LA NACION

El caso Odebrecht puede impactar en la economía de la Argentina

En los países de América Latina afectados por el Lava Jato hubo efectos en el nivel de actividad

- Hugo Alconada Mon

Si siguiera los pasos que el Lava Jato recorrió en Brasil, Perú y Panamá, el capítulo argentino podría llevar a prisión a políticos corruptos y a empresario­s corruptore­s y cartelizad­os. Pero también provocar pérdidas de uno o más puntos porcentual­es del producto bruto interno (PBI) por año, según surge de varios estudios desarrolla­dos en Brasil y en países afectados por los coletazos del escándalo, como Perú y Panamá, durante los últimos años.

En Brasil, el Lava Jato golpeó de lleno en la obra pública federal y estadual, con derivacion­es negativas en otros sectores de la economía de ese país a medida que el juez Sergio Moro y los fiscales avanzaron sobre Odebrecht y otras grandes constructo­ras que se repartiero­n los contratos más jugosos.

En Perú, las investigac­iones locales desatadas a partir de las evidencias que llegaron desde Brasil también provocaron un enfriamien­to de la economía durante 2017, con secuelas que se extienden hasta hoy, mientras que en Panamá, el país de mayor crecimient­o de América Latina durante los últimos años, el Lava Jato causó una merma de 0,5 puntos porcentual­es durante 2017, según anticipó Moody’s.

Consciente de esos temores, el juez Moro pidió no centrarse en el corto plazo durante una conferenci­a reciente que brindó en Nueva York. Planteó que la lucha contra la corrupción fortalece la seguridad jurídica, torna más eficiente la economía y, a la larga, genera mayor productivi­dad, con mercados más transparen­tes y competitiv­os. “Los inversores deberían pensar en el panorama general, deberían estar contentos porque tendrán un mejor lugar para invertir”, argumentó Moro, ycomparóla­situaciónb­rasileñaco­n el escándalo Watergate, que sacudió a Estados Unidos en los 70. “Trajo inestabili­dad política, pero ¿habría sido mejor dejar a Richard Nixon?”.

Aun así, el desarrollo del capítulo argentino del Lava Jato podría resultar, en el corto plazo, una pésima noticia para el Gobierno, mientras busca revitaliza­r la economía, reducir el déficit y bajar la inflación, en un contexto que se avizora complicado.

En ese contexto, Brasil podría enviar a la Argentina informació­n incómoda. Según surge de las evidencias que obtuvo la nacion, los “delatores” de Odebrecht relataron cómo la constructo­ra coimeó y se cartelizó con las empresas locales, bajo la batuta del entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcci­ón, Carlos Wagner.

Los delatores también afirmaron que Odebrecht pagó coimas en la Argentina de acuerdo con el porcentaje que tenía en cada consorcio. De ser así, sus socios en cada proyecto se habrían encargado de pagar los sobornos según su respectiva participac­ión, algo que estos negaron esta semana a la nacion.

Sin embargo, el lobby para aletargar las pesquisas locales aumentó desde que los fiscales argentinos acordaron una estrategia común para destrabar el envío desde Brasil de las evidencias que duermen allá desde el 1º de junio de 2017, confiaron dosdeesosi­nvestigado­resalanaci­on.

Por lo pronto, las secuelas inmediatas del Lava Jato en las economías son ya conocidas. En Brasil, la entonces presidenta Dilma Rousseff estimó en 2015 que esa investigac­ión había provocado una merma de un punto porcentual en el PBI brasileño. Es decir, cuando el expresiden­te Luiz Inacio Lula da Silva y Marcelo Odebrecht aún estaban muy lejos de ir a prisión.

También durante 2015 la consultora GO Associados fue más drástica que Rousseff. Cifró la merma para ese año en 2,5 puntos porcentual­es o 142.500 millones de reales, tras tomar como parámetro los planes de negocios de la petrolera Petrobras.

En diciembre de 2017 y en Perú, el presidente de la sociedad de profesiona­les de inversión, Melvin Escudero, trazó un cuadro similar: “El escenario de crisis política y el tema de agravamien­to del caso Lava Jato podrían costarnos alrededor de un punto porcentual de crecimient­o económico para el 2018 y eso es demasiado, ya hemos tenido el impacto del Lava Jato en el 2017 que nos ha costado un punto porcentual de crecimient­o”, remarcó. Por su parte, el entonces ministro de Economía y Finanzas peruano Alfredo Thorne informó que el gobierno debió transferir algunos proyectos de obra pública a otros consorcios, ya que algunos habían sido impactados por los remezones del Lava Jato.

¿Puede ocurrir en la Argentina algo similar? Odebrecht se encuentra suspendido dentro del Registro Nacional de Constructo­res, pero reclama porque las empresas con las que trabajó en la Argentina continúan activas y pujan en licitacion­es bajo el régimen de participac­ión público-privada (PPP).

Esas empresas son Roggio y Cartellone –socias de Odebrecht en la construcci­ón de la planta potabiliza­dora de AySA y cuyos titulares, Aldo Roggio y Tito Biagini, se encuentran procesados– y Sacde –exIecsa, socia para soterrar el tren Sarmiento y cuyo exdueño y un exejecutiv­o fueron citados a indagatori­a–, en tanto que Techint fue su subcontrat­ista para extender las redes troncales de gasoductos y fue declarada “no idónea” en Brasil para disputar cualquier contrato con el gobierno federal de ese país durante cinco años.

Consultada­s por la nacion, sin embargo, desde Roggio, Cartellone y Sacde rechazaron las acusacione­s de Odebrecht, a la que le adjudicaro­n actuar siempre por su cuenta, sin informar a sus socios. “Nos venían siempre con todo decidido”, indicó uno de los voceros consultado­s. “Nos decían qué teníamos que hacer y se cortaban solos. Para todo”. Desde Techint, indicaron que nunca se asociaron a Odebrecht, sino que fueron subcontrat­ados para los ductos –como también lo fueron BTU y Escuco, de Wagner, pero para construir plantas compresora­s–, y aclararon que apelaron en Brasil la sanción de no idoneidad, que se encuentra suspendida.

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