Usos políticos de la conversación pública

cambio cultural. Al proponer el debate sobre la despenalización del aborto, el Gobierno muestra que sabe leer su propio tiempo

También en el tema de la inseguridad el Gobierno sabe leer una preocupación de su electorado

La cultura puede ser vista como una forma de distracción o de ocultamiento de los verdaderos problemas

El actual gobierno eligió llamar “conversación pública” al debate político que tiene lugar en el espacio público, y en el que propuso dar un lugar subsidiario a la voz presidencial: “bajarle el volumen”. También ha preferido llamar “cambio cultural” al proceso reformista que lleva a cabo desde diciembre de 2015. Antes de que la crisis cambiaria ocupara toda su atención, en los primeros meses de 2018 lanzó dos discusiones fundamentales que podrían ser pensadas como parte de esa conversación pública y de ese cambio cultural. Nos referimos a la discusión sobre los límites del accionar policial en el combate contra el delito y al debate legislativo sobre la legalización del aborto. Ambas se alejan de los conflictos por la distribución de recursos económicos a los que veníamos acostumbrados, y que probablemente, en contra de lo que el propio Presidente había propuesto al inicio de las sesiones legislativas, ocupen buena parte de la escena en los meses que vienen. ¿Qué nos dice ese planteo “cultural” sobre la naturaleza de la coalición Cambiemos?

Si la sociedad, a través de sus representantes, no es invitada a debatir sobre el rumbo económico a largo plazo –en este terreno el Gobierno suele utilizar el argumento de “no hay otro camino posible”–, es interpelada, al menos, sobre el cambio cultural. La cultura puede ser vista como una forma de distracción o de ocultamiento de los verdaderos problemas, vinculados en esas interpretaciones con la marcha de la economía y sus impactos en los diferentes sectores sociales. De ese modo, se puede concebir la acción de los gobiernos en ese terreno como mascarada.

Pero también puede ser pensada como otro terreno donde se juega la definición provisoria del modo en que la sociedad organiza sus relaciones, interpreta sus épocas vividas o en curso, se proyecta al futuro y define una cierta imagen de sí misma y de lo deseable e indeseable para sus miembros. Esa definición se produce, en parte, en lo que el Gobierno llama conversación pública, y que aquí preferimos llamar debate político, ya que no se da bajo el modo de una conversación entre iguales que intercambian argumentos de manera abierta, sino también como discusión –más o menos deliberativa– entre desiguales, es decir, entre sectores con recursos diferen- tes para garantizar su intervención pública y su influencia.

Inesperadamente, el presidente Mauricio Macri pidió en su apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional de este año que se diera tratamiento a los diferentes proyectos de ley que proponen la despenalización del aborto. De este modo, contradijo no solo su propia posición –en las presidenciales de 2015 había afirmado que la sociedad “no estaba preparada” para dar ese debate–, sino también la opinión ampliamente compartida por la dirigencia de su partido. En efecto, en la encuesta que hicimos en 2011 en el marco de nuestra investigación sobre Pro, los cuadros partidarios de esa fuerza estaban mayoritariamente en desacuerdo con la idea de discutir una ley en ese terreno. Excepto sus alas más progresistas en términos culturales, representadas por los dirigentes provenientes del radicalismo, entre quienes el 71,5% defendía dicha posibilidad, solo el 42,3% del total de los encuestados se manifestaba a favor del tratamiento legislativo de la cuestión del aborto. Ni los nuevos políticos provenientes de las ONG o del mundo empresario, ni los viejos políticos peronistas o de centroderecha avalaban esa idea.

¿Qué nos enseña el cambio de rumbo del Gobierno en esta materia? Que, una vez más, sabe leer su tiempo. Si en el campo económico por momentos balbucea y empuja a la sociedad hacia rumbos que no cuentan con amplios consensos, en materia cultural aprendió a interpretar movimientos que no controla pero de los que quiere ser, en cierta medida, su canal.

Ya en 2015, antes de la segunda vuelta presidencial, Jaime Durán Barba había dicho “nosotros estamos a favor de la libertad de la gente. Que cada uno haga lo que quiera. Y si una señora quiere abortar, que aborte”, idea que repitió, como globo de ensayo, en otras apariciones mediáticas. Aquel desafío da cuenta de la capacidad de correr los límites culturales clásicos de centroderecha que mostró la coalición dirigente de Pro, y que el ecuatoriano expresa cabalmente. Lo hace, en general, cuando se abre la oportunidad de sacar rédito político, pero también a partir de temas, por así decirlo, disponibles, es decir que no han sido tematizados por otras fuerzas. En este caso, el Gobierno es canal de una demanda que el peronismo no puede reivindicar como propia. La pone en su agenda. Responde a una parte de su electorado, las clases medias progresistas en materia cultural, así como a reivindicaciones de diferentes movimientos sociales con los que tiene vínculos débiles, entre ellos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ahora bien, al tiempo que abre el debate, la voz presidencial –y la polifonía que forma parte del aparato discursivo de Cambiemos–, expresa rápidamente su desacuerdo con la despenalización y se manifiesta “a favor de la vida”. El Gobierno toma posición en el debate público de un modo acorde con las posiciones más conservadoras en este tema. Interviene “desde arriba” y, aunque no anula a los participantes de la discusión, se apropia de un valor universal –“la vida”– del que aliena a los partidarios de la legalización.

Referentes sociales y culturales, activistas y expertos que se movilizan a favor de que la sociedad se emancipe de la tutela religiosa en la regulación de las autonomías personales no solo lidian con poderes fácticos, corporaciones, por usar el término antaño preferido del alfonsinismo, que participan del debate, sino que también despliegan formas de lobby subterráneas hacia los miembros del Poder Legislativo. También tienen que revertir el estigma de no defender la vida. El conflicto de intereses y el debate público movilizan actores desiguales. Hasta el momento, pocos personajes de peso del Gobierno apoyan la legalización del aborto. En este terreno, en el Ejecutivo harían falta más seguidores de Durán Barba. La legalización del aborto produciría un cambio importante en la sociedad. Malograr un movimiento de largo aliento podría dejar el tema en un lugar relegado en la agenda. Y generaría frustraciones profundas en un movimiento que avanza, pero también en sectores sociales a los que el Gobierno quiere interpelar. El debate público requiere de actores movilizados y de recursos públicos que compensen el peso de los poderes fácticos.

Otra fue la posición adoptada por el Gobierno en relación con el tema de la seguridad. Allí la voz presidencial, en su persona o en la de sus ministros, suena fuerte y clara. También en este caso sabe leer una preocupación de su electorado, así como de los sectores populares, por el delito y en especial por la violencia asociada a él. Con su toma de posición, ocupa el lugar de la defensa de la “mano dura”, que en su momento quería para sí Sergio Massa, y que fue tradicionalmente terreno de disputa entre fuerzas conservadoras peronistas y no peronistas. La crítica de la ministra de Seguridad a los jueces que defienden derechos y garantías de las personas, aun si cometieron delitos, constituye una voz clara y potente en el debate público. De confirmarse que el policía Chocobar hizo uso excesivo de la fuerza, la voz presidencial –lejos de bajar el volumen, aquí clara y audible– habría intervenido vehemente en defensa de un acto contrario a la ley.