosa” de los negocios en Argentina: líneas de cajas sin cajeros, 0800 que no atienden, banca virtual, voces grabadas, robotizaci­ón creciente y expansión del e-commerce. Fenómeno simétrico a las toneladas de expediente­s que atosigan los tribunales de aquel fuero.

Finalmente, el hilo se corta por lo más delgado: el empleo. Pues el resto de los costos son exigidos por el Estado o defendidos por los sindicatos. Si bien la reestructu­ración de Carrefour (y de otras grandes cadenas) podría explicarse en función de las tendencias mundiales, es absurdo que, en un país con un millón y medio de desocupado­s, cuatro millones de empleados “en negro” y más de diez millones de pobres, se fuerce a reducir empleos como si se tratase de Estados Unidos o Alemania.

Quizás sea cierto que los responsabl­es de Carrefour en Argentina tardaron en darse cuenta de la inviabilid­ad de un esquema comercial con numeroso personal y cumplimien­to estricto de las normas fiscales. La rentabilid­ad por metro cuadrado es una vara inflexible en esta actividad y al momento de evaluar la gestión gerencial, hay explicacio­nes que no son excusa. Pero es lamentable que el costo argentino y su correlato, la evasión generaliza­da, obliguen a reformular la estructura de grandes empresas para adecuarse a reglas de juego que contrarían los objetivos más alardeados por todos los políticos y dirigentes sociales: la inclusión de los marginados mediante la capacitaci­ón y el empleo regular.

Sin duda, se trata de otra crisis con sello argentino, para engrosar el manual de nuestros desatinos.

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