Justicia peruana, ejemplo a imitar
Adiferencia de lo que sucede en nuestro país, la Justicia peruana evidencia diligencia cuando se trata de perseguir los bienes mal habidos de los responsables de la corrupción que afecta a su sector público. Lejos de demorar o buscar excusas para no caer con el peso de la Justicia sobre el dinero o los activos de los responsables del saqueo del erario público, han sabido poner las herramientas legislativas y judiciales al servicio del castigo ejemplificador para quienes desde la función pública violaron sus más elementales deberes y responsabilidades.
Debido a que el expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, líderes actuales del Partido Nacionalista Peruano, recibieron en el pasado dineros de pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, un fiscal incautó cinco propiedades del matrimonio. Entre ellas, su residencia.
También decomisó las casas de la madre del expresidente y de una amiga de la exprimera dama. Los inmuebles deberían ser entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Además, se está actuando contra las cuentas bancarias del exmatrimonio presidencial peruano. La esposa de Humala y su madre, así como su hermano, están siendo investigados desde hace tres años mientras que el expresidente lo está desde hace dos.
El matrimonio Humala estuvo con prisión preventiva durante unos meses, la que le fue revocada recientemente.
Merece destacarse y aplaudirse la rapidez con la que la Justicia peruana está actuando en este capítulo de la corrupción, a partir de normas específicamente dirigidas a tratar que el Estado peruano pueda recuperar lo enajenado por la corrupción.
Lamentablemente, en nuestro país, seguimos sin sancionar la ley de extinción de dominio, destinada a recuperar los bienes de origen ilícito. Esa norma es una herramienta imprescindible en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, las esperanzas de poder contar con tal instrumento se desvanecen en la Argentina, muy probablemente como consecuencia del temor de parte de la dirigencia política a que esa ley se le vuelva en su contra.
La corrupción es un problema serio y extendido en Perú. Tanto es así que, además de las investigaciones que apuntan al presidente Humala, presunto beneficiario de aportes ilegales a su campaña electoral de 2011, hay otras investigaciones en torno del también expresidente Alan García por supuestos aportes a su campaña de 2006, y a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, por dineros recibidos para evitar su destitución en 2013.
Por otra parte, otra investigación apunta directamente a la jefa de la oposición, la encumbrada parlamentaria Keiko Fujimori. El expresidente Alejandro Toledo, que vive en el exterior y es considerado prófugo de la Justicia, también está sospechado de haber recibido sobornos para adjudicar la construcción de la carretera interoceánica a Odebrecht. Esto pone en evidencia que, en las últimas décadas, demasiados líderes políticos peruanos hicieron de la corrupción una práctica habitual. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, la Justicia no demora su actuación y nos confirma una vez más que es posible, como en Brasil, caer con todo el peso de la ley sobre los corruptos y recuperar lo robado para beneficio, en última instancia, de la población, y también para el justo castigo de los culpables.