Procuran decomisar los bienes de un narco tras su muerte
Se trata del abogado Carlos Salvatore
ROSARIO.– Carlos Salvatore, uno de los narcos argentinos más importantes, murió ayer en el hospital Argerich, de Buenos Aires, luego de que se agravara un problema cardíaco por el cual era tratado en el penal de Ezeiza, donde estaba alojado tras haber sido condenado a 21 años de prisión por uno de los mayores contrabandos de cocaína: el del caso conocido como Carbón Blanco.
Fuentes judiciales adelantaron a la nacion que el fiscal Federico Carniel pedirá hoy al Tribunal Oral de Resistencia el decomiso de los bienes del fallecido abogado. El funcionario tomará esta medida para evitar que las propiedades y las cuentas de Salvatore entren en juicio de sucesión y el Estado pierda la potestad sobre unos $900 millones.
Salvatore debía enfrentar en Chaco un juicio por lavado de dinero que fue suspendido como consecuencia de un recurso presentado por la defensa ante la Cámara de Casación. Estaba previsto que el debate comenzara dentro de dos semanas.
El abogado narco pidió en varias oportunidades a la Justicia poder cumplir la condena en su chalet del barrio de Belgrano R. Alegaba que era el único lugar donde podía estar a salvo. Luego fue enviado al sanatorio Los Arcos, en Palermo, donde tras una intensa disputa judicial que se extendió por cinco meses retornó al hospital del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Salvatore fue sentenciado en 2015 en Resistencia a 21 años de prisión por liderar una organización que realizó contrabandos de cocaína a España y a Portugal camuflados en cargamentos de carbón vegetal. Se detectaron tres embarques que contenían más de una tonelada de droga destinada al mercado europeo. Junto con él fueron condenados Patricio Gorosito, a 19 años, y Juan Carlos Pérez Parga y Héctor Roberto, a 17; Rubén Esquivel recibió una pena de 12 años.
Con el dinero presuntamente originado en la venta de drogas a gran escala Salvatore realizó centenares de inversiones. El juzgado federal de Resistencia le trabó un embargo de $1500 millones. Con posterioridad la Cámara Federal fijó la suma en $900 millones, que es el supuesto monto lavado por Salvatore. La Justicia había detectado que Salvatore y su entorno familiar manejaban más de 60 empresas.