Demandados por la Ciudad, hay vecinos que no festejarán
En 2012, frenaron las obras iniciales de la estación, en la Plaza Intendente Alvear; les reclaman $24.000.000
Con bombos y platillos el gobierno porteño celebra la inauguración de la estación Julieta Lanteri de la línea H del subte, junto a la Facultad de Derecho, en la Recoleta. Pero para algunos vecinos no hay nada que festejar.
Se trata de Sonia Berjman, Santiago Pusso y la ONG Basta de Demoler, a quienes en 2013 el gobierno porteño demandó por $24.000.000, luego de que frenaran, mediante un amparo, las obras iniciales de esta estación, que se ejecutaban en la Plaza Intendente Alvear, catalogada como Área de Protección Histórica 14 (APH) por su valor patrimonial, a unos 100 metros de su actual ubicación.
La Legislatura había aprobado originalmente que la estación se hiciera en la Plaza Francia, comprendida por Pueyrredón, Del Libertador, Levene y Agote. Pero en 2012, el gobierno inició las obras en la plaza lindera, la Intendente Alvear, diseñada en 1897 por el paisajista Carlos Thays y protegida por una legislación que impide excavarla, alterar su diseño y talar su arbolado.
Berjman, Pusso y Basta de Demoler reclamaron ante la Justicia, que dictó una medida cautelar y detuvo
los trabajos. Luego, en los Tribunales, en reuniones con la Ciudad y la empresa Sbase –que ejecutaba las obras–, los amparistas propusieron que la estación se construyera en el espacio que ocupaba el estacionamiento del Centro Municipal de Exposiciones, junto a la Facultad de Derecho. Exactamente en ese lugar es que hoy se inaugurará la nueva estación.
¿Por qué el gobierno demandó luego a los amparistas por daños y perjuicios si la Justicia determinó que su reclamo era legítimo? El argumento oficial fue que “promovieron una traba infundada con la única intención de obstruir los trabajos, ya que luego abandonaron voluntariamente el litigio”, apuntaron entonces fuentes oficiales.
En aquel momento, Berjman, Pusso y Basta de Demoler dejaron de impulsar el reclamo de fondo “en vista de que el gobierno procedió a relocalizar la estación”, afirmaron. Sonia Berjman, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y La Sorbona, calificó de “irracional” la acción que todavía hoy impulsa la Ciudad y consideró que con la ubicación definitiva de la estación se le da a ella la razón de manera fáctica. Explicó que su salud se vio severamente afectada por la causa judicial en su contra: “Pienso que me voy a morir como consecuencia de la demanda. Y que el gobierno porteño no va a ceder hasta que me muera”, dijo.
La Procuración General, que defiende a la Ciudad, explicó que se
intentó poner fin a este pleito mediante una declaración conjunta y un acuerdo que satisficiera a todas las partes. Incluía que lo demandados debían hacerse cargo de sus propias costas del juicio. Agregó que la propuesta fue aceptada por dos de las partes, pero no por Berjman; Andrés Gil Domínguez, abogado de Berjman, y Martín Zapiola Guerrico, defensor de Pusso y Basta de Demoler, lo desmintieron.
Además, rechazaron que cada demandado se hiciera cargo de sus costas. Según Gil Domínguez, “que la estación se inaugure en el sitio propuesto por Berjman y Pusso y persista la demanda millonaria contra ellos es una contradicción cabal”. Zapiola Guerrico dijo: “La Ciudad castiga a sus héroes”, y agregó que el fin de la demanda es “desalentar la participación ciudadana”.
Santiago Pusso, integrante de Basta de Demoler, defendió la nueva ubicación de la estación: “Se restauró la Plaza Intendente Alvear y se inauguró la estación en un espacio que no tenía un valor como espacio verde, porque era un estacionamiento”.
Como se dijo, la causa judicial sigue su curso. Los demandados presentaron una excepción de falta de legitimación por considerar que “no se puede demandar a una persona por ejercer un derecho ciudadano”. El planteo fue rechazado en primera instancia y, luego de ser apelado, también en la Cámara de Apelaciones. Resta la definición del Tribunal Superior de Justicia.