Trasplantes: avanza una ley para agilizar el sistema

Obtuvo media sanción en el Senado; se impulsó tras el caso Justina

El Senado aprobó ayer un proyecto de ley que agiliza el sistema de procuración, ablación y trasplante de órganos y tejidos. La iniciativa, que ahora pasa a Diputados, unificó cinco propuestas, una de las cuales fue impulsada por el caso de Justina Lo Cane, que murió el año pasado mientras esperaba un trasplante.

Además de incorporar principios bioéticos que protegen a los donantes y los receptores, la iniciativa promueve la autosuficiencia del sistema. Prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/ receptor no relacionadas, pero compatibles) para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) la indicación de diálisis o trasplante renal. Promueve la incorporación en los centros de salud de profesionales entrenados en la promoción de la donación y la detección de potenciales donantes.

Uno de los capítulos está expresamente destinado a los medios de comunicación. En tres artículos, se prohíbe “la publicidad de pedidos de órganos, tejidos y células para personas determinadas, como así también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia científica”. Pero el proyecto exceptúa “los casos en los que la persona [que necesita el trasplante] o sus familiares” se manifiesten “en forma pública, libre y voluntaria”.

Un punto en el que habrá que esperar la reglamentación del texto, si se convierte en ley, es el que enumera los requisitos para la donación.

El proyecto mantiene el principio de que todo mayor de 18 años es donante presunto, con la manifestación expresa de la voluntad o no de donar en un registro a cargo del Incucai, pero aclara también que “la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”.

Sin embargo, se aclara que si no se encuentra registrada esa voluntad, “el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma” de acuerdo con la reglamentación de la ley. No se indica de manera taxativa cómo se deberá proceder en esos casos.

De este modo, al eliminar el artículo 21 de la ley 24.193 vigente, los familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad ya no deberán dar testimonio de la voluntad sobre la ablación de órganos o tejidos del potencial donante en el caso de muerte natural.

En el caso de los menores de 18 años, bastará la autorización de ambos padres o del que esté presente o el representante legal para proceder a la donación. A continuación, se aclara que “la oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante” el procedimiento. Si no estuviera disponible ninguno de esos adultos, se procederá a notificar al Ministerio Pupilar “para autorizar la ablación”.

“Es un proyecto integral”, indicó ayer el senador Juan Carlos Marino[UCR-Cambiemos], autor de uno de los proyectos de modificación de la ley de trasplantes que tuvo en cuenta la iniciativa que promovieron los padres de Justina Lo Cane (ver aparte). Lo más sobresaliente del proyecto, para Marino, es que todos los mayores de 18 años son donantes presuntos. “Ahora, mi familia tiene la última decisión. La nueva ley la releva de esa responsabilidad. Quien no desee ser donante tendrá un registro de oposición donde podrá inscribirse –agregó–. Si no, se es donante obligatoriamente”.

También destacó la promoción de la capacitación de los profesionales que intervienen en la cadena de procuración, donación y trasplante, como así también la creación en los centros de salud de servicios de procuración y la creación de un Registro de Donación Renal Cruzada. “No queremos una ley retrógrada ni burocrática”, dijo.

El senador Mario Fiad(Frente Jujeño-Cambiemos), que preside la Comisión de Salud de la Cámara alta, explicó a la nacion que el dictamen que se aprobó ayer surgió de cinco proyectos. “Es un paso muy importante para la donación de órganos en nuestro país –señaló–. Se hizo una actualización de las normas y una armonización de acuerdo con las leyes que fueron sancionándose después de la ley de trasplante, como el Código Civil y Comercial y la ley de los derechos del paciente”, entre otras.

Destacó, también, la simplificación de los procedimientos “para acelerar los tiempos de la procuración” y la posibilidad de que las personas que estuvieron internadas en un neuropsiquiátrico puedan ser donantes. “Esta prohibición carecía ya de fundamento”, afirmó.

Como Marino, aclaró sobre el procedimiento a seguir cuando no exista la expresión de voluntad o no de donar, que queda librado a la reglamentación que dictará el Ministerio de Salud de la Nación a través del Incucai. Estos cambios “permitirán encaminarnos a lograr la autosuficiencia en materia de trasplantes, al reducir la cantidad de pacientes que tenemos hoy en lista de espera”, resumió Fiad.

María del Carmen Bacqué, expresidenta del Incucai, consideró que el proyecto da “una visión más integral del trasplante”. Esto, según indicó, es importante porque “se concibe el trasplante como un proceso único” que comienza con la donación. “Este nuevo proyecto resulta una mejora [con respecto a la ley vigente] porque incorpora conceptos bioéticos, la actividad de procuración y menciona nuevas técnicas que garantizan la posibilidad de aumentar el número de donantes. Pero es fundamental aclarar que ninguna ley modifica ese número. Solo es un instrumento que les permite a las autoridades gestionar en salud para lograr los objetivos”.

Bacqué destacó el concepto de fallecimiento incorporado, ya no solo con el diagnóstico de cese de la función cerebral, sino también cardiovascular. “Esta última es muy importante porque habilita la puesta en marcha de programas para obtener órganos en asistolia [sin contracciones cardíacas], lo que asegura un pool mayor de donantes”, precisó la especialista.

Carlos Díaz preside la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT). Opinó que el proyecto actualiza la ley vigente. Pero insistió, como Bacqué, en que lo que va a cambiar con concientización y mayor procuración para solucionar las listas de espera. La SAT analizará el texto y planteará objeciones antes del tratamiento en Diputados.

El proyecto mantiene el principio de que todo mayor de 18 años es donante presunto

Promueve la capacitación de profesionales en el tema