Vidal, preocupada por la caída de la actividad
Desde el peronismo sugirieron que la provincia se haga cargo de los subsidios a las empresas de servicios; pero la atención de la gobernadora está puesta en el freno de la economía
No es la eventual reducción en los fondos para obra pública. Tampoco tener que hacerse cargo del financiamiento de AySA, Edenor o Edesur, como exigen los gobernadores del PJ. El gobierno de María Eugenia Vidal mira con preocupación otros dos nubarrones en el horizonte económico: el traslado de la suba del dólar a los precios de los alimentos y, sobre todo, que el nivel de actividad general se enfríe demasiado por la suba de tasas adoptada para frenar la turbulencia financiera.
El primer punto quedó en claro la semana pasada, cuando la gobernadora advirtió que iba a “mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen un componente importado en sus productos”.
La advertencia generó revuelo porque recordó el libreto del secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno y, por tanto, fue interpretada como un signo de desesperación de Cambiemos. Pero cerca de la gobernadora no dudan en seguir defendiendo esa movida: “Lo hizo porque alguien debía hacerlo. Alguien debía llamar la atención y convocar a la racionalidad a los empresarios”.
Con la misma convicción señalan que la mayor preocupación pasa porque no se derrumbe el nivel de actividad y consumo.
“Vamos a tener un impacto, eso no se puede negar, lo importante será que sea acotado en el tiempo y en su profundidad. Para eso habrá que buscar una salida para bajar las tasas de referencia, que no pueden seguir mucho tiempo en el 40%”, señaló a la nacion una fuente con acceso a la mesa ultrachica que desde que se inició la corrida cambiaria se reserva las conversaciones económicas con la Casa Rosada: la integran Vidal; el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, y el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza.
Mientras no haya definiciones desde la Casa Rosada y el Fondo Monetario Internacional, el resto de los ministros y secretarios bonaerenses tampoco tendrán una hoja de ruta sobre eventuales ajustes o cambios de rumbo. Quizá por esa incertidumbre sea que hoy se respira menos optimismo en las segundas y terceras líneas que en la cúpula del poder bonaerense.
Los intendentes de Cambiemos, por su parte, temen que una reducción de la obra pública les haga pagar un costo electoral en 2019. “Si hoy hay 50 obras en los municipios oficialistas y 30 en los peronistas, van a cortar nuestras obras, porque no se van a resignar a entregar la elección en La Matanza o Lomas de Zamora”, razonaban en un despacho de Pro.
En La Plata cortan de cuajo esas especulaciones. Continúan sin dar por cierto el recorte de $7500 millones en obras para la provincia que se hizo a partir del anuncio del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, de eliminar $30.000 millones en obras nacionales.
“No solo ese número no existe hasta tanto se defina el acuerdo con el FMI, sino que no impactará en 2018. Y si llegara a impactar en 2019, a valores actualizados sería apenas un 10% de la obra total, porque la provincia invierte casi $40.000 millones propios en obras y la Nación, otros $30.000 millones”, explican cerca de Vidal.
Reconocen, eso sí, que el impacto podría ser otro si avanzara el proyectos de la ley de equidad federal de servicios públicos que el peronismo impulsa en el Congreso para que la Nación traspase los subsidios a AySA, Edenor y Edesur a los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Vidal.
“Nos encanta ser federales a la hora de gastar, pero unitarios a la hora de recaudar”, les endilgó Lacunza a los gobernadores del PJ la semana pasada. Detrás de ese razonamiento se anticipa el argumento que Vidal esgrimirá si avanza el proyecto del PJ: que Buenos Aires sigue aportando el 37% de la recaudación nacional, pero recibe el 21% de la coparticipación federal, incluyendo la parte que recuperó del Fondo del Conurbano.
“El planteo sobre Edesur y Edenor nace equivocado: no solo porque son empresas privadas, sino también porque ya no hay subsidios sobre la distribución de la energía. Lo que se mantienen son los subsidios a la generación y son iguales para todo el país. Lo mismo sucede con el gas”, indican en La Plata.
La situación cambia con AySA. No solo porque ya motivó conversaciones entre la Casa Rosada, la Ciudad y la provincia, sino también porque la empresa (que sí es pública: 90% del Estado y 10% de los trabajadores) recibió en 2018 US$500 millones de la Nación para obras que, en su mayoría, se ejecutan en el conurbano.
Si el proyecto se sancionara, Vidal exigirá que AySA sea traspasada junto con los fondos para obras.
Por detrás de estas preocupaciones se extiende un mar de encuestas que no solo ponen al presidente Mauricio Macri en su peor nivel histórico, sino también a Vidal cayendo unos 10 puntos en promedio. Pero todavía por encima (muy lejos en el caso de Vidal) de cualquiera que aspire a destronarlos. Eso, y la fe en que Macri no trasladará a su principal socia electoral el peso del ajuste, ayuda a templar los ánimos menos predispuestos en los pasillos de La Plata.