Las empresas de las provincias adeudan el pago de la electricidad

Mientras los gobernadores apoyan la rebaja de las tarifas, las compañías provinciales deben miles de millones de pesos a la distribuidora mayorista

La discusión sobre las tarifas anotó ayer una gran contienda política en el Senado, pero tiene un correlato económico mucho más profundo que implica el destino de miles de millones de pesos.

La molestia del Gobierno con respecto al tema la hizo notar el presidente Mauricio Macri en un mensaje público en las últimas horas, preocupado por la porción de subsidios que el Estado debería volver a cubrir si se diera marcha atrás en los aumentos (el motivo por el cual recurrirá al veto). Pero no es el único cortocircuito entre los funcionarios nacionales y las representaciones provinciales, que impulsaron la medida.

Sucede que, mientras los representantes de los gobernadores en el Congreso reclaman la revisión de las subas y su regreso a los valores de fines del año pasado, las distribuidoras provinciales de energía les adeudan una factura millonaria a quienes producen la electricidad. En otros términos: quienes piden una baja en las boletas no están pagando la luz. Al menos así lo ven en la Casa Rosada. Las distribuidoras provinciales les venden luz a los usuarios finales. Deben cobrarla y luego pagarle a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, un ente mixto con participación privada, pero bajo gestión estatal, que a su vez cancela la factura con los que producen la electricidad, un grupo compuesto por empresas diversas que van desde Yacyretá hasta Pampa Energía, entre muchas otras.

Hasta el 21 de mayo, las distribuidoras le debían a Cammesa $14.477 millones. Entre los grandes deudores están las empresas que responden a los gobernadores. Secheep, de Chaco, tiene un rojo de $2454 millones, que equivale a 31,7 meses; EPE, de Córdoba, adeuda $2509 millones, que representan 2,4 meses, y DPE, de Corrientes, $2571 millones (unos 40,8 meses). La SPSE de Santa Cruz, en la órbita de la gobernadora Alicia Kirchner, debe $1129 millones, equivalentes a 20,2 meses del servicio. EMSA, de Misiones, y la DPE de Ushuaia también tienen números negativos.

No es la primera molestia con los gobernadores que le genera al Gobierno el enfrentamiento por las tarifas. Macri acusó a los jefes provinciales y a los intendentes de cargar las boletas con sus propios gravámenes, algo que terminaba engrosando el número que cada mes deben desembolsar las familias. En el caso de la electricidad, un recuento de la nacion muestra cuáles son las cargas municipales en cada distrito de la zona metropolitana que engordan las boletas de luz y hacen que un usuario de Avellaneda, por ejemplo, pague mucho más que un porteño pese a haber tenido el mismo consumo de electricidad en un período determinado.

Enlazo na de concesión de E de sur, nadie paga más que un vecino de Avellaneda. Son $170 en concepto de tasa de alumbrado público, que se suman a una contribución municipal de $30,53, que es igual para todos los partidos en los que opera esa distribuidora en la provincia. En total, representan $200,53 que van a la intendencia de Jorge Ferraresi y se llevan el 23,5% de la factura de $852 que le llega a un usuario promedio, con un consumo de 300 kWh mensuales. En la zona de Edenor pasa algo similar. Si bien la contribución municipal es un poco más alta ($31,86 en los partidos bonaerenses), los picos son más bajos. Entre los mayores beneficiados por la benevolencia de los intendentes (al menos en las facturas de luz) están Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y La Matanza, que no cobran tasa de alumbrado.