Lucha anticorrupción en la región: muchas normas, poca transparencia

América Latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia público-privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento y que se unifiquen criterios en los diferentes países

La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:

Ella: –Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?

Él: –Sí. Pero es preferible tener una refinería que nada.

Ella: –Pero podríamos tener dos. Él: –No hay voluntad política. Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos reales”, según sus autores, de El mecanismo, la nueva serie de Netflix basada en el libro Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación

que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del expresidente de Brasil Lula da Silva, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora norteamericana Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de la corrupción, del crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero) que circula por América Latina. Ante la consulta, señala: “Las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los US$147.000 millones anuales y las que ingresan a la región, a US$257.000 millones”.

La corrupción no solo es materia de “peces gordos”, sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del gobierno Federal de México, reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.

A nivel empresario, según el último informe anual “Report to the Nations”, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), en América Latina y el Caribe el 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una media de US$100.000 en “coimas” para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la ce pal, tenía en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y

62 millones en la pobreza extrema. Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los diferentes países a través de la mirada de expertos locales, es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América Latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre: Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos, respectivamente, son los países que mejor califican. El resto está en la zona roja y los números lo prueban.

Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción público-privada la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta la quita de la persona jurídica de las empresas. Hay países que, sino tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hocen los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la preven y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica.

En la Argentina, a principios de

2018 entró en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de hasta “2 a 5 veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, las multas llegan, para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción, hasta 200.000 salarios mínimos, es decir, US$54,27 millones. En Perú existe la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas sobre delitos de cohecho activo transnacional y la ley 30.737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al

20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. También un descuento del

1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad, y además las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de

2016, se tienen registradas 1603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la ley de contratación pública.

Un “decorado anticorrupción”

A pesar de las normas, “estamos mal”, dice, al referirse a la región, la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ratificó las convenciones internacionales y aprobó leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción y de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whistleblowers y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un “decorado anticorrupción” y falta de implementación de las normas en muchos países”.

Es cierto que existen hitos que gen eran expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los expresidentes peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, y otros. En la Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo con el matrimonio Kirchner un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual conforman hoteles 5 estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

La operación Lava Jato, iniciada en

2014 y aún en curso, tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción involucrando a los principales nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma

183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, exdirectores de la empresa estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por cerca de R$6400 millones (más de US$1700 millones). El resarcimiento pedido y

las multas aplica das llegan ar $38.100 millones (unos US$10.400 millones).

La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La gran pregunta es: este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo?

La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”, dice, y afirma que se dan de tres maneras distintas:

1-Modelo “campeones”, como el de Brasil. “El gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se van o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?”, se pregunta.

2- Modelo “paraguas internacional”, como en Honduras y en Guatemala, donde se desbancó a presidentes y vicepresidentes, y se encarceló a funcionarios. “El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo (por ejemplo, alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA), que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países, porque cada uno tiene sus normas”, dice.

3- Modelo “¿me conviene?” En la Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no hicieron nada, cuando cambiaron las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la Justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. “En muchos países, para investigar algo en el extranjero la Justicia recurre a procedimientos del siglo XIX, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez que dice me

falta un dato… y vuelven a las cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresas offshore a la distancia de un clic”, dice. Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero funciona de manera parcial, porque no se nombró al fiscal anticorrupción y, por ello, los delitos relacionados con la materia no están vigentes. En Venezuela, solo se tiene la ley contra la corrupción, que si bien tiene un amplio alcance, establece pocas normas dirigidas al sector privado, por ejemplo, sobornos al sector público.

Las pérdidas, millonarias

En Brasil, la consultora Inter B, solo sobre la base de las obras públicas de infraestructura –foco de la corrupción en el país–, estima que el costo directo de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre R$1,5 billones y R$3,2 billones, es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.

De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI, es decir que de cada 100 pesos que genera la economía, nueve se destinan al pago de sobornos o “mordidas”. Por otro lado, la encuesta de fraude y corrupción de KPMG re porta que 44% de las empresas en méxico realizan pagos extra oficiales a funcionarios públicos. A Perú le cuesta más de US$3600 millones al año, según la Defensoría del Pueblo. Es decir, US$10 millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se estima que en Colombia equivale aproximadamente al 5% del PBI, es decir, unos US$15.000 millones. Por eso, el gobierno promulgó en octubre de 2016 la ley de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción contra la administración pública. En tanto, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en la Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en US$2500 millones por año. Y sigue la lista.

“Este delito afecta los negocios porque se incrementan los costos de operación y se crea por contagio un ambiente degradado, donde el paradigma es que “los honestos no tienen lugar” o que “para hacer esto, debes dar lo otro”, dice Carlos Rozen, director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. “Los recursos productivos son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan”, dice, y hace un llamado a que existan condenas aleccionadoras que pongan en evidencia que el costo del delito “resulta más alto que el beneficio que se obtiene”.

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