No banalizar la violencia ni proteger al terrorismo
Resulta destacable el pedido de una jueza española para juzgar a terroristas de la disuelta ETA como autores de crímenes de lesa humanidad
La jueza española Carmen Lamela ha solicitado a la Sala en lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía juzgar a cuatro hombres de primerísima línea de la disuelta organización terrorista ETA. Los acusa de crímenes de lesa humanidad.
El procedimiento fue iniciado en 2013 con una denuncia de Dignidad y Justicia, asociación que se creó en 2005 con el objetivo de asegurar la derrota de ETA en todos sus frentes. El tribunal se halla presidido por Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, que era fiscal jefe de ese cuerpo judicial de segunda instancia cuando fue asesinado por ETA, en octubre de 2000.
La jueza de primera instancia atribuye a la banda terrorista la comisión de los delitos de asesinato y secuestro como parte de un plan sistemático contra la población civil. La denunciante estimó probado ese plan con los sucesivos comunicados de ETA en los que esta justificaba sus atentados en la negativa de las víctimas a abandonar definitivamente el territorio vasco; avisaba, además, que cometería nuevos crímenes si no acataban sus órdenes.
La Justicia española consideró que había motivos suficientes para atribuir a los cuatro etarras los asesinatos del exconcejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Isaías Carrasco; de los operarios Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, y del empresario Ignacio Uría. Dice la magistrada que los imputados impartieron a los autores materiales las correspondientes instrucciones desde una estructura real de dominio en la que se adoptaba un régimen interno equivalente a la disciplina militar.
El antecedente reviste singular relevancia moral y legal en la Argentina. En estos momentos la Cámara Federal de Rosario debe decidir si el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y finalmente asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) luego de un horrible cautiverio, es de lesa humanidad o no.
Al considerar de lesa humanidad los crímenes etarras y aplicar de tal modo el derecho y la jurisprudencia internacional, la jueza negó valor sustancial alguno a que ETA hubiera carecido de apoyo del Estado español o de control territorial. Consideró esencial, en cambio, que estuviera acreditado el ataque sistemático a la población civil en función de un plan criminal.
Al respecto, es importante significar que en España la organización terrorista asesinó a 843 personas en casi medio siglo de acción. En la Argentina, entre el ERP, Montoneros y otras bandas terroristas, en solo diez años asesinaron a 1094 personas, colocaron 4380 bombas, secuestraron a 756 personas e hirieron a otras 2368. Así consta en el minucioso relevamiento oficial del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas (Celtyv), de creciente predicamento en la sociedad. Esas cifras escalofriantes pueden leerse de esta otra manera: cada tres días, durante diez años, moría en nuestro país una persona asesinada por terroristas.
Luego de la muerte de Mario R. Santucho, Juan Arnold Kremer, imputado como autor mediato del crimen del coronel Larrabure, asumió la jefatura del buró político del ERP. Desde allí dispuso del dominio sobre la vida y la muerte de aquel oficial superior del Ejército. Así lo ha confesado Kremer en el libro Símbolos y fantasmas, de Germán Ferrari, donde narra que propusieron a Larrabure que se ganara la libertad dando cursos de fabricación de explosivos, pero “Larrabure se puso en patriota y dijo que jamás iba a colaborar… Ya no sabíamos más qué hacer, estábamos en tensión. Venían los compañeros que decían ‘es una situación insostenible’”.
Consciente de los horrores generados por la Guerra Civil Española con la pérdida de cientos de miles de personas, España no permite malversar la historia ni el derecho, ni efectuar la pública apología de la violencia terrorista. Esto es lo que lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Argentina desde hace tiempo.
Sería impensable que en España se dictara una resolución como la que firmó el ministro del Interior del presidente Cámpora y procurador general de la Nación a comienzos del kirchnerismo para prohibir a los fiscales considerar de lesa humanidad los crímenes de la guerrilla. O que organizaciones de derechos humanos españolas reivindicaran a los terroristas etarras que en 1987 causaron 21 muertos en el atentado contra un supermercado de Barcelona, o a los que mataron a cinco niños, al desplegar su irracional violencia contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en 1987.
En la Argentina la irracionalidad y el menosprecio de las lecciones de la historia han llegado a tal punto que el 24 de marzo de 2017, en manifestaciones públicas de sectores de izquierda, se ensalzó la sangrienta militancia del ERP, las FAR y Montoneros. Fue otra bofetada al dolor de las víctimas del terrorismo guerrillero que jueces y fiscales no deberían consentir. Bastaría para eso aplicar las convenciones de Ginebra de 1949, que son ley en nuestro país, y que impiden atentar masivamente contra civiles inocentes.