La Rural sostiene que la compra del predio ferial fue una operación “a derecho”
El presidente de la entidad explicó que la operación consistió en un acuerdo con el gobierno de Menem
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, señaló ayer que la entidad “compró a derecho” el predio de Palermo, en 1991. El referente de la entidad agropecuaria rechazó, de esta manera, cualquier posibilidad de que prospere el reclamo del Estado, que exigirá la devolución del predio ubicado en una zona estratégica de la ciudad.
“Se compró a derecho”, señaló Pelegrina, en declaraciones a Radio Continental. El titular de la Sociedad Rural añadió que hubo “una oferta del gobierno de entonces” [encabezado por Carlos Menem] y que esa oferta era tanto para la entidad como un eventual otro interesado. El dirigente dijo que los abogados de la corporación están siguiendo el tema, pero remarcó: “Está todo aclarado”.
Las declaraciones radiales de Pelegrina fueron una respuesta a la intención del Gobierno de reclamar ante la Justicia la devolución del predio ferial, tal como informó la nacion en su edición de ayer. “Al Gobierno le viene bárbaro esta causa. Es un baño de populismo”, se desquitaron desde la Rural ante la consulta de la nacion.
El reclamo por el predio es el principal reclamo del juicio oral y público que comenzará el 6 de junio próximo contra el expresidente Menem y el exministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por 30 millones de dólares en 1991. Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, según los cálculos del Gobierno.
“El Estado se ha negado a recibir el saldo del precio porque entiende que, como la compraventa está en duda, no corresponde seguir con el pago. Las cuotas se pagaron ordenadamente hasta la crisis de 2001, cuando surgieron diferencias que estaban siendo negociadas”, sostuvo Ezequiel Cassagne, abogado de la entidad.
La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Sociedad Rural que hicieron la operación que el Estado considera realizada “a precio vil”, sino que también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado.
“La cuestión vinculada al precio es absolutamente disparatada porque ya ha sido probada y lo demostraremos durante el juicio. El precio no fue vil, fue un precio justo. No es solamente el monto fijado [30 millones de dólares], sino también, lo más importante, una serie de cargas que la Rural viene cumpliendo en forma completa y que son: las inversiones exigidas [otros 70 millones de dólares] y el aporte al Estado del 5% de la recaudación bruta de todas las actividades del predio”, argumentó Cassagne.
El letrado, además, agregó que “la Sociedad Rural, que es una entidad sin fines de lucro, no sacó ninguna utilidad de la explotación del bien en estos 27 años. Toda la utilidad fue destinada a pagar el préstamo del Banco Provincia para hacer frente a las inversiones en el predio, crédito que ya se pagó en su totalidad”. La causa judicial
El caso está a la espera del juicio oral que pondrá en marcha el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 dentro de diez días. Los acusados, además de Menem y Cavallo, son dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis de los bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.
La elevación a juicio también alcanza al exdirector de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta, y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez, del Banco de la Nación Argentina. También a exfuncionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires involucrados en la tasación.
La nómina se completa con el entonces presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, y el empresario agropecuario y exsecretario de la Rural Juan Alberto Ravagnan. Los procesados están acusados del delito de peculado por sustraer un predio de dominio público para su supuesta venta ilegítima para un privado, un delito que prevé una pena de hasta diez años de prisión.