Procesaron a De Vido por la causa de Sueños Compartidos
La Cámara dio por probado que el exministro también fue autor del fraude contra el Estado atribuido a Bonafini y los Schoklender en el desvío de fondos para viviendas
El diputado y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sumó ayer un nuevo procesamiento en su contra, acusado de haber sido responsable de desvíos de millones que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales en el marco del plan Sueños Compartidos.
La causa tiene más de seis años y hasta ayer De Vido nunca había estado procesado. Según el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, no había elementos suficientes contra él. Ayer, la Cámara Federal sostuvo lo contrario.
Con los votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, los dos únicos camaristas que integran el tribunal (la Cámara tiene cuatro vacantes), De Vido se sumó a la lista de procesados como autores del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública”, lista que incluye también a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; a los exfuncionarios José López –preso desde el episodio de los bolsos en el convento– y Abel Fatala, que dependían de De Vido.
En el caso de Bonafini, la Cámara tuvo por “tácitamente desistido” su recurso de apelación. Con las confirmaciones de los procesamientos dispuestos por Martínez de Giorgi y la incorporación de De Vido, la causa se encamina hacia el juicio oral.
La hipótesis de los investigadores es que se cometió un fraude contra el Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi 1250 millones de pesos. De acuerdo con los procesamientos, de esa suma las Madres cobraron 749 millones, pero 206 millones fueron desviados por Pablo y Sergio Schoklender.
Los hermanos, que eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, están acusados de haber usado una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates con fondos sustraídos al Estado y de haber lavado fondos en financieras cuyos responsables también están acusados en este expediente. Ayer, la Cámara confirmó los procesamientos de diez personas por lavado de dinero.
En cuanto a la nueva situación de De Vido, el argumento de Irurzun y Bruglia al procesarlo fue que él “comprometió los intereses” del Estado “al poner en marcha e implementar” durante un largo período “un sistema irregular que permitió la salida de una gran cantidad de fondos públicos” que debían destinarse a la construcción de viviendas.
Los camaristas afirmaron que fue el ministerio de De Vido el que decidió que las obras se asignaran a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Que las autoridades locales no tuvieron elección porque la contratista les fue “impuesta a las distintas jurisdicciones como condición para percibir los subsidios”.
En su fallo de ayer, Irurzun y Bruglia admitieron que De Vido “no aparece” firmando los convenios ni los contratos, pero sostuvieron que “intervino en los convenios marco que dieron pie a su formulación”.
Destacaron que “era superior inmediato de José López” y que estaba “bajo su órbita” todo el circuito administrativo de la obra pública.
“Desde su ministerio –afirmaron– se destinaron millonarias sumas de dinero a una entidad privada cuyo control y seguimiento fue, en vista de las constancias reunidas, voluntariamente omitido”.
La defensa de De Vido ya anunció que va a recurrir este procesamiento ante la Cámara de Casación. Sostuvo que el exministro, como opositor, es perseguido por “las necesidades del panorama político nacional”.
En un comunicado, los abogados de De Vido afirmaron que los camaristas no tenían atribuciones para decidir ellos un procesamiento –algo que solo podría haber hecho el juez instructor– y que lo hicieron “sin ningún tipo de prueba objetiva de cargo que demuestre algún tipo de comportamiento” de De Vido. Dijeron que a su defendido lo acusaron por haber sido ministro, pero que no lograron adjudicarle un solo hecho concreto. Según la defensa, “el delito que sistemáticamente la Justicia le imputa” al exministro “es haber sido funcionario del anterior gobierno”.
De Vido, desaforado por el Congreso, está preso desde hace siete meses, acusado de un desvío de más de 265 millones de pesos en las obras para refacción de la mina de Río Turbio, en Santa Cruz.