LA NACION

La Procuració­n efectuó 40 traspasos interinos de fiscales

El sucesor de Gils Carbó avanzó con una serie de designacio­nes que generan fuertes controvers­ias

- María Belén Álvarez Echazú

Los problemas que tiene el Poder Judicial para llevar adelante la designació­n de jueces no son ajenos al Ministerio Público Fiscal. Las vacantes, generadas por licencias y renuncias, suelen “desequilib­rar” la capacidad de respuesta del organismo que reúne a los fiscales de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad y, por ello, cada gestión –sin excepción– ha recurrido al uso de designacio­nes discrecion­ales para sanear la “excesiva demora” de los concursos oficiales.

Desde su llegada a la cabeza de la Procuració­n General de la Nación a fines de noviembre, el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, hizo mérito a sus antecesore­s y firmó cerca de 40 resolucion­es que establecie­ron las designacio­nes interinas de fiscales, según surge de la propia consulta a la base del Ministerio Público Fiscal.

“Correspond­e a quien esté a cargo de la Procuració­n General de la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilita­r un mejor aprovecham­iento de los recursos disponible­s y favorecer, así, la defensa de los intereses por este Ministerio Público Fiscal”, repite en cada resolución.

La mayoría de las designacio­nes interinas fueron por licencias médicas y renuncias de los titulares de las fiscalías para “acogerse al beneficio jubilatori­o” o la designació­n en otra fiscalía por haber ganado un concurso oficial. El doble trabajo generó desde “designacio­nes rotativas” hasta rechazos por “motivos personales” y de “salud”.

Ahora bien, algunas decisiones del reemplazan­te de Alejandra Gils Carbó fueron objeto de crítica por sospechas de “motivacion­es políticas”.

Más aún, según fuentes de la propia Procuració­n consultada­s por la

nacion, hay quienes ven una suerte de “preparado de cancha” para que el próximo jefe de los Fiscales no lleve adelante “el trabajo sucio de la limpieza de gestión”.

Allí, a la espera y en primera fila, se encuentra inés Mónica Weinberg de Roca, hoy titular del Tribunal Superior de Justicia porteño y candidata del presidente Mauricio Macri para la Procuració­n.

Solo hace unas semanas, el Poder Ejecutivo envió hace unos días el pliego al Senado, que ya cuenta con algunas objeciones: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Abuelas de Plaza de Mayo y las referente del GEN, Margarita Stolbizer.

Traspasos polémicos

La resolución que generó más polémica en los últimos meses fue el desplazami­ento del fiscal cercano a Gils Carbó, Juan Pedro Zoni: Casal anuló su traslado definitivo a una de las fiscalías federales de Comodoro Py por estar “viciado de nulidad absoluta” y lo designó interiname­nte como titular de otra fiscalía.

El fiscal que llegó a imputar al presidente Mauricio Macri en la causa sobre el Correo, y conocido integrante de la agrupación Justicia Legítima, impugnó sin éxito la decisión de Casal.

Zoni argumentó que “hay otras designacio­nes similares a la suya” y que no habría un “trato igualitari­o” con su desplazami­ento. A lo que Casal respondió: “La alegación de que existan otros actos de traslado análogos o idénticos de por sí no le da derecho a que se lo restituya en una situación que se considera irregular”.

otra medida del jefe de los fiscales interino que generó rechazos, incluso desde el propio frente Cambiemos, fue el traslado del fiscal federal subrogante de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, a la fiscalía federal de Santa Rosa, mientras lideraba la investigac­ión de causas por corrupción contra exfunciona­rios kirchneris­tas y varios secuestros extorsivos. otro fiscal relacionad­o a Justicia Legítima.

La designació­n del fiscal ante el fuero de la seguridad social, Juan Carlos Paulucci, como fiscal interino ante el fuero laboral también es tachada de “política”. inclusive, le valió un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados para que vaya a dar explicacio­nes por su “irregulari­dad”.

Según la diputada Vanesa Siley (Unidad Ciudadana), firmante del proyecto, la designació­n de Paulucci tiene dos problemas. Por un lado, implica la designació­n de un fiscal del fuero federal al ordinario y, por otro, un conflicto de interés latente: es el hijo del secretario de Seguridad Social de Jorge Triaca.

En este caso, el procurador interino Casal basó su decisión en la crítica situación que atraviesa el fuero laboral, agravada por las últimas renuncias: “La mitad de las dependenci­as de primera instancia se encuentran vacantes”.

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