Pedirán al Congreso que revise la ley que protege los hielos
Bergman respaldó la tarea del glaciólogo Ricardo Villalba, procesado tras el derrame en Veladero
Antes y después de la presentación del Inventario Nacional de Glaciares, el ministro Sergio Bergman debió explayarse sobre el procesamiento penal (en la causa iniciada por los derrames de cianuro de la mina Veladero) del investigador del Conicet que impulsó y condujo la mayor parte del relevamiento, Ricardo Villalba, un científico reconocido internacionalmente.
“Nosotros avalamos el trabajo del doctor Villalba y del Ianigla, pero como en este momento hay aspectos que están en controversia [en particular, las dimensiones mínimas que debe tener una masa de hielo para ser incluida en el inventario], queremos ratificar el criterio técnico que se utilizó, que no es discrecional, sino un estándar internacional, y vamos a propiciar, no en el ámbito del Ejecutivo, sino en el ámbito legislativo, que se discuta cuál es esa superficie mínima. No queremos entrar en el debate abstracto, pero tampoco quedar en la incertidumbre. No es cambiar la línea, sino darles la tranquilidad a los técnicos y profesionales, y también al Estado nacional, de que han cumplido con su función”.
Bergman anticipó que el ministerio a su cargo pedirá al Parlamento que precise los criterios técnicos que deben orientar la inclusión de los cuerpos de hielo en el inventario. Por otro lado, descartó que la norma impida la producción minera. “La ley de glaciares es clara. El Presidente ha establecido que nosotros tenemos que apoyar el desarrollo sostenido, no en contra del ambiente ni de la salud de la gente, pero nos tenemos que desarrollar, tenemos que crecer. Las provincias son autónomas. Por lo tanto, a partir de ahora, que el inventario está planteado como corresponde según la ley, habrá que remitirle a cada jurisdicción provincial los impactos que tienen sus actividades. Esperamos que los gobernadores nos digan si el inventario junto con la ley y su interpretación tienen la calidad meridiana para definir qué tipo de actividades se pueden desarrollar. No queremos terminar judicializando aquello que tiene que dejar en claro a priori. Queremos que el Parlamento haga el debate que tiene que hacer. De esta manera tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo estamos en condiciones de someternos a la ley, otorgándoles a las provincias el derecho de definir qué es lo que hacen, pero también estipulando qué es lo que no pueden hacer”.