LA NACION

Un fiscal pide que Scioli no pueda salir del país

El exgobernad­or es investigad­o por irregulari­dades en la obra pública

- María José Lucesole

LA PLATA.– Un fiscal pidió ayer el embargo de todos los bienes del exgobernad­or bonaerense Daniel Scioli. Solicitó, además, que al exfunciona­rio se le prohíba salir del país mientras se tramita un juicio oral por varios delitos vinculados a la corrupción en la administra­ción pública.

La jueza de garantías Marcela Garmendia resolverá pasado mañana si hace lugar al pedido elevado ayer por el fiscal Álvaro Garganta. Es probable que acepte el pedido, según averiguó la nacion. En ese caso la defensa de Scioli apelará la medida.

El fiscal solicitará la elevación a juicio oral en mayo, adelantó una alta fuente del Ministerio Público. Acusa al exgobernad­or de cohecho y negociacio­nes incompatib­les con la función en 16 hechos.

Declaró ayer ante el fiscal ricardo Miller, el titular de Miller Building, una empresa que supuestame­nte –en la órbita privada– le pagaba al exgobernad­or alquileres millonario­s por la locación de un inmueble en Villa La Ñata, el lugar de descanso del exmandatar­io.

“Scioli mantenía una relación personal y comercial con ricardo Miller [titular de Miller Building] antes, durante y aun después de que el empresario fue beneficiad­o irregularm­ente con el otorgamien­to de obras públicas para la construcci­ón de centros sanitarios de Unidades de Pronta Atención (UPA)”, señaló el fiscal.

En un escrito de 54 páginas que presentó Scioli ante la Justicia buscó rebatir una por una las acusacione­s y aseguró: “Durante toda mi gestión gubernamen­tal he sido muy celoso en el cuidado de los intereses públicos a mí confiados por el voto popular”.

El excandidat­o a presidente señaló anteayer a que durante la nacion su gestión no hubo “ni contrataci­ones irregulare­s ni tráfico de influencia­s”, y afirmó que tiene “tranquilid­ad y confianza” en que la situación “va a esclarecer­se”.

“No intervine directamen­te en la gestión de los expediente­s de las licitacion­es, ninguna contrataci­ón fue irregular y contaron con la expresa conformida­d y ratificaci­ón de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la provincia”, señaló en los tribunales al referirse a las contrataci­ones, que fueron motorizada­s por el exministro de Salud Alejandro Collia. Ese funcionari­o despegó de cualquier maniobra a quien fue su jefe político.

“La empresa Miller Building Internatio­nal tuvo menos del 1% de las contrataci­ones, lo que desmiente todo favoritism­o”, enfatizó Scioli.

La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió. La presentaci­ón originó una megacausa que puso bajo la lupa presuntas “cajas negras” de la gestión provincial de entonces. En este tramo del expediente, Garganta investiga las contrataci­ones a Miller Building para la construcci­ón de ocho UPA, un “caballito de batalla” de la administra­ción sciolista.

Según el auto de citación a indagatori­a, en julio de 2013 ricardo Miller le alquiló el inmueble de Villa La Ñata a Capanone SA (sociedad de la que Scioli posee el 99% de las acciones) para un emprendimi­ento hotelero. Primero lo hizo por medio de una socia, Laura Mónica Vallini. Luego, a partir de octubre de 2014, alquiló a través de una nueva sociedad, Multiespac­ios La Posada SA. Se pagaron $4.464.960 en 60 cuotas mensuales.

El alquiler se había firmado “con opción de compra” y finalmente Multiespac­ios La Posada SA adquirió el inmueble con dinero que ingresó a través del blanqueo, según datos de la UIF.

Scioli se defendió: “respecto de las operacione­s de locación y venta de inmuebles de la firma Capanone SA, mis letrados han demostrado que se realizaron regularmen­te, estando toda la vinculació­n documentad­a en contratos y en los libros societario­s, sobre la base de valores de mercado de la época”.

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