Tiempo de justicia para los Moyano
El líder camionero es un fiel exponente de los gremialistas que convierten la defensa del trabajador en un medio para enriquecerse
Cada día surgen nuevas pruebas de algo harto evidente: que Hugo Moyano usó al gremialismo para ganar no solo peso político, sino también aquel poder económico al que tanto parecen aspirar muchos líderes gremiales de nuestro país que no conciben al uno sin el otro. Actitudes propias de lo peor de la dirigencia sindical argentina.
Prepotencia, matonismo, fundadas acusaciones de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero. Así de negro es el horizonte judicial que afronta Moyano en varias de las siete causas en las que también lo investigan por usar fondos de los afiliados del sindicato de camioneros, de la obra social y del Club Atlético Independiente –que él preside–, para beneficiar a empresas que pertenecen a sus familiares.
En Córdoba, el magistrado que lo investiga por lavado de dinero y defraudación en la compra de unos terrenos en la provincia suspendió temporariamente su indagatoria con el fin de recibir previamente a una perito que depende de la Corte Suprema. En Quilmes, el juez federal Luis Armella lleva adelante una investigación que también lo compromete por lavado de dinero, iniciada tras las acusaciones formuladas por Pablo “Bebote” Álvarez, caracterizado barrabrava de Independiente, quien aseguró ante la Justicia que el dinero de la venta de jugadores se depositaba en Luxemburgo, en una cuenta de Independiente abierta durante la anterior gestión en el club. Álvarez agregó que luego el dinero regresaba a una mesa financiera integrada por Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente primero del club, y por otro exvicepresidente de la institución deportiva.
Armella allanó Independiente y encontró cheques por cifras millonarias para pagarle a Aconra Construcciones, firma que preside Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, mujer de Moyano. También se encontraron registros de pagos de 500.000 a un millón de pesos para viajes de la barra brava. Además, apareció un contrato por el cual una empresa debía entregarle al club tres millones de pesos en hormigón para palcos, pero los números no cerrarían. Existen también constancias de transferencias de fondos del club a Aconra. Por ejemplo, una factura supera los cinco millones de pesos. Y hay medio centenar de cheques del gremio que también financiaron viajes de la barra brava de Independiente. Moyano se defendió afirmando: “Dicen que lavamos dinero, pero lo único que lavamos fueron los baños. Había una desidia total. Hoy tenemos un club equilibrado y normalizado”.
La Unidad de Información Financiera (UIF) registró envíos a Aconra desde el gremio de los camioneros, realizados el año pasado, por casi 95 millones de pesos, cifra que equivale al 75 por ciento de los ingresos de la constructora. A su vez, Independiente también aportó a Aconra.
Como ya comentáramos desde estas columnas, hace tiempo que se baraja la firme posibilidad de que OCA, principal empresa postal privada local, pertenezca a los Moyano y que su presidente, Patricio Farcuh, sea solo un testaferro. Según la UIF, entre 2014 y 2016 el gremio camionero y Farcuh intercambiaron unos cien millones de pesos. Recientemente se conoció un video en el que Moyano y un grupo de patovicas echan a Farcuh de su despacho en OCA, el año pasado. “Tengo miedo de que me maten”, dijo luego Farcuh.
Las investigaciones en marcha deben continuar sin pausa. No solo se trata de sacar a la luz el enriquecimiento de Moyano y de su círculo cercano mediante cuestionables mecanismos, sino de desmontar y poner en evidencia ante la sociedad cómo algunos dirigentes se parapetan detrás de la pretendida defensa de los derechos de los trabajadores para prosperar a su costa, conviertiéndose en factores de poder mal habido y peor ejercido.