Macri dejó firmado el decreto del veto, a la espera de la sanción del Congreso
El Gobierno estimó que si se aplicaran los cambios que impulsa el PJ, tendrían un costo fiscal de $115.000 millones; buscan un gesto hacia el FMI
El presidente Mauricio Macri dejó ayer firmado el decreto que dispondrá el veto total a la ley que el PJ se aprestaba a sancionar esta madrugada y que dispondría la anulación del aumento de tarifas de gas, luz y agua, con un impacto fiscal de $115.000 millones para 2018 y de 170.000 millones si incluye el ejercicio 2019.
“La vetaremos de inmediato”, dijo ayer a la nacion un alto funcionario presidencial. “Se vetará apenas sea notificada la sanción de la ley del Senado al Poder Ejecutivo, un trámite formal que ocurrirá en las próximas horas”, aseguró otro vocero de Macri.
El proceso legislativo contempla que el Presidente tiene un plazo de diez días para promulgar cualquier ley y publicarla en el Boletín Oficial, para que entre en vigor o vetarla en forma total o parcial. Y en este caso optaría por el rechazo total de la norma.
No existe un plazo preestablecido para que el Congreso notifique al Poder Ejecutivo la sanción de una ley. “Depende de ellos: a veces ocurre en el mismo día, a veces tarda tres o cuatro días. Depende de los horarios en que se aprueba también”, dijo un alto funcionario.
El secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, tiene en su escritorio el borrador del decreto. Según confiaron a la nacion altas fuentes oficiales, el veto no tendría más que cinco renglones en sus fundamentos y dos artículos.
El Gobierno considera que esa ley violaría la Constitución, que dispone que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. “Más allá de que nos asiste la razón constitucional, el veto será un gesto político de contundencia y firmeza en la negociación con el FMI”, señalaron a la nacion fuentes de la Casa Rosada.
El costo fiscal de una ley semejante complicaría las negociaciones del crédito stand-by con el FMI porque sembraría desconfianza acerca de la capacidad de Macri de reducir el déficit fiscal.
En Balcarce 50 hacían números y estimaban que las provincias del interior subsidiarían en $100.000 millones a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, que son las que hoy cobran a los usuarios las tarifas más subsidiadas y más económicas.
“Esta ley sigue beneficiando a la zona metropolitana y mantiene la desigualdad”, dijo a la nacion un hombre de confianza del Presidente. La Casa Rosada asegura que las subas de tarifas apuntan a recuperar el federalismo porque repartirían las cargas tarifarias en igualdad de condiciones entre las provincias y la zona metropolitana.
“El objetivo de la oposición es que Macri vete el proyecto para que pague el costo”, señalan cerca de Macri. El Gobierno considera que, luego de la frustrada negociación, el peronismo demostró que no quería rebajar de 21 a 10,5% el IVA de las boletas de los usuarios porque implicaba un costo para las provincias. El impacto fiscal de esa propuesta era de $20.000 millones, parte de los cuales afectaban al interior.
Esa idea fue propuesta por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y aunque tenía el visto bueno de Macri, fue rechazada por el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto. “No querían tocar el IVA porque es dinero que dejan de percibir ellos”, chicanearon en el Gobierno. Como consecuencia de este proceso y de la negociación fallida, en la Casa Rosada aseguran que se fortaleció la relación con Urtubey y con su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, pero quedó resentida con Pichetto, histórico interlocutor de Macri.
Además de la rebaja del IVA, el Gobierno ofreció al PJ una vieja demanda de los gobernadores: negociar el traspaso de la Nación a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires de los subsidios a AySA (aguas), a Edenor y a Edesur (luz). “Fue nuestra última carta para que ellos obtuvieran algo, pero tampoco la aceptaron. Ahora el panorama de la relación con el peronismo quedará más complicado. Habrá que reconstruir la relación política”, señalaron en Balcarce 50.
Para el caso en que se pusiera en vigor la ley del PJ, que retrotrae la suba de las tarifas, el Ministerio de Hacienda estimó el costo fiscal para 2018 en $34.643 millones para el gas, $74.936 para la electricidad y $5450 millones para el agua.
El costo total daba $115.029 millones. Eso equivale al presupuesto total del conjunto de los ministerios de Salud, Ciencia, Agroindustria, Producción, Ambiente, Cultura y Turismo. O a 2875 escuelas, 575 hospitales o 77.000 viviendas sociales. Es por ello que Macri resolverá el veto total y esos números le darían un soporte argumental.