Los pasajeros del subte, otra vez rehenes de una pugna sindical

Un grupo de gremialistas, con la clara intención de debilitar al Gobierno, desató hechos de violencia que perjudicaron a 700.000 usuarios

El derecho de huelga exige ciertos requisitos para ser encuadrado dentro de la legalidad. Ninguno de ellos se verificó anteayer. En los túneles se generó un verdadero piquete para buscar la represión policial y justificar el paro

Un paro sorpresa en el servicio de subterráneos coronó una serie de ceses de actividades que se vienen sucediendo desde hace un mes, pero lo ocurrido anteayer colmó la paciencia ya que una protesta violenta interrumpió el servicio y terminó perjudicando a más de 700.000 pasajeros al convertir la ida al centro y el regreso en un caos.

Más grave aún es que se trató, en verdad, de una pugna gremial y, al mismo tiempo, de un claro intento de debilitar al gobierno nacional generando un clima de desorden.

Sin embargo, en esta oportunidad las autoridades porteñas reaccionaron con firmeza y celeridad, y ayer el servicio se desarrolló con normalidad.

Es inadmisible desde todo punto de vista que un reclamo salarial por las paritarias planteado por un pequeño grupo de gremialistas como el que anteayer cortó la circulación de las formaciones de la línea H, termine en un cese absoluto de actividades en todas las líneas, sorprendiendo a los usuarios de un servicio esencial, que en ese momento se encontraban en los vagones, y descalabrando el funcionamiento de la ciudad.

Un grupo de delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsp), entidad que carece de personería gremial, pero actúa como si la tuviera, decidió perjudicar a centenares de miles de usuarios. Para ello, cortó la circulación de la línea H ubicándose sobre las vías frente a una formación para impedirle continuar la marcha. Fue una manera de ejercer la violencia de forma extorsiva y lo hizo bajo la dirección del secretario adjunto, Néstor Segovia, afín al kirchnerismo. Se trató, como señaló este diario, de un piquete bajo tierra.

Cumpliendo órdenes, la policía despejó las vías y detuvo a Segovia y a 16 delegados. Todos recuperaron la libertad en la noche del martes.

Pero bastó la intervención policial para que aquello que había comenzado como una protesta en una línea, se convirtiera en un paro total de las líneas del subte. Nuevamente, los pasajeros fueron convertidos en rehenes y víctimas de una lucha que les es por completo ajena, pues en el fondo –y esta es otra de las vergüenzas del caso–, se trata de una puja gremial para quedarse con una caja y, de paso, perjudicar al Gobierno.

La pulseada gremial se agravó el 14 de marzo pasado cuando, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia declaró nula una resolución del Ministerio de Trabajo que databa de cuando el kirchnerismo aún estaba en el gobierno y que había otorgado personería gremial a la Agtsp, donde predominan la izquierda y el kirchnerismo. Esta asociación, que reúne a los metrodelegados, procuró entonces pelearle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la representación de los trabajadores del subterráneo. La personería gremial no solo le permitía a la Agtsp mantener negociaciones salariales con el gobierno porteño y con Metrovías, la empresa concesionaria, sino retener la cuota sindical en los salarios de los trabajadores.

Tras el fallo de la Corte que le quitó la personería gremial a la Agtsp, la UTA volvió a tener el monopolio y siguió cultivando las relaciones civilizadas con el gobierno porteño. El problema radica en que los metrodelegados superan en número a los enrolados en la UTA.

El derecho a la huelga exige ciertos requisitos para ser encuadrado dentro de la legalidad. Ninguno de ellos se verificó anteayer. En los túneles se generó un verdadero piquete para buscar la represión policial y, con ella, justificar el paro de todos los servicios y complicar al gobierno porteño y al nacional, para lo cual no solo se hizo caso omiso de las necesidades de los ciudadanos, sino que se buscó adrede su perjuicio para alimentar el descontento. Una bajeza y un nuevo abuso a los que hay que ponerles fin.