Tarifas: el Gobierno buscó acordar, pero no logró torcer al PJ
Macri recibió a cinco senadores y Frigerio se reunió con Pichetto, pero no consiguieron debilitar la mayoría que hoy aprobaría un freno a la suba de los servicios públicos
En el último intento de frenar la sanción en el Senado de la ley de reducción de tarifas de luz, gas y agua, el presidente Mauricio Macri procuró ayer una negociación agónica con el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, pero la bancada que preside ratificó su determinación de votar el dictamen. La Casa Rosada anoche se resignaba a que “será complicado” evitarlo.
Según pudo saber la nacion, Macri decretaría el veto total. Pero algunos no descartaban plantear la inconstitucionalidad en la Justicia. La Constitución y la Corte Suprema establecieron que el Poder Ejecutivo tiene competencia para definir tarifas y no el Congreso.
Macri recibió ayer en la Casa Rosada a cinco senadores del Interbloque Federal: Juan Carlos Romero, Cristina Fiore, Lucila Crexell, Guillermo Pereyra y Carlos Reutemann, que votarían contra la ley del PJ. Si bien fue una foto para mostrar respaldo, esa alianza no alcanzaría para frenar la sanción.
Por la mañana, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se habían reunido en secreto en el Congreso con Pichetto, en un último intento por acercar posiciones, según confirmaron altas fuentes parlamentarias. Por la tarde, el jefe del bloque del PJ se reunió con su par de Cambiemos, Humberto Schiavoni. Pero el peronismo no retrocedió en su posición.
Luego de la reunión matutina de gabinete que encabezó Macri en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el Gobierno “hasta último momento va a apostar al camino del diálogo”. Así, bajó el tono de confrontación con los senadores del PJ, a los que el Presidente les había advertido anteayer que no “se dejen de conducir por las locuras de Cristina Kirchner”.
En la Casa Rosada admitieron a la nacion que tampoco ello alcanzó. “Los números están complicados y la foto de los cinco senadores federales sirve, porque son cercanos al PJ, pero no varía el escenario”, señalaron en Balcarce 50.
El Gobierno había tomado nota de que la frase de Macri había causado malestar entre los senadores y los gobernadores del peronismo. Por eso Peña intentó suavizar: “Ratificamos la vocación de siempre estar dispuestos a dialogar y buscar alternativas realistas, responsables y dentro de la Constitución”.
El proyecto de ley del PJ, con media sanción de la Cámara de Diputados, anula las subas de tarifas, retrotrae sus valores a noviembre de 2017 y dispone que los incrementos no podrán sobrepasar el índice de aumento salarial. El Gobierno señaló que, además de inconstitucional, la ley implicaría un impacto fiscal de 170.000 millones de pesos en 20182019 y que dañaría los contratos con las distribuidoras de energía.
En las últimas semanas, Macri acordó con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, una modificación que reducía el IVA en las boletas: de 21 a 10,5% para los usuarios residenciales y de 27 a 21% pa- ra pymes. Así, el dictamen debía volver a Diputados. Y se reducía el bache fiscal a menos de $20.000 millones.
Pichetto se opuso pese a que Urtubey y su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, buscaron convencerlo de que el PJ no debía enarbolar una postura extrema, en plena negociación con el FMI, y asociados al kirchnerismo radicalizado.
El Gobierno recibió por la tarde la noticia de que el bloque del PJ irá a fondo con su proyecto. Tendrían entre 38 y 39 votos, los suficientes para convertirlo en ley, a menos que hubiera un imprevisto.
En el Gobierno aseguraron que Macri vetará la ley y que es improbable un planteo judicial de inconstitucionalidad. Pese a que un veto sería un costo político, lo haría como una señal de firmeza frente a la negociación con el FMI.
Por la noche, Frigerio insistió en que “el diálogo y la búsqueda de consensos siempre han sido una forma de este gobierno; vamos a insistir todo lo que sea necesario”. En declaraciones a Radio Con Vos, señaló: “Queremos que se debata una ley que da alivio a la gente a partir de una baja de impuestos, en donde las provincias y la Nación ceden parte de su recaudación y eso va a bajarles la tarifa a las pymes. CAME, por ejemplo, está solicitando esto”.
Y agregó que “esta otra ley (la de la oposición) es totalmente unitaria, porque beneficia a los porteños y a la provincia de Buenos Aires. Así está escrita, solo devuelve las tarifas a los que tienen Edenor y Edesur, y además es un proyecto que violenta el presupuesto que se votó hace unos meses. Además genera un costo fiscal altísimo, son unos 170 mil millones en dos años”.
2017”, había sentenciado Pereyra en un comunicado, en el que advertía que mantendría su voto aun cuando llovieran sobre su persona “carpetazos” para ensuciarlo.
La postura que Pichetto le trasladó a Frigerio fue ratificada después por el bloque que conduce el rionegrino, en el que casi de manera unánime, y a pesar de las críticas al proyecto aprobado por Diputados hace tres semanas, se mantuvo la decisión de avanzar en la sanción de la iniciativa.
Solo el salteño Rodolfo Urtubey dijo que votaría en contra. “Si estoy apoyando a mi hermano (Juan Manuel, gobernador de Salta), en su proyecto presidencial no puedo quedar votando una medida irracional como esta”, explicó el senador a sus compañeros.
El rechazo del PJ a las ofertas de Frigerio también reflejó el malestar que existe en la principal bancada de oposición con el Gobierno, incluso en senadores que han mostrado buena predisposición para encontrar una salida; clima al que en nada ayudaron las palabras de Macri ligando la ofensiva por las tarifas con “las locuras de Cristina Kirchner”.
“Le dimos al Gobierno las herramientas y la posibilidad de que corrija su posición y no hubo voluntad de dialogar y trabajar en un cuadro tarifario que no afecte el bolsillo de la gente”, se quejó ayer Carlos Espínola (PJ-Corrientes), en diálogo con la nacion.
En el oficialismo del Senado, en tanto, anoche imperaba certeza de que la oposición tiene un piso de 36 votos para sancionar una ley que, aseguraban, el Gobierno podría impugnar ante la Justicia por inconstitucional y ahorrarse así el costo político del veto presidencial.