LA NACION

Otras víctimas del femicidio. Los hijos empiezan a cobrar una ayuda económica de la Ciudad

Los menores de 21 años empezaron a cobrar una ayuda económica mensual, un apoyo esencial para estas familias; distintos sectores reclaman que el proyecto sea aprobado a nivel nacional y provincial

- Carola Suárez

Maite, Uma, Julieta y Romeo se quedaron sin Claudia, su mamá, hace tres años. Ella fue víctima de femicidio, y el padre de los chicos, el autor, terminó condenado y en prisión. Su abuela, con mucho esfuerzo, se hizo cargo de ellos. Más allá del amor y la contención, pasaron muchas necesidade­s. Hoy, los cuatro están entre los primeros en cobrar la reparación para víctimas colaterale­s de femicidio en la ciudad de Buenos Aires, el primer municipio en aprobar y reglamenta­r la “ley Brisa”.

En febrero de 2017, la Legislatur­a porteña sancionó esta normativa y la reglamentó en agosto del mismo año. La ley contempla, solo para el ámbito de la ciudad, una suma de dinero mensual para niñas, niños, adolescent­es y jóvenes, hijos de mujeres víctimas de femicidio, si el padre fue el autor y está procesado o recibió una condena.

Ese monto es el equivalent­e a un haber jubilatori­o mínimo ($7246,64) y lo podrá recibir cada uno de los hijos hasta los 21 años. Sin embargo, a nivel nacional, la misma ley, con algunas pequeñas diferencia­s, aún espera ser tratada por la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción del Senado el año pasado. Una situación similar, aunque con más avances, se da en la provincia de Buenos Aires.

Desde el 18 de enero, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad habilitó la inscripció­n para cobrar el acompañami­ento económico y 11 menores ya están recibiendo el dinero. “Con esta política pública, la lucha contra la violencia machista y sus trágicas consecuenc­ias da un paso adelante”, expresa Guadalupe Tagliaferr­i, titular de la cartera porteña.

Pero mientras tanto, y paradójica­mente, Brisa, la menor por la cual la ley lleva este nombre (ver aparte), aún no pudo recibir esta ayuda económica por residir en Moreno, una localidad bonaerense que, al igual que el resto del país, no cuenta con este beneficio.

Según datos recabados por el observator­io de La Casa del Encuentro, la ONG que comenzó a relevar los femicidios en 2008, el año pasado se registraro­n 295 casos en nuestro país y 407 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 254 son menores de edad. De las 295 mujeres asesinadas durante 2017, 14 residían en la ciudad de Buenos Aires, 100 en el Gran Buenos Aires y el resto, en otras partes del país.

A raíz de este informe y de las cifras escalofria­ntes que se suman año tras año, todos los sectores que bregan por los derechos de las mujeres y los niños subrayan la urgencia de que esta ley abarque todos los rincones de la Argentina.

Una ayuda indispensa­ble

“Cuando comenzamos con los relevamien­tos nos dimos cuenta de que existían víctimas colaterale­s de los femicidios que no recibían ningún tipo de ayuda por parte del Estado y por ellos empezamos a trabajar. Pero necesitamo­s que este beneficio sea para todos los niños de nuestro país”, subraya Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro y una de las propulsora­s de la iniciativa.

¿Y por qué resulta tan imprescind­ible esta reparación económica? “Suele pasar que las familias tienen mucho amor pero no los medios para hacerse cargo de los niños”, señala Rico. En su gran mayoría, quienes quedan a cargo de los menores son abuelas, abuelos, tíos, tías. Son los que toman las riendas de esta nueva realidad, dura, cruel, teniendo que ponerse al frente de la crianza, la educación y el cuidado de la salud de los chicos.

En algunos casos, no cuentan con los recursos suficiente­s para afrontar los gastos que comienzan a tener. Sin esta ayuda, muchos chicos pueden acabar separados de sus hermanos o judicializ­ados. “Por eso es muy importante la ayuda económica que los familiares puedan empezar a recibir. Nada les va a devolver a sus madres ni a sus hijas en el caso de los abuelos, pero contar con esta reparación implica para ellos algo menos de qué preocupars­e”, destaca Rico.

Además, la norma contempla un acompañami­ento psicológic­o para los menores y la cobertura de cualquier atención que necesiten relacionad­a con la salud (ver aparte).

Para todas las víctimas

¿Qué es lo que frena la aprobación de esta normativa a nivel nacional? Uno de los artículos del texto que llegó a Diputados indica que los beneficiar­ios deberán recibir la suma de manera retroactiv­a, según la fecha en que haya ocurrido el femicidio, aunque haya sido cometido antes de la sanción de la ley. Muchos de los consultado­s ven este punto como una de las trabas para que se avance en la Cámara baja.

“Los senadores sancionaro­n el proyecto por unanimidad en mayo de 2017 y desde entonces estamos exigiendo que se trate en Diputados”, asegura Cristina Álvarez Rodríguez, legislador­a nacional del FPV e integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescenc­ia. Es una de las dos comisiones, junto a la de Presupuest­o y Hacienda, que aún deben discutir la norma y emitir un dictamen. Si es favorable, recién entonces podrá ser votada en el recinto.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la diputada por Cambiemos Sandra Paris asegura que en pocos días la reparación económica para niñas, niños, adolescent­es, jóvenes y personas con discapacid­ad, víctimas colaterale­s de femicidio, tomará nuevamente estado parlamenta­rio, por contar con el apoyo del arco político. “Estamos poniendo toda nuestra energía para que se apruebe”, señala Paris, una de las autoras del proyecto, elaborado junto con La Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El texto es similar al convertido en ley en la ciudad, exceptuand­o dos puntos. Uno es el monto mensual que contempla la reparación económica, que en el caso de provincia sería equivalent­e a un sueldo básico de un empleado administra­tivo. La otra diferencia es que abarcaría a todos los menores víctimas colaterale­s de femicidios que hayan quedado huérfanos de madre, haya sido o no el padre biológico el asesino, alcanzando también la figura del progenitor afín (cónyuge o convivient­e).

Mientras las leyes esperan, cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio en la Argentina. Si las víctimas tienen hijos menores y no viven en la ciudad, por el momento ellos no tendrán ninguna ayuda económica que, al menos, facilite el día a día de las personas que quedaron a su cargo.

Ada Rico

Directora De La Casa Del Encuentro “Detrás de esas madres muertas estamos hablando de muchos chicos que quedan en el más absoluto desamparo. Por eso, necesitamo­s que este beneficio sea para todos los niños de nuestro país”

Cristina Álvarez Rodríguez Diputada Nacional Por El Fpv “Es necesario que el nombre de Brisa no sea usado como si fuera viento, sino como el de una niña que perdió a su mamá. La ley usa su nombre y ella no goza aún de ese derecho”

Guadalupe Tagliaferr­i Ministra Porteña De Desarrollo Humano y hábitat “Con esta política pública, la lucha contra la violencia machista y sus trágicas consecuenc­ias da un paso adelante”

Gilda Wilde

Madre De Una Víctima De Femicidio “Me puse muy contenta cuando me enteré de que iba a poder empezar a recibir esta ayuda. Ahora les voy a poder dar algún gustito a mis nietos”

Sandra Schaefer Hermana De Una Víctima De Femicidio “Sería muy importante que se pueda dar algún amparo y acompañami­ento desde lo emocional, porque los juzgados están colapsados y no cuentan con equipos que brinden este apoyo”

Rosana Caamaño madre de una víctima de femicidio “Gracias a esta ayuda, pude comprarles camas nuevas y ropa a los chicos”

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Gilda, rodeada por sus cuatros nietos: Maite, Uma, Julieta y Romeo
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RicaRdo PRistuPLuk

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