Armas sin control, un tema que preocupa al gobierno provincial

Se puso en marcha un plan de entrega voluntaria; el “mercado negro”, en la mira

ROSARIO.– El Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) diseñaron un nuevo plan de desarme voluntario en Santa Fe, donde se estima que hay unas 300.000 armas en manos civiles. Ese número surge de la estimación de que por cada arma registrada hay una ilegal. En la provincia hay 100.313 usuarios registrados que declararon 164.559 armas, según publicó el diario La Capital. Eso es, aproximadamente, el 10% de usuarios y armas registradas oficialmente a nivel nacional.

Se estima que el 30% de quienes poseen tenencia y portación legal de armas tienen sus licencias vencidas. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe quiere endurecer el castigo contra quienes conserven armas sin habilitación. Es un problema que excede a la provincia: de hecho, el anteproyecto de Código Penal de la Nación que una comisión de especialistas presentará en la Casa Rosada el mes próximo también prevé que la portación ilegal de armas de fuego sea un delito no excarcelable.

El plan de desarme voluntario que se puso en marcha en Santa Fe es muy parecido a anteriores y sigue los pasos del que está vigente a nivel nacional. El Estado ofrece 3000 pesos a quienes entreguen sus pistolas, revólveres y escopetas, estén o no debidamente registrados ante la Anmac.

La convocatoria es para todos los civiles, sean o no “legítimos usuarios”, y no es necesario acreditar identidad. Las armas recibidas serán destruidas en presencia de la persona que realice la entrega; luego de un proceso administrativo y del correspondiente chequeo con el Poder Judicial, las armas recibidas por el Estado terminarán siendo incineradas en un horno de alta temperatura.

Pero al margen de que se pondera el efecto de los programas de entrega voluntaria por su efecto en el freno a la proliferación de armas y como estímulo en cuanto a la concientización de la sociedad, lo que más preocupa hoy a las autoridades provinciales y nacionales es el mercado negro, que provee de estas herramientas para matar tanto a delincuentes comunes como al crimen organizado.

Al menos en Santa Fe no hay una sola causa judicial en la que haya pistas firmes de quiénes mueven este mercado millonario. Tampoco hay pesquisas que revelen cómo consiguen municiones aquellos que no tienen permisos legales para tener armas.

El jueves pasado, la Policía de Investigaciones (PdI) realizó allanamientos en Rosario y en Pérez destinados a sacar de circulación armas que están en poder de la población civil de manera ilegal. Fueron incautadas cuatro armas de grueso calibre en esos operativos. En los últimos 25 días fueron detenidas 18 personas por tenencia ilegítima de armamento e incautadas 28 piezas. El ministro Maximiliano Pullaro dijo en una conferencia de prensa que la intención es avanzar sobre grupos “precriminales”, es decir, cuya organización es incipiente.

“Nos preocupan los homicidios producto de la violencia; teníamos una tendencia a la baja en los últimos dos años y no queremos superar el índice de violencia de 2017, que fue el más bajo del siglo. La tarea conjunta con las fuerzas y con el Ministerio Público de la Acusación va en esa dirección: que la tendencia sea la misma que tuvimos el año pasado, y sentimos que eso está pasando, que la violencia disminuye, aunque lamentablemente en algunos momentos tenemos focos de explosión. Que no queden dudas de que vamos a ir por las armas, pero también seguiremos activando la persecución penal para que las personas que cometan homicidios en Rosario, en Santa Fe y en el ámbito de toda la provincia vayan presas: el que las haga las tendrá que pagar”, afirmó Pullaro.